El magistrado Arturo Zamarriego, titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, ha citado a Íñigo Errejón y a la actriz Elisa Mouliaá para declarar el próximo viernes tras admitir a trámite la querella por presunto delito de calumnias con publicidad presentada por el exdiputado. En su resolución, el juez considera que los hechos descritos “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito”, lo que justifica la apertura de diligencias.
El origen del conflicto judicial se remonta a la denuncia por agresión sexual que Mouliaá interpuso el 24 de octubre de 2024 ante la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, en la que acusaba a Errejón de un supuesto delito contra la libertad sexual ocurrido en septiembre de 2021. Estas diligencias fueron instruidas inicialmente por el juez Adolfo Carretero, quien llegó a imputar al exdiputado antes de que la Audiencia Provincial de Madrid revisara parcialmente el caso.
La controversia se intensificó en junio de 2025, tras la declaración como testigos de una pareja residente en Australia que organizó la fiesta donde, según la denuncia, ocurrieron los hechos. Después de estas testificales, realizadas por videoconferencia, Mouliaá publicó varios mensajes en la red social X en los que acusaba a Errejón de haber “extorsionado” a dichos testigos, afirmaciones que el político niega de forma rotunda.
La querella sostiene que la actriz actuó “a sabiendas de la falsedad” de sus declaraciones, un elemento clave para que se configure el delito de calumnias con publicidad. Entre los mensajes aportados figura uno especialmente relevante: “Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad”.
Como parte de la documentación, el exdiputado ha incorporado un informe de la Policía Judicial que incluye conversaciones de WhatsApp entre Mouliaá y una de las testigos, en las que esta última asegura que declarará “la verdad” y niega haber recibido presiones. Asimismo, ambos testigos rechazaron ante el juez cualquier intento de manipulación o influencia por parte de Errejón.
Antes de acudir a la vía penal, la defensa del exdirigente de Sumar intentó un acto de conciliación, en el que solicitó a la actriz una indemnización de 10.000 euros a cambio de no presentar la querella, siempre que se retractara públicamente. Mouliaá rechazó la propuesta, lo que abrió definitivamente la vía judicial.
En su resolución, el magistrado Zamarriego también ha acordado recabar nuevas pruebas, entre ellas el testimonio de las declaraciones de los testigos, el acta notarial aportada y el informe policial.
