El Partido Popular llevará al Congreso su ofensiva contra la aplicación de la Ley de Nietos después de varios días marcados por las acusaciones de Alberto Núñez Feijóo contra el Gobierno. Génova prepara una batería de iniciativas de fiscalización para exigir explicaciones sobre el proceso de nacionalización de descendientes de españoles en el exterior, que los populares sitúan ya en el centro de su discurso contra Pedro Sánchez.
El PP pedirá la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el pleno del Congreso. Quiere que informe sobre el funcionamiento de los registros civiles consulares, el sistema de cita previa, los plazos de resolución y el número de solicitudes recibidas, aprobadas, denegadas y pendientes. También reclamará datos desglosados por oficina consular y por países.
La ofensiva llega después de que Feijóo acusara al Ejecutivo de querer “fabricar nuevos votantes” con una supuesta “ingeniería electoral”. La frase agitó el debate porque el propio líder del PP defendió en 2022, durante un acto en Buenos Aires, una ley para reconocer la nacionalidad a los nietos de españoles en el exterior. Su programa electoral de 2023 también recogía ese compromiso.
Génova intenta ahora colocar el foco en las garantías del procedimiento. El partido sostiene que apoya la nacionalidad para descendientes de españoles, pero cuestiona la forma en la que el Gobierno está tramitando los expedientes. Los populares hablan de falta de transparencia, saturación consular y dudas sobre los criterios aplicados para resolver solicitudes.
Grupo Palco, Ineco y las dudas del PP sobre Exteriores
El PP también quiere recabar un informe de la Abogacía General del Estado sobre la externalización de servicios de apoyo en consulados. En concreto, exige copia de los tres expedientes completos de contratación de Grupo Palco, empresa pública vinculada a Cuba, por un importe total de 1.602.217 euros para reforzar el Consulado de España en La Habana. También pedirá el expediente de contratación de Ineco para labores de apoyo en la tramitación de nacionalidades.
Los populares plantean además una veintena de preguntas parlamentarias para conocer qué criterios se siguen para ordenar los expedientes. Quieren saber si se resuelven por fecha de cita previa, por apertura formal del expediente, por documentación completa, por oficina consular o por otro criterio. También preguntarán por los medios humanos, materiales y presupuestarios desplegados por Exteriores en los consulados con mayor volumen de solicitudes.
El movimiento llega el mismo día en que Isabel Díaz Ayuso ha elevado aún más el tono contra la Ley de Nietos. La presidenta madrileña ha preguntado si Sánchez pretende “nacionalizar socialistas” y ha pedido “observadores ya” para vigilar el proceso. También ha anunciado que acudirá a la Unión Europea o a los tribunales si lo considera necesario.
La ofensiva encaja en una semana en la que el PP ha endurecido su discurso electoral. José María Aznar ha pedido una “mayoría nacional” para desalojar a Sánchez. La Ley de Nietos queda ahora dentro de esa misma batalla política, aunque Génova insiste en que su demanda “no va de votos”, sino de garantías legales y servicios públicos de calidad.
El Gobierno defiende que la medida repara a descendientes de españoles que perdieron su vínculo jurídico con España por el exilio y la emigración. El PP, que antes apoyó una vía similar, intenta ahora separar ese principio de la aplicación concreta que está haciendo Exteriores. La batalla continuará en el Congreso con Albares como primer señalado.
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