El Gobierno ha salido esta semana a frenar la ofensiva del Partido Popular contra la llamada 'Ley de Nietos', después de que Alberto Núñez Feijóo acusara a Pedro Sánchez de practicar “ingeniería electoral” y de intentar “fabricar votantes” mediante la concesión de nacionalidad a descendientes de españoles en el exterior.
La respuesta de Moncloa ha sido dura. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, calificó las palabras del líder del PP como una “irresponsabilidad mayúscula” y defendió la limpieza del sistema electoral español. “Quiero lanzar un mensaje de certidumbre a la ciudadanía, a todos nuestros procesos electorales, uno de los mejores procesos en el mundo”, afirmó tras el Consejo de Ministros.
Saiz situó el debate en el terreno de la memoria democrática y no en el de la sospecha electoral. La ministra recordó que la Ley de Memoria Democrática reconoce el acceso a la nacionalidad a descendientes de españoles que tuvieron que abandonar el país o perdieron ese vínculo por el exilio y por las consecuencias de la dictadura. “Estamos hablando de reparación y de justicia”, defendió.
El PP mezcla nacionalidad, regularización y voto
La tesis de Feijóo empezó con la 'Ley de Nietos' y terminó mezclada con la regularización extraordinaria de migrantes. El líder del PP ha acusado al Gobierno de alterar el censo y este viernes elevó el tono al hablar de “ingeniería social” con “objetivos” que, según él, no son “inocentes”.
Moncloa rechaza esa mezcla. La regularización extraordinaria, cerrada el 30 de junio con 1.174.978 solicitudes, concede residencia y permiso de trabajo a quienes cumplen los requisitos, pero no derecho al voto en unas elecciones generales. El Ejecutivo sostiene que el PP une ambos debates para sembrar miedo y desinformación en plena ofensiva contra Sánchez.
El dato clave de la Ley de Nietos también rebaja la alarma lanzada por Génova. Hasta el cierre del plazo, unos 2,45 millones de descendientes de españoles habían solicitado la nacionalidad. Sin embargo, hasta marzo se habían aprobado alrededor de 545.000 expedientes y solo 306.500 personas estaban ya inscritas en el Registro Civil Consular, el paso que culmina el proceso.
El atasco consular complica todavía más la teoría del vuelco electoral inmediato. En el caso de Buenos Aires, el mayor foco de solicitudes, se han registrado más de 645.000 peticiones, pero solo unas 30.000 habrían sido resueltas, según los datos publicados esta semana. La mayoría de expedientes no llegará a tiempo para alterar de forma masiva el censo antes de las generales de 2027.
Del “pucherazo” de Vox al giro del PP
El Gobierno también acusa a Feijóo de asumir el lenguaje de la ultraderecha Vox. La ultraderecha lleva semanas hablando de “pucherazo”, ha pedido suspender la instrucción que desarrolla la Ley de Nietos y ha llegado a plantear cambios sobre el voto exterior. En paralelo, Isabel Díaz Ayuso ha preguntado si el Ejecutivo pretende “nacionalizar socialistas” y ha reclamado observadores para las próximas elecciones.
Feijóo ha intentado matizar el término. Asegura que no habla de pucherazo, sino de “ingeniería electoral”. Pero la línea política es la misma: colocar bajo sospecha un proceso legal aprobado en 2022 y cuestionar de antemano el impacto que pueda tener en el censo.
La paradoja es que el PP defendió durante años ampliar el acceso a la nacionalidad para descendientes de españoles en el exterior. El propio Feijóo reclamó en Argentina una ley que no “ideologizara” el proceso y permitiera reconocer la nacionalidad a nietos de emigrantes, no solo de exiliados políticos. Ahora, con el debate colocado por la extrema derecha, Génova ha convertido esa misma cuestión en un arma contra el Gobierno.
Moncloa pide responsabilidad al PP
El Ejecutivo cree que el PP ha cruzado una línea delicada al sembrar dudas sobre el sistema electoral. Saiz pidió “rigor” y “responsabilidad” al principal partido de la oposición y acusó a Feijóo de moverse cada vez más cerca de la ultraderecha. “Cada vez se parece más el Partido Popular a Vox”, señaló la portavoz.
El Gobierno prepara además más datos para intentar cerrar el paso a la confusión entre nacionalidad, residencia y voto. Mientras tanto, el PP mantiene su ofensiva parlamentaria, pide explicaciones al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y exige más información sobre los expedientes y los refuerzos en consulados.
La batalla queda abierta en pleno clima preelectoral. Moncloa quiere presentar la Ley de Nietos como una medida de reparación democrática. Feijóo ha decidido convertirla en una sospecha sobre el censo. Entre medias quedan miles de descendientes de españoles que esperaban una respuesta administrativa y han terminado metidos de lleno en la nueva guerra del PP contra Sánchez.
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