El Gobierno ha dedicado esta semana a dar explicaciones en el Congreso de los Diputados sobre la gestión de la crisis migratoria de Ceuta, después de la entrada masiva de personas en la ciudad autónoma entre los días 30 y 31 de julio. La ronda de comparecencias se cerrará el próximo 3 de septiembre, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá a la Cámara Baja para explicar la actuación del Ejecutivo ante una crisis que ha situado a varios ministerios bajo el foco político.
La primera en comparecer fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, que defendió la actuación de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía Nacional y reivindicó la españolidad de Ceuta y Melilla: “Ceuta y Melilla son España. Son españolísimas y representan la mejor España”. También respaldó la actuación del CNI, que, según explicó, monitorizó la situación con 25 agentes desde distintas perspectivas, entre ellas las mafias, el terrorismo yihadista y la inmigración irregular, y aseguró que el servicio de inteligencia “realizó la labor que les es exigible y dio la información requerida”.
El jueves fue el turno de Félix Bolaños, Mónica García y Ángel Víctor Torres. El ministro de Presidencia trasladó un mensaje de confianza a la ciudadanía ceutí y aseguró que el Estado trabaja para recuperar la normalidad. En materia judicial, explicó que el Instituto de Medicina Legal de Ceuta incrementó un 300% su capacidad y realizó 82 autopsias y nueve identificaciones, mientras que el personal funcionario y la Fiscalía fueron reforzados. Bolaños recordó además que los procedimientos de retorno y reagrupación familiar deben desarrollarse con todas las garantías legales.
La ministra de Sanidad, Mónica García, negó que el sistema sanitario hubiese colapsado y situó en un nivel “moderado” el riesgo de transmisión de enfermedades entre los migrantes por las condiciones en las que han permanecido, frente a un riesgo “bajo” para la población ceutí. García defendió que alojar, vacunar, vigilar y atender a estas personas permite reducir los riesgos y rechazó presentar a los migrantes como una amenaza sanitaria: “Presentar a toda una población como una amenaza sanitaria es injusto, no es real y es mentira”.
Como responsable del mando único para la gestión de la crisis, Ángel Víctor Torres detalló las medidas adoptadas tras la declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional. El ministro cifró en 1.827 los migrantes mayores de edad que ya pueden dormir bajo techo, gracias a la ampliación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y a la habilitación de nuevos espacios. Torres situó además entre los objetivos del Ejecutivo el retorno de quienes todavía permanecen en Ceuta, pero siempre dentro de los “márgenes de la ley” y del ordenamiento jurídico internacional, con especial protección del “interés superior del menor”.
El viernes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió la actuación del Ejecutivo y aseguró que el Gobierno y sus ministerios han trabajado “sin descanso” junto a la población de Ceuta. Marlaska calificó lo ocurrido como “un ataque a la integridad territorial de España”, diferenciado de los flujos migratorios habituales, y reclamó “calma y un cese de cualquier tipo de violencia”. También cifró en 5.000 los migrantes que aún permanecen en la ciudad, señaló que las entradas se frenaron el 1 de agosto y calificó de “sostenida y eficaz” la colaboración con Marruecos para facilitar los retornos. Asimismo, recordó que desde el 30 de julio la Policía Nacional ha puesto a disposición de 1.500 menores de edad en Ceuta.
El titular de Exteriores, José Manuel Albares, centró su comparecencia en la relación con Marruecos y en la defensa de la soberanía española de Ceuta y Melilla. El ministro aseguró que “ni ha habido ni hay ni habrá nunca ningún tipo de conversación al respecto” con Rabat y subrayó que ambas ciudades forman parte de España y de la Unión Europea: “Ceuta y Melilla son España y son Unión Europea, son parte de nuestra integridad territorial y de nuestra soberanía”. Al mismo tiempo, defendió que mantener el diálogo diplomático con Marruecos es “indispensable” y aseguró que los canales de comunicación permanecen abiertos de forma permanente para contener la crisis y evitar que vuelva a producirse una situación similar.
La última en comparecer fue la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que situó la respuesta humanitaria en el centro de la actuación de su departamento. Saiz aseguró que la prioridad ha sido ofrecer una “respuesta humanitaria básica” y “no dejar a nadie atrás”, con la distribución de 93.650 kits de alimentación, 1.396 kits de higiene femenina y 2.150 kits de higiene masculina. También condenó los ataques y amenazas contra los voluntarios de Cruz Roja y reivindicó la “solidaridad y humanidad” de los vecinos y asociaciones ceutíes. La ministra aseguró, además, que España solicitó ayuda a la Unión Europea y los fondos EMAS “desde el primer momento”.
Con estas comparecencias, el Gobierno ha defendido ante el Congreso la respuesta desplegada desde los distintos ámbitos —seguridad, Defensa, Justicia, Sanidad, gestión territorial, política exterior y atención humanitaria— ante la crisis de Ceuta. El próximo 3 de septiembre, será Pedro Sánchez quien tome el relevo de sus ministros y comparezca en la Cámara Baja para ofrecer su propia explicación sobre la gestión de la crisis.
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