El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a dos grandes avances en cuestión de derechos y dignidad, el primero de ellos, la regulación extraordinaria de migrantes y el segundo, la creación de una oficina destinada a tramitar solicitudes de reparación para víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos ya no pueden juzgarse. El nuevo mecanismo, que estará supervisado por el Defensor del Pueblo, empezará a operar el 15 de abril.
Según ha explicado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, este sistema permitirá a las víctimas acceder a una vía alternativa de compensación cuando no puedan acudir a los tribunales, ya sea por prescripción del delito o por fallecimiento del agresor.
El modelo, acordado entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal, a Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo, contempla tanto indemnizaciones económicas -sin límite fijado- como medidas simbólicas de reparación, como el reconocimiento institucional o el acompañamiento a las víctimas.
Las solicitudes se presentarán a través de una oficina dependiente del Ministerio de Justicia, que las remitirá a un equipo especializado del Defensor del Pueblo encargado de evaluar cada caso y proponer la reparación. Si no hay acuerdo entre las partes, una comisión mixta intentará mediar y, en última instancia, decidirá el Defensor del Pueblo.
El Ejecutivo ha asegurado que la Iglesia asumirá el coste de las compensaciones. “La Iglesia va a pagar”, ha aseverado Bolaños, quien ha subrayado que existe un compromiso formal para garantizar el cumplimiento de las reparaciones.
