El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha sacado a consulta pública previa el proyecto de real decreto de modificación de la normativa sobre creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, con unos requisitos que serán los mismos que los incluidos en la norma aprobada el año pasado y después tumbada por el Tribunal Supremo, según han informado a Europa Press fuentes del departamento.
El equipo que dirige Diana Morant ha iniciado así los trámites para volver a aprobar una regulación que endurece las condiciones para la creación de universidades, después de que el alto tribunal anulara el texto anterior por "falta de justificación en su tramitación urgente".
Consulta pública abierta hasta el 30 de octubre de 2026
El periodo de participación pública del nuevo real decreto sobre creación, reconocimiento y autorización de universidades queda abierto desde el 15 de octubre hasta el 30 de octubre de 2026, en un trámite que, según el documento difundido por el Ministerio, busca recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de la norma.
En su sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló el real decreto sobre universidades al estimar un recurso de la comunidad autónoma de las Islas Baleares e impuso las costas a la Administración General del Estado en cuantía de 6.000 euros.
El tribunal concluyó que el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación "no está debidamente justificado" y añadió que su efecto, al omitir el trámite de consulta previa, "carecía del amparo legalmente exigido".
El Gobierno defiende que hay un riesgo para la calidad del sistema universitario
En el documento publicado para impulsar la nueva consulta previa, el Gobierno sostiene que "existe el riesgo de que se consoliden modelos universitarios que no respondan de forma suficiente a los estándares de calidad docente e investigadora que históricamente han caracterizado a la universidad española", y que la sitúan, añade, a la altura de la Europa más desarrollada.
El Ejecutivo advierte de que esa situación podría afectar no solo a las instituciones de nueva creación, sino también al prestigio, la credibilidad y la competitividad internacional del sistema universitario en su conjunto, incluyendo tanto a las universidades públicas como a las universidades privadas ya consolidadas, además de la confianza de estudiantes, familias y empleadores en los títulos universitarios españoles.
Por ello, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades considera "necesario" revisar la regulación vigente en materia de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, contenida en el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, "con el fin de reforzar las garantías exigibles a los nuevos proyectos universitarios y asegurar unos estándares homogéneos de calidad en todo el sistema universitario".
El departamento que dirige Diana Morant añade que la experiencia acumulada desde la entrada en vigor de esa norma "ha puesto de manifiesto la conveniencia de actualizar determinados requisitos y procedimientos para adecuarlos a la realidad actual del sistema universitario y a las transformaciones que este ha experimentado en los últimos años".
Los requisitos que el Ejecutivo quiere volver a aprobar
Según el planteamiento del Gobierno, "la necesidad de la intervención normativa es apremiante", porque el sistema universitario español se encuentra en un proceso de rápida expansión y transformación, marcado por el aumento de iniciativas de creación de universidades, el crecimiento sostenido de la enseñanza virtual y la mayor relevancia de garantizar una actividad investigadora suficiente como rasgo definitorio de la institución universitaria.
El Ministerio sostiene además que esta evolución avanza "a un ritmo superior al de la capacidad de respuesta del marco regulador vigente", cuyos instrumentos, subraya, han mostrado limitaciones para asegurar de forma efectiva estándares homogéneos de calidad en todo el territorio.
En ese contexto, el Gobierno afirma que la aprobación de la norma "no admite demora", ya que, a su juicio, si se mantiene el régimen actual podrían seguir reconociéndose y autorizándose proyectos universitarios que no acrediten suficientemente los requisitos académicos, docentes, investigadores y de sostenibilidad institucional que deben caracterizar a una universidad.
Entre los cambios que el real decreto ya aprobado hace un año y ahora anulado por el Supremo incluía, figuraban los siguientes:
- La exigencia de una masa crítica de 4.500 estudiantes para las universidades.
- El refuerzo de las garantías de solvencia económica, mediante un aval bancario u otro instrumento legal similar que acreditara la disponibilidad de recursos suficientes.
- Un informe de evaluación preceptivo y vinculante elaborado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o por las agencias autonómicas equivalentes, además del informe de la Conferencia General de Política Universitaria.
- Que el reconocimiento de las universidades online debiera ser aprobado por las Cortes Generales y contar con un informe vinculante de la ANECA.
- La obligación de incorporar en la memoria del proyecto el compromiso de disponer, a los tres años de funcionamiento, de un número de plazas de alojamiento equivalente al 10% de los estudiantes.
- La exigencia de dedicar el 5% del presupuesto a impulsar la investigación y de que el 50% del profesorado fuera doctor, con un 60% de esos doctores con una evaluación positiva y al menos un sexenio de investigación.
El Gobierno defiende que una actuación normativa inmediata permitirá anticiparse a esos riesgos, reforzar la credibilidad del sistema y garantizar que su crecimiento futuro se produzca sobre bases sólidas de calidad académica, investigadora e institucional.
