Las elecciones generales del 29 de noviembre todavía están lejos y Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal ya han puesto bajo sospecha el voto por correo. La presidenta de la Comunidad de Madrid pidió a los ciudadanos que "ni se les ocurra" utilizarlo y, un día después, volvió a recomendarles que votaran en urna. El líder de la ultraderecha Vox también ha llamado a hacerlo presencialmente porque, según dijo, no se fía de lo que pueda hacer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ninguno ha presentado pruebas de que se esté preparando un fraude electoral.
La ofensiva ha abierto una contradicción visible en el Partido Popular (PP). Su portavoz nacional, Borja Sémper, defiende que el sistema es "garantista" y anima a votar tanto presencialmente como por correo. La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, dice en cambio que comprende las sospechas de Ayuso y señala a los antiguos directivos de Correos cercanos a Sánchez. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha desautorizado públicamente a la dirigente madrileña.
La discusión afecta a un derecho que ejercieron casi 2,5 millones de personas en las generales de 2023. Entre ellas hubo electores de todos los partidos. La advertencia de Ayuso puede alcanzar especialmente a quienes estarán fuera de su localidad el 29N o no podrán acudir a su mesa y necesitan recurrir a Correos para votar.
Ayuso insiste y la ultraderecha Vox lleva las sospechas más lejos
Ayuso vinculó sus recelos a una posible "adulteración" del censo y a las supuestas "trampas" de Sánchez. Este martes, después de que Génova respaldara públicamente el voto por correo, mantuvo su recomendación de acudir a la urna y llamó al presidente "trilero" y "tramposo". Abascal ha insinuado que el Gobierno podría manipular las elecciones. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, añadió acusaciones sobre las primarias del PSOE y recordó casos de presunta compra de votos en algunas localidades. Ninguno de esos argumentos acredita una operación para alterar los resultados del 29N.
También se están mezclando dos asuntos distintos. Ayuso y Vox cuestionan el crecimiento del censo por las nacionalizaciones vinculadas a la llamada "ley de nietos" y por las regularizaciones de extranjeros. Para votar en unas elecciones generales hay que tener nacionalidad española y figurar en el censo electoral. Obtener un permiso de residencia, por sí solo, no concede ese derecho. El PP ha acudido a la Junta Electoral Central para plantear sus dudas sobre el censo, una vía prevista para pedir explicaciones y resoluciones. La formación de un censo y la custodia de los votos enviados por correo son procedimientos diferentes.
El presidente del Gobierno ha respondido pidiendo "absoluta tranquilidad". Sánchez recordó este martes que el voto por correo lleva años utilizándose con garantías y sugirió que quienes ahora lo cuestionan quizá no ven "tan evidente" su victoria. El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue más duro. Consideró que hace falta ser "muy malvado o ignorante" para sembrar dudas sobre la limpieza de este procedimiento y reprochó al PP que gobierne numerosas instituciones gracias al mismo sistema electoral que algunos de sus dirigentes ponen en cuestión.
La comparación con Donald Trump y el 'trumpismo' es evidente. Antes de las elecciones estadounidenses de 2020, el entonces presidente atacó repetidamente el voto postal y anticipó que podía servir para amañar el resultado. La comisión del Congreso de Estados Unidos que investigó el asalto al Capitolio documentó aquella campaña de descrédito. En España, el portavoz socialista Patxi López ha calificado las declaraciones de Ayuso de "antidemocráticas" y ha reclamado a Feijóo que las desautorice. La similitud política está en sembrar desconfianza antes de que se vote, aunque las reglas y las instituciones electorales de los dos países sean distintas.
El PP defiende el sistema y a la vez alimenta las dudas
Sémper ha pedido votar al PP "por tierra, mar y aire, en persona y por correo". También ha dicho que confía "plenamente" en el sistema electoral. Su defensa choca con la insistencia de Ayuso, aunque el portavoz se ha resistido a reconocer que la presidenta madrileña esté cuestionando la limpieza de las elecciones. Muñoz ha ido un paso más allá al afirmar que entiende que haya ciudadanos con dudas por el paso de determinados directivos por Correos. Las sospechas sobre esas personas no son pruebas de manipulación de las papeletas.
La directora de Operaciones de Correos, Olga García, ha detallado los controles del envío. Cada solicitud pasa por la Oficina del Censo Electoral, que comprueba la inscripción del elector. La documentación se entrega identificando al destinatario y el voto se deposita en una oficina postal también previa identificación. Los sobres certificados quedan registrados y viajan bajo custodia, con códigos de seguimiento, precintos y medidas de seguridad. Correos los lleva a las mesas el día de las elecciones.
Allí se comprueba el certificado censal antes de introducir en la urna el sobre de votación, que permanece cerrado. Su papeleta se mezcla con las depositadas presencialmente y se cuenta en el mismo escrutinio, ante los miembros de la mesa y los interventores. Además, quien haya solicitado el voto por correo y figure anotado como tal en el censo ya no podrá votar otra vez en persona. La supervisión corresponde a la administración electoral; la Junta Electoral Central está integrada, entre otros miembros, por ocho magistrados del Tribunal Supremo.
El plazo para solicitar el voto por correo está abierto hasta el 19 de noviembre y Correos fija el 25 de noviembre como último día para entregarlo en sus oficinas. Este periódico ha publicado una guía con los trámites y el recorrido de cada papeleta. Mientras Ayuso sigue pidiendo votar en urna, el propio portavoz nacional de su partido solicita a los electores del PP que utilicen también Correos.
