Marruecos ha roto este jueves su silencio sobre la crisis de Ceuta con un duro comunicado contra España. El Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí ha negado cualquier implicación de sus autoridades en la entrada masiva registrada a finales de julio y ha advertido de que una supuesta "ceguera estratégica" puede convertir la relación bilateral en una fuente de "desconfianza crónica y tensiones recurrentes".
Rabat sostiene que "ningún dato, hecho o informe" permite responsabilizar a sus autoridades de lo ocurrido durante los días 30 y 31 de julio, cuando más de 70.000 personas atravesaron la frontera a pie o a nado. La afirmación aparece en el comunicado difundido por la diplomacia marroquí, que presenta al reino como víctima de una campaña política y mediática promovida desde España.
El Gobierno de Mohamed VI asegura que Marruecos se niega a ser utilizado como "peón político preelectoral" y tampoco acepta convertirse en el "chivo expiatorio" de los enfrentamientos internos españoles. El escrito acusa a determinados medios y partidos de explotar la crisis fronteriza y reprocha a formaciones de larga trayectoria haber caído en una "escalada irracional y populista".
La referencia a los "partidos históricos" apunta especialmente al Partido Popular, aunque Exteriores evita citarlo expresamente. El PP ha reclamado investigar la actuación marroquí y ha respaldado la misión que una delegación del Parlamento Europeo realizará en Ceuta en febrero. La ultraderecha Vox también ha utilizado la crisis como uno de sus principales arietes contra el Gobierno y ha alimentado durante semanas un discurso abiertamente xenófobo sobre las personas que permanecen en la ciudad.
El pronunciamiento de Rabat llega después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez publicara 40 documentos elaborados por los servicios de inteligencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad antes y durante la entrada masiva. Marruecos cuestiona ahora esos análisis y carga incluso contra las instituciones legislativas y judiciales españolas por impulsar lo que califica como "iniciativas desafortunadas".
Los informes sí describen pasividad
La negación tajante de Rabat choca con una parte de la documentación desclasificada. Los papeles conocidos hasta ahora carecen de una conclusión definitiva que atribuya al Gobierno marroquí la organización directa de la entrada, pero varios informes sí reflejan la falta de actuación de sus fuerzas durante las horas decisivas.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisó el 29 de julio a los servicios marroquíes de las convocatorias difundidas en grupos de Facebook y WhatsApp que animaban a atravesar la frontera coincidiendo con la Fiesta del Trono. La comunicación incluía referencias a comunidades que reunían alrededor de 180.000 seguidores y advertía de intentos previstos por el vallado y el mar.
Cuando la entrada ya se encontraba en marcha, un informe de inteligencia militar describió como "pasiva" y "negligente" la actuación de las fuerzas marroquíes. La Guardia Civil también constató que la colaboración observada durante los días anteriores había dado paso a una falta de intervención que permitió la llegada de miles de personas hasta la frontera. El documento dejaba abierta la duda sobre si aquel comportamiento era coyuntural u obedecía a "instrucciones concretas". La documentación publicada por el Gobierno tampoco acredita que Rabat ordenara deliberadamente la operación.
El comunicado marroquí evita aclarar qué hicieron sus autoridades después de recibir el aviso del CNI y por qué su dispositivo perdió capacidad de contención precisamente durante las horas de mayor presión. Rabat se limita a defender que su cooperación migratoria con España siempre ha sido "coordinada y eficaz" y acepta únicamente la necesidad de investigar las circunstancias de aquellos "lamentables acontecimientos".
Devoluciones, menores y más polémica con el Sáhara Occidental
Marruecos también dirige sus reproches contra la respuesta española posterior a la crisis. Su Ministerio de Exteriores pregunta por qué las personas que entraron irregularmente continúan en Ceuta si el Gobierno marroquí se ha comprometido a readmitirlas y por qué los menores permanecen alejados de sus familias pese a las peticiones de retorno formuladas por Rabat.
La disposición marroquí a recibirlos no convierte las devoluciones en automáticas. España debe identificar a cada persona, estudiar las solicitudes de protección internacional y tramitar individualmente los posibles retornos. En el caso de los menores, la normativa europea obliga a atender su interés superior y comprobar que serán entregados a un familiar, un tutor o un centro de acogida adecuado.
El comunicado se ha conocido el mismo día en que el Congreso ha respaldado, por 168 votos a favor, 31 en contra y 145 abstenciones, la iniciativa que facilitará el acceso a la nacionalidad española de los saharauis nacidos durante la administración española y de sus descendientes. El PSOE y Sumar apoyaron la propuesta, el PP se abstuvo y la ultraderecha Vox votó en contra. Entre 70.000 y 110.000 personas podrían acogerse a la medida.
Rabat evita mencionar expresamente esta decisión, aunque su ataque contra las instituciones legislativas españolas coincide con una votación especialmente sensible para Mohamed VI. Marruecos reclama la soberanía sobre el Sáhara Occidental y el Gobierno de Pedro Sánchez modificó en 2022 la posición mantenida por España para respaldar el plan marroquí de autonomía como la propuesta "más seria, realista y creíble".
Exteriores cierra su primera respuesta oficial a la crisis con una advertencia directa. Según Rabat, cualquier cambio de rumbo en la relación construida desde 2022 puede transformar la vecindad entre España y Marruecos en "una fuente de desconfianza crónica y de tensiones recurrentes".
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