El PSOE ha pedido más tiempo al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para entregar la información sobre los abogados, despachos y consultoras que contrató entre 2021 y 2025. El magistrado había dado al partido un plazo de 48 horas para presentar estos documentos, después de que no respondiera a una primera petición realizada el pasado 6 de octubre.
La formación socialista ha remitido un escrito al juez en el que explica por qué considera necesario disponer de más tiempo antes de entregar la documentación. Entre sus argumentos, señala que parte de la información podría estar protegida por el secreto profesional entre abogados y clientes. También asegura que reunir los datos de las distintas federaciones territoriales requiere tiempo, especialmente durante la preparación de la campaña electoral del 29 de noviembre.
El PSOE no ha entregado todavía toda la documentación solicitada, pero sostiene que no pretende incumplir sus obligaciones judiciales. Por ello, ha pedido al Consejo General de la Abogacía Española que aclare cómo puede facilitar la información sin poner en riesgo la confidencialidad de los asuntos que los abogados llevan para sus clientes.
¿Por qué el PSOE pide más tiempo para entregar la información a Pedraz?
Uno de los principales argumentos del PSOE es el secreto profesional, que obliga a los abogados a proteger la información confidencial que conocen durante su trabajo. El partido considera que identificar a todos los profesionales contratados y explicar el objeto de sus encargos podría revelar datos de personas a las que han asesorado o detalles de sus estrategias legales.
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, explicó este jueves en una entrevista en la Cadena SER que el partido quiere evitar que se vulneren los derechos de los abogados. "Nosotros no queremos vulnerar ningún derecho fundamental de los abogados", afirmó. Torró comparó la situación con la protección de los datos médicos de los pacientes y defendió que la formación necesita garantías antes de entregar la información. El PSOE ha solicitado por ello la opinión del Consejo General de la Abogacía Española y plantea estudiar fórmulas para facilitar los datos sin revelar información protegida.
Además, el partido asegura que la documentación no se encuentra reunida en una única base de datos, ya que sus diferentes organizaciones territoriales pueden contratar servicios jurídicos por separado. Por eso, solicita más tiempo para recopilar los contratos y comprobar qué información puede entregar.
El juez Pedraz en el caso de Leire Díez
La petición de documentación forma parte de la investigación conocida como el caso Leire Díez, que busca aclarar posibles maniobras para perjudicar investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE, el Gobierno o el entorno del presidente Pedro Sánchez. El juez quiere conocer qué abogados y consultoras trabajaron para el partido entre 2021 y 2025, qué servicios prestaron y qué documentos justifican los pagos. La investigación se centra, entre otros aspectos, en los pagos relacionados con Leire Díez y en la posible utilización de contratos profesionales para canalizar dinero hacia personas de su entorno.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha examinado pagos realizados a través de sociedades vinculadas a profesionales investigados. Los investigadores tratan de determinar si esos contratos respondían a servicios reales o si pudieron utilizarse para encubrir otros pagos. Estas sospechas forman parte de la investigación y deberán aclararse durante el procedimiento judicial. Por el momento, Pedraz no ha acordado imputar al PSOE como persona jurídica. El magistrado ha optado por continuar practicando diligencias y recabando información antes de tomar nuevas decisiones.
La entrega de los contratos podría ayudar a aclarar qué servicios se contrataron, quién los prestó y cómo se justificaron los pagos. Mientras tanto, el PSOE mantiene que necesita garantías sobre el secreto profesional antes de facilitar toda la documentación reclamada.
