La Iglesia española se mueve ante los abusos: los obispos votan nuevas sanciones para clérigos

La Conferencia Episcopal debatirá un decreto para castigar delitos sexuales contra menores en plena presión social e institucional por la reparación a las víctimas

20 de abril de 2026 a las 13:44h
Asamblea Plenaria, en la sede de la Conferencia Episcopal Española. Matias Chiofalo / Europa Press
Asamblea Plenaria, en la sede de la Conferencia Episcopal Española. Matias Chiofalo / Europa Press

La Conferencia Episcopal Española (CEE) someterá a debate y votación esta semana un decreto general que contempla nuevas sanciones para clérigos implicados en delitos de abuso sexual contra menores. La propuesta se abordará durante la CXXIX Asamblea Plenaria

El anuncio lo ha realizado el presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, durante el discurso inaugural del encuentro. En su intervención, ha subrayado que el decreto se enmarca en un proceso más amplio de reformas impulsadas en los últimos años junto a las diócesis y las congregaciones religiosas, con la coordinación de la propia CEE y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER).

Argüello ha explicado que este trabajo previo ha incluido medidas de prevención, formación y adaptación de la normativa canónica, y ha avanzado que el nuevo texto buscará reforzar el régimen sancionador interno de la Iglesia. Todo ello, ha precisado, sin sustituir los procedimientos penales que puedan derivarse en la jurisdicción civil.

El presidente de los obispos también ha defendido el reciente acuerdo alcanzado con el Gobierno para la reparación de víctimas, reconociendo que los abusos constituyen “un escándalo gravísimo” que exige una respuesta contundente desde el punto de vista moral y espiritual. No obstante, ha criticado que el Ejecutivo haya centrado su relación con la Iglesia en este asunto y en la resignificación del Valle de Cuelgamuros.

En este sentido, Argüello ha mostrado su malestar por lo que considera una falta de reconocimiento a las medidas ya adoptadas por la Iglesia en materia de reparación. Según ha señalado, numerosas diócesis han impulsado procesos de escucha, justicia restaurativa e indemnización a víctimas sin necesidad de imposición judicial o gubernamental.

Asimismo, ha rechazado las declaraciones del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sobre el acuerdo, en las que afirmaba que “el Gobierno decide y la Iglesia paga”, defendiendo que la institución eclesiástica ha actuado de manera proactiva en muchos casos. A su juicio, reducir la reparación a una cuestión exclusivamente económica supone una visión incompleta del problema.

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