El Gobierno optó este viernes por no entrar en un intercambio público de acusaciones con Marruecos después de que Rabat negara cualquier implicación en la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Moncloa guardó silencio ante el comunicado marroquí y mantuvo una estrategia basada en la cautela, la investigación de los hechos y la preservación de una relación bilateral decisiva para España.
La posición oficial ya había quedado fijada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso del pasado 3 de septiembre. El jefe del Ejecutivo garantizó que España defenderá la integridad de su territorio "con toda la fuerza del Estado", pero rechazó abrir un conflicto diplomático con un país vecino sin disponer de pruebas concluyentes sobre su responsabilidad.
"Tampoco tenemos la más mínima intención de desencadenar un conflicto diplomático de primer orden, en un mundo ya de por sí convulso, con un país vecino sin tener datos sólidos", sostuvo Sánchez. El presidente defendió entonces que Ceuta necesitaba "prudencia, sentido común y templanza" frente a los discursos más inflamados surgidos tras la crisis.
Esa cautela ha estado acompañada de medidas concretas. El Ministerio de Asuntos Exteriores convocó el 21 de agosto a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, aunque decidió mantener la reunión alejada del foco público. El Ejecutivo también desclasificó esta semana 40 informes y comunicaciones elaborados entre el 1 de julio y el 1 de agosto, tal y como Sánchez se había comprometido a hacer ante el Congreso.
Los documentos acreditan que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) detectó convocatorias en redes sociales para intentar acceder a Ceuta y trasladó información a las autoridades españolas y marroquíes. También recogen la escasa actividad de las fuerzas de seguridad de Marruecos durante algunas de las horas más críticas. El Gobierno insiste en que aquellas comunicaciones no anticipaban la magnitud de una entrada que llegó a movilizar a alrededor de 80.000 personas ni identificaban a un Estado como organizador de la operación.
La publicación de los informes tuvo este viernes su primera consecuencia política. El jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, presentó su dimisión después de afirmar que trasladó al delegado, Miguel Ángel Pérez Triano, el aviso recibido del CNI el 29 de julio. Pérez Triano sostiene que nunca conoció aquella comunicación. La discrepancia ha abierto una investigación interna, aunque el mensaje desclasificado tampoco incluía una previsión aproximada sobre el número de personas que podían intentar cruzar la frontera.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene que ningún informe atribuye hasta ahora la autoría intelectual de la crisis a Marruecos. También ha defendido que la cooperación con Rabat continúa siendo "excelente" y ha recordado el retorno de más de 4.000 migrantes desde agosto. España ha conseguido además que la Unión Europea movilice 114,7 millones de euros para reforzar la respuesta humanitaria, la protección fronteriza y las capacidades de acogida.
Rabat apunta al Partido Popular y Génova responde con un comunicado incendiario
El comunicado difundido el jueves por el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí fue la primera reacción oficial de Rabat en más de un mes. Marruecos negó que existan datos que demuestren su participación y rechazó convertirse en "el chivo expiatorio" de las disputas políticas españolas.
El texto incluyó un reproche directo, aunque sin siglas, contra el Partido Popular. Rabat lamentó que algunos "partidos históricos" hubieran caído en un "lodazal" dominado por la "escalada irracional y populista". También cuestionó que España todavía no haya devuelto a todas las personas que entraron irregularmente y reclamó el regreso de los menores marroquíes alejados de sus familias.
El Partido Popular respondió este viernes responsabilizando a Marruecos "por acción u omisión" de lo ocurrido. Génova calificó la entrada masiva como una "violación grave de la integridad territorial de España y de Europa" y habló de un "ataque híbrido" basado en la instrumentalización de la inmigración.
La respuesta continúa la línea marcada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ya había acusado a Marruecos de consentir y posiblemente coordinar la operación. El líder popular pidió convocar a la embajadora marroquí y llamar a consultas al representante español en Rabat para comunicarle unas "medidas de respuesta iniciales" que no llegó a concretar.
El propio comunicado del PP introdujo cierto freno al defender que España y Marruecos están llamados a mantener una relación "leal y estable", asentada sobre el respeto mutuo y la soberanía de ambos países. Génova ha tratado así de endurecer su posición sin asumir la ruptura defendida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que llegó a asegurar que habría cortado las relaciones diplomáticas con Rabat.
Feijóo pidió esta semana a sus presidentes autonómicos evitar "sobreactuaciones" y concentrar la comunicación del partido ante la crisis. El aviso reflejó la incomodidad de la dirección nacional con una escalada cuyas consecuencias alcanzarían la cooperación fronteriza, la lucha contra el terrorismo, el comercio y la seguridad de ambos países.
Sumar habla mientras los socios piden más firmeza
Las únicas integrantes del Consejo de Ministros que se pronunciaron este viernes sobre la responsabilidad marroquí pertenecen al socio minoritario de la coalición, Sumar. Sus declaraciones expresaron una valoración política propia y no modificaron la postura institucional mantenida por Moncloa.
La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró en una entrevista en 'Onda Cero' que Marruecos "tenía la llave de la puerta y, o la ha abierto, o la ha dejado abierta". García atribuyó al país vecino una responsabilidad "por acción u omisión", aunque reclamó investigar todavía el alcance de cualquier participación directa o indirecta.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, siguió una línea parecida durante una entrevista en 'TVE'. "Obviamente, 80.000 personas no se mueven sin que Marruecos tuviera algún tipo de conocimiento de la situación", afirmó. Ambas ministras criticaron además el modelo europeo que deja en manos de terceros países una parte esencial del control fronterizo.
Los socios parlamentarios del Ejecutivo también han reclamado una respuesta más firme. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha defendido que mantener buenas relaciones con Marruecos resulta compatible con demostrar fortaleza cuando sea necesario. Junts ha denunciado deficiencias en la gestión de las alertas y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha advertido al Gobierno del coste político que puede tener la crisis.
Ninguna de estas formaciones ha planteado una ruptura completa de las relaciones como la defendida por Ayuso. Sus diferencias con el Ejecutivo se concentran en la interpretación de los informes, la rapidez de la respuesta y el grado de presión que España debe ejercer sobre Rabat.
Rego también dejó abierta la investigación sobre la responsabilidad marroquí. "Creo que hay todavía mucho margen para investigar y para ver qué es lo que ha sucedido", afirmó la ministra.
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