Medio siglo después de la retirada española del Sáhara Occidental, el Congreso ha dado este jueves uno de los pasos más importantes para reparar las consecuencias que aquella salida dejó sobre miles de familias. La Comisión de Justicia ha aprobado la ley que permitirá acceder a la nacionalidad española a las personas saharauis nacidas en el territorio antes del 29 de septiembre de 1977 y a sus descendientes directos.
El dictamen ha recibido 19 votos favorables del PSOE, Sumar y los socios habituales del Gobierno. PP y Junts han sumado 15 abstenciones y la ultraderecha Vox ha quedado sola en el rechazo, con tres votos en contra.
La votación despeja buena parte del recorrido político de una norma que ha permanecido más de un año paralizada. Aún deberá ser ratificada por el Pleno del Congreso, previsiblemente en septiembre, y continuar después su tramitación en el Senado. El respaldo reunido este jueves permite anticipar una mayoría suficiente para completar ambos pasos.
Un derecho que miles de familias no pudieron ejercer
La futura ley parte de una circunstancia histórica muy concreta. Tras la retirada de España, los saharauis dispusieron formalmente de un plazo para optar por la nacionalidad española, pero buena parte de ellos ya vivía bajo la ocupación de Marruecos y Mauritania o había emprendido el camino del exilio.
Cuando aquel plazo terminó, el 29 de septiembre de 1977, la Administración española había abandonado el territorio y el procedimiento resultaba en la práctica inaccesible. El propio Tribunal Supremo ha reconocido posteriormente las dificultades reales que impidieron a muchas personas ejercer aquella opción.
La ley habilita ahora la adquisición de la nacionalidad por carta de naturaleza, aunque el solicitante carezca de residencia legal en España. Sumar calcula que alrededor de 80.000 personas podrían acogerse directamente, una cifra que aumentaría al incorporar a sus hijos.
Los descendientes de primer grado dispondrán de cinco años para solicitarla después de que su padre o su madre quede inscrito en el Registro Civil español. El reconocimiento alcanzará así a familias separadas entre los campamentos de Tinduf, el Sáhara Occidental y distintos países de acogida.
Los documentos que servirán para acreditar el origen
La condición de beneficiario podrá demostrarse con un antiguo DNI español, aunque esté caducado, el recibo de inscripción en el censo elaborado por Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara, un certificado de nacimiento legalizado, el libro de familia o documentos emitidos por la Administración española.
La Comisión ha ampliado las pruebas válidas para incluir certificados de escolarización, pensiones de jubilación, permisos de conducir, documentos médicos y cualquier otro papel administrativo en el que figure el nacimiento en la antigua colonia antes de la fecha establecida. Los documentos serán valorados en conjunto para evitar que la pérdida o desaparición de un único archivo cierre el procedimiento. Se trata de una previsión relevante después de cinco décadas de desplazamientos, guerra y exilio, durante las que numerosas familias han perdido parte de su documentación.
El PSOE ha rechazado aceptar directamente los certificados expedidos por el Frente Polisario, al carecer esta organización de reconocimiento español como autoridad administrativa. La redacción final se apoya por ello en documentos españoles, certificados legalizados y el censo de Naciones Unidas.
La solicitud será gratuita y podrá presentarse durante los tres años posteriores a la entrada en vigor, con la posibilidad de ampliar el plazo otro año. Justicia tendrá doce meses para resolver cada expediente y la norma comenzará a aplicarse cuatro meses después de aparecer en el BOE.
Dos años de residencia en lugar de diez
La reforma introduce además un cambio permanente en el Código Civil. Los saharauis que residan legalmente en España podrán solicitar la nacionalidad después de dos años, frente a los diez exigidos hasta ahora con carácter general. Quedarán equiparados a los nacionales de los países iberoamericanos, Portugal, Filipinas y Guinea Ecuatorial, así como a las personas de origen sefardí. El Congreso reconoce con este cambio el vínculo histórico creado durante décadas de administración española.
Enrique Santiago, portavoz de IU en el grupo Sumar, ha defendido que el Estado está recuperando un derecho que quedó interrumpido con la descolonización fallida. ERC, EH Bildu y PNV han apoyado también la medida, aunque han advertido de que la nacionalidad cubre únicamente una parte de la responsabilidad española.
