El incidente protagonizado por la diputada del Partido Popular Ana Vázquez en el Congreso de los Diputados ha llegado a los tribunales. Un juez de Madrid ha abierto diligencias previas a raíz de una denuncia por un presunto delito de lesiones relacionado con el bote de gas pimienta que la parlamentaria mostró durante un pleno el pasado 23 de septiembre. El magistrado Pedro Merchante ha solicitado a los denunciantes que aporten los correspondientes partes médicos antes de decidir los siguientes pasos de la investigación.
La actuación judicial se produce después de que el procedimiento sancionador iniciado por la Cámara Baja quedara archivado tras la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. Aunque la sanción parlamentaria no llegó a hacerse efectiva, la Mesa de la Diputación Permanente calificó lo ocurrido como una infracción grave del Reglamento del Congreso.
El gas pimienta de Ana Vázquez provocó el desalojo de varias dependencias del Congreso
El episodio tuvo lugar durante la sesión de control al Gobierno del 23 de septiembre. Mientras preguntaba al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la situación de seguridad en Ceuta, Vázquez mostró un bote de gas pimienta y afirmó que mujeres y niños de la ciudad autónoma llevaban este tipo de espray para protegerse. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, le pidió que abandonara el hemiciclo al considerar que había exhibido un arma dentro de la Cámara.
La polémica se agravó después de que un asesor del PP reconociera haber manipulado el bote en los baños del Congreso por indicación de la diputada, con la intención de comprobar si quedaba producto en su interior. Según explicó a la Agencia EFE, al presionar el dispositivo salió gas pimienta. El incidente obligó a precintar varias dependencias de uno de los edificios de ampliación de la Cámara, entre ellas baños y zonas próximas al comedor.
Los servicios médicos del Congreso atendieron a doce personas afectadas, con síntomas como irritación ocular y nasal. Entre ellas se encontraba una integrante de una delegación de Mauritania que sufrió vómitos y problemas respiratorios. Además, se tuvieron que retirar alimentos del comedor afectado. Tras lo sucedido, Vázquez negó haber vaciado el espray en el baño, mientras que el asesor asumió haberlo manipulado.
La vía parlamentaria quedó archivada, pero la investigación judicial continúa
Tras el incidente, la Mesa del Congreso inició un expediente sancionador contra Vázquez. El PSOE y Sumar, que contaban con mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara, habían acordado proponer una suspensión de empleo y sueldo durante una semana. Sin embargo, la medida debía someterse a votación en el pleno y el procedimiento decayó con la disolución anticipada de las Cortes.
La Mesa de la Diputación Permanente sí mantuvo una amonestación a la parlamentaria y calificó lo ocurrido como un hecho de "indudable gravedad". En su escrito recordó que el Reglamento prohíbe introducir armas en el recinto parlamentario y señaló que el incidente afectó a decenas de personas, provocó una baja médica y obligó a desalojar dependencias de tres edificios. También cuestionó el comportamiento de la diputada y su intento de descargar la responsabilidad en un subordinado.
Ahora, la investigación judicial se encuentra en una fase inicial. El juez ha requerido a los tres denunciantes que presenten sus partes de lesiones para valorar si procede continuar con las pesquisas y solicitar, en su caso, una evaluación forense. La apertura de diligencias previas no implica que Vázquez haya sido condenada ni que exista una decisión definitiva sobre su responsabilidad penal. La Justicia deberá determinar si los hechos denunciados pueden constituir un delito.
