El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado un nuevo plazo de quince días al PSOE para que, “sin más demora”, entregue la información sobre los abogados contratados por el partido entre 2021 y 2025 en el marco del caso Leire.
En una providencia dictada dentro de la instrucción, el magistrado exige además que, si algún dato pudiera afectar al secreto profesional, la formación identifique “de forma precisa e individualizada” los documentos comprometidos y las razones jurídicas que justificarían su exclusión.
Pedraz rechaza así la petición del PSOE, que había solicitado un plazo adicional a la espera de que el Consejo General de la Abogacía Española se pronuncie sobre el alcance del secreto profesional. El juez sostiene que esa consulta “carece de todo efecto suspensivo” y que ninguna norma le atribuye la capacidad de paralizar una diligencia de investigación.
El PSOE alegó en su escrito que la campaña electoral y la dispersión territorial de la documentación dificultaban la recopilación de los datos pedidos. El instructor responde que esas circunstancias son internas y “exclusivamente imputables” al propio requerido, por lo que no pueden prevalecer frente al deber constitucional de colaborar con la Administración de Justicia.
El tribunal pide objeciones concretas, no una negativa global
El juez también descarta, por ahora, la invocación genérica del secreto profesional. A su juicio, el planteamiento del PSOE resulta incompatible con la jurisprudencia constitucional y ordinaria, que exige una justificación específica, individualizada y verificable de la posible lesión que podría provocar la entrega de determinada información.
Pedraz subraya, además, que corresponde a la Audiencia Nacional dirigir la investigación y fijar el alcance de las diligencias acordadas, de modo que el destinatario del requerimiento no puede condicionar su cumplimiento a la conformidad previa de una corporación profesional ni a su propia valoración sobre la relevancia o proporcionalidad de la medida.
Con el nuevo plazo ya fijado, la posición del tribunal queda ahora a la espera de que el PSOE entregue la documentación reclamada o concrete, con detalle, qué piezas considera protegidas por el secreto profesional y por qué motivo.