Sus portavoces han reclamado mantener el respaldo al derecho de autodeterminación y al referéndum pendiente. El Sáhara Occidental continúa incluido por Naciones Unidas entre los territorios pendientes de descolonización y su pueblo conserva jurídicamente el derecho a decidir su futuro.
El PP deja de bloquear y Vox lleva el debate a la inmigración
El cambio de posición del PP ha ampliado considerablemente el apoyo al dictamen. Los populares respaldaron la toma en consideración de la ley en febrero de 2025, votaron contra el informe de la ponencia en junio y este jueves han optado finalmente por la abstención para permitir que siga avanzando.
María Jesús Moro ha defendido que su grupo comparte el objetivo de facilitar la nacionalidad a los saharauis, aunque mantiene reservas sobre la técnica jurídica y las garantías documentales. También ha recordado que el primer avance de la iniciativa habría resultado imposible sin los votos del PP.
Junts ha elegido igualmente la abstención. Josep Pagès ha calificado la medida como una cuestión de reparación histórica y responsabilidad humanitaria, aunque ha criticado que el PSOE haya recuperado ahora una norma mantenida durante meses en la 'nevera' parlamentaria.
La ultraderecha Vox ha sido la única fuerza que ha votado en contra. Carlos Flores Juberías ha encajado la reforma en su discurso contra la inmigración y ha advertido de que podría animar a saharauis a cruzar el Estrecho, pese al vínculo histórico directo que la ley exige acreditar para acceder a la nacionalidad.
Marruecos vuelve a estar presente en el debate
La tramitación ha vuelto a mostrar la delicada relación entre la causa saharaui y la política española hacia Marruecos. En 2022, Pedro Sánchez respaldó la propuesta marroquí de autonomía como la base "más seria, realista y creíble" para resolver el conflicto, un giro que rompió la posición mantenida durante décadas y abrió una crisis diplomática con Argelia.
La futura nacionalidad no altera esa postura exterior ni supone el reconocimiento español de la República Árabe Saharaui Democrática. Sí recupera una responsabilidad histórica que incomoda a Rabat, al reconocer expresamente la existencia de un pueblo ligado a la antigua administración española y pendiente de ejercer su autodeterminación.
El PSOE intentó durante la tramitación sustituir en el preámbulo las referencias al "pueblo saharaui" por fórmulas como "población saharaui". Sus socios rechazaron esos cambios y mantuvieron la expresión original, coherente con el lenguaje utilizado por Naciones Unidas y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La justicia europea ha reiterado que el Sáhara Occidental posee un estatus separado y distinto de Marruecos y que el pueblo saharaui es el titular de su derecho de autodeterminación. Esa doctrina ha llevado también a anular acuerdos comerciales aplicados al territorio sin su consentimiento.
Una reivindicación sostenida por la sociedad civil
Las asociaciones de solidaridad y los colectivos saharauis llevan años reclamando que España reconozca este vínculo. CEAS-Sáhara impulsó campañas para desbloquear la iniciativa y denunció recientemente la exclusión de las personas saharauis apátridas del procedimiento extraordinario de regularización.
La medida cobra especial importancia en los campamentos de refugiados situados en Tinduf. Oxfam ha cifrado ante Naciones Unidas en unas 173.600 las personas que continúan viviendo allí, dependientes en buena medida de una ayuda humanitaria que atraviesa dificultades recurrentes de financiación.
Para estos colectivos, la nacionalidad ofrece seguridad jurídica, acceso a derechos y una vía de protección para familias que conservan documentos españoles de la época colonial. Su aprobación tampoco resolverá el conflicto territorial ni sustituirá el proceso de autodeterminación pendiente.
El dictamen queda ahora preparado para su debate y votación en el Pleno del Congreso durante el periodo de sesiones que comienza en septiembre. Si obtiene el respaldo previsto, pasará al Senado por el procedimiento de urgencia. Los plazos para solicitar la nacionalidad empezarán a correr únicamente después de la aprobación definitiva, su publicación en el BOE y los cuatro meses fijados para su entrada en vigor.
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