El Congreso de los Diputados ha respaldado este jueves por amplia mayoría la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos cuando el Sáhara Occidental se encontraba bajo administración española. La iniciativa, impulsada por Sumar y finalmente acordada con el PSOE, continuará ahora su tramitación en el Senado.
La votación ha llegado en uno de los momentos más sensibles de las relaciones con Marruecos, tras la entrada de más de 70.000 personas en Ceuta a finales de julio y la publicación de los informes que cuestionan la respuesta inicial de las autoridades marroquíes. Rabat también reivindica la soberanía sobre todo el Sáhara Occidental y observa con recelo una ley que reconoce una identidad propia a quienes nacieron en la antigua colonia española.
Desde la tribuna de invitados, representantes del pueblo saharaui han seguido un debate que pone fin a décadas de espera para miles de familias. Las estimaciones sobre los posibles beneficiarios varían debido a la dispersión de la población entre los territorios ocupados por Marruecos, los campamentos de refugiados de Tinduf y la diáspora europea. Los cálculos parlamentarios hablan de alrededor de 80.000 personas, mientras organizaciones saharauis elevan la cifra al incluir a los descendientes.
La norma considera que concurren "circunstancias excepcionales" para conceder la nacionalidad por carta de naturaleza a quienes nacieron en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977, aunque carezcan de residencia legal en España. Podrán acreditar su origen con un DNI español caducado, certificados de nacimiento, documentos expedidos por la Administración española o la inscripción en el censo de Naciones Unidas para el referéndum saharaui.
Las solicitudes serán gratuitas y podrán presentarse durante los tres años posteriores a la entrada en vigor de la ley, con posibilidad de ampliar el plazo otro año. Los descendientes en primer grado dispondrán de cinco años para optar a la nacionalidad, mientras la reforma del Código Civil permitirá también a los saharauis solicitarla después de dos años de residencia legal en España.
La diputada Tesh Sidi reivindica la devolución del DNI español
La diputada de Más Madrid integrada en Sumar Tesh Sidi, nacida en un campamento de refugiados saharaui y una de las principales impulsoras de la ley, ha protagonizado la defensa de una iniciativa que comenzó a abrirse camino en el Congreso durante la anterior legislatura. Sidi ha definido su aprobación como un "logro colectivo" que pertenece a todo un pueblo y ha evitado atribuirlo a un partido o Gobierno concreto.
La parlamentaria ha recurrido a la película 'La Terminal' para describir el "limbo jurídico y legal" padecido por los saharauis durante cinco décadas. Su protagonista queda atrapado en un aeropuerto después de que su país desaparezca y su pasaporte pierda validez, una situación con la que Sidi ha comparado la pérdida de documentación española sufrida por miles de personas tras la salida de España del territorio.
"Hoy se devuelve el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este Estado se lo quitó", ha defendido. La diputada ha presentado la ley como un acto de "buena política" y reparación histórica y ha pedido a las formaciones que abandonaran cualquier cálculo condicionado por la reacción de Marruecos.
Hoy, al pueblo saharaui no le vale una abstención. Exige valentía. pic.twitter.com/gIx0IlmxT4
— Tesh Sidi🇪🇭 (@teshsidi) September 10, 2026
Sidi también ha dirigido su mensaje al Partido Popular, que comparte la necesidad de facilitar la nacionalización de los saharauis pero ha optado por la abstención al discrepar del procedimiento. "Una abstención o un voto en contra es estar del lado de Marruecos", ha advertido la diputada.
El PSOE ha completado durante los últimos meses un cambio de posición decisivo para que la ley pudiera salir adelante. Los socialistas rechazaron inicialmente su admisión a trámite y mantuvieron bloqueada la propuesta hasta que en junio pactaron el texto con Sumar y los demás aliados parlamentarios. El diputado socialista Artemi Rallo ha calificado la jornada de "histórica" y ha defendido que el Congreso estaba restituyendo un derecho arrebatado.
"Este es un acto de soberanía de un Parlamento democrático, libre, sin servidumbres ni complejos", ha proclamado Rallo. El representante socialista ha sostenido que la norma responde a una "causa justa" y ha acusado a Vox de situarse contra la dignidad del pueblo saharaui.
El texto también ha recibido el respaldo de ERC, EH Bildu, Podemos, el PNV, Compromís y el BNG, aunque estas formaciones han recordado que la nacionalidad constituye una reparación parcial y deja pendiente el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental. El diputado del PNV Mikel Legarda ha hablado de una "profunda deuda moral", mientras Jon Iñarritu, de EH Bildu, ha reclamado al Gobierno que rectifique su política hacia Rabat.
Una decisión incómoda para Marruecos
El alcance diplomático de la votación resulta especialmente relevante después del giro adoptado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en marzo de 2022. España pasó entonces a considerar el plan de autonomía marroquí para el Sáhara como la propuesta "más seria, creíble y realista", rompiendo con su posición anterior y provocando el rechazo del Frente Polisario y una grave crisis con Argelia.
La ley aprobada por el Congreso mantiene intacta esa posición diplomática y tampoco resuelve el proceso de descolonización pendiente. Su efecto inmediato se concentra en los derechos individuales de los saharauis, que podrán obtener un pasaporte español, estudiar y trabajar en la Unión Europea, circular por el espacio Schengen y acceder a servicios públicos en España.
La dimensión política resulta difícil de separar del contexto. Marruecos guarda silencio oficialmente, pero medios cercanos al Gobierno de Rabat han mostrado su preocupación por una norma que puede reconocer como españoles a decenas de miles de habitantes del Sáhara Occidental y reforzar una identidad saharaui diferenciada dentro del territorio controlado por Marruecos.
La votación se ha producido además pocos días después de la crisis de Ceuta y de que los documentos desclasificados por el Gobierno reflejaran la falta de reacción proactiva de las fuerzas marroquíes durante las primeras horas del 30 de julio. Sumar y varios socios parlamentarios han reclamado desde entonces revisar la relación con Rabat y dejar de supeditar la política española sobre el Sáhara a la cooperación migratoria.
El PP ha defendido que los saharauis puedan acceder a la nacionalidad después de dos años de residencia legal, la misma vía prevista para los ciudadanos de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal. Su diputado Pedro Muñoz Abrines ha alegado razones de seguridad jurídica para rechazar la carta de naturaleza y ha vuelto a pedir explicaciones por el cambio del PSOE tanto en esta ley como en su política sobre Marruecos.
La ultraderecha Vox ha sido la única fuerza que ha anunciado su rechazo frontal. Su diputado Ignacio Hoces ha cuestionado la documentación prevista para acreditar el origen saharaui y ha asegurado que "la nacionalidad española no puede ser una indemnización de hoy por la historia de ayer". La formación de Santiago Abascal ha exigido más controles, pese a admitir la existencia de una injusticia histórica.
El Frente Polisario ha recibido favorablemente cualquier medida que mejore la vida de la población saharaui, aunque su dirigente Brahim Ghali ha advertido de que la nacionalidad española no debe eclipsar la reivindicación de autodeterminación e independencia. El texto pasará ahora al Senado y entrará en vigor cuatro meses después de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado.
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