El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente las altas en el censo electoral de los ciudadanos nacionalizados mediante la conocida como Ley de Nietos, dejando temporalmente en suspenso su derecho al voto. Los autos conocidos este jueves justifican la medida por la existencia de un “peligro fundado, real y serio” de que la aplicación de esta norma pueda afectar a la “objetividad” de las elecciones. El magistrado encargado de redactar la resolución es Antonio Narváez, un juez con un controvertido historial por sus posicionamientos políticos y por algunas de sus intervenciones públicas durante su etapa anterior en el Tribunal Constitucional.
La decisión del Supremo ha sido respaldada por cinco de los seis magistrados que han participado en la deliberación: Antonio Narváez, Luis María Díez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, José Luis Requero y Manuel Delgado-Iribarren. La magistrada Alicia Millán ha votado en contra y ha formulado un voto particular.
Millán sostiene que la resolución ha realizado una ponderación “incompleta” de los intereses afectados y considera que la medida cautelar “impide” a un enorme grupo de ciudadanos “ejercer un derecho político que les corresponde en virtud de una nacionalidad reconocida”.
La norma afectada es la conocida popularmente como Ley de Nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática de 2022. Esta legislación permite, bajo determinados supuestos, que descendientes de españoles puedan acceder a la nacionalidad, entre ellos personas cuyos familiares se exiliaron o perdieron la nacionalidad en determinadas circunstancias relacionadas con la Guerra Civil y el franquismo.
El encuentro con Feijóo
El perfil de Narváez cobra especial relevancia a raíz de la información publicada por EL PAÍS, que recupera su participación en 2023 en un encuentro privado de fiscales con el entonces líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Según fuentes conocedoras de aquella reunión citadas por el diario, durante la cena —que se prolongó durante aproximadamente una hora y media— Narváez manifestó su deseo de que el Partido Popular alcanzara el Gobierno y alertó sobre los acuerdos del PSOE en el País Vasco.
En concreto, el magistrado se refirió a una posible estrategia de coalición en Euskadi y aseguró que “se está perfilando una estrategia de coalición, con Bildu que es una organización filoterrorista, con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi y lo que quede de Podemos”.
Las elecciones vascas se celebraron un año después y terminaron con un Gobierno de coalición entre PNV y PSE.
Según EL PAÍS, en aquel encuentro los fiscales también animaron a Feijóo a desmontar, una vez que llegara a La Moncloa, algunas de las leyes impulsadas durante los gobiernos de Pedro Sánchez.
Sus críticas sobre Cataluña y el 'procés'
Narváez también habló durante aquella reunión sobre el problema de la “cohesión territorial”, con especial referencia a Cataluña.
Su posición sobre el procés ya había provocado controversia durante su etapa en el Tribunal Constitucional. El magistrado se apartó de la tramitación de una decena de recursos relacionados con dirigentes independentistas condenados después de que sus defensas plantearan su recusación.
Los abogados alegaban que Narváez había pronunciado en noviembre de 2017 una conferencia en Granada en la que definió el procés como un “golpe de Estado encubierto” y lo comparó con el 23-F. En aquella intervención, según recuerda EL PAÍS, sostuvo que el procés había tenido consecuencias más graves que el asalto al Congreso protagonizado por el teniente coronel Antonio Tejero.
La recusación generó un intenso debate dentro del Constitucional. Algunos magistrados defendieron que el derecho de Narváez a la libertad de expresión debía prevalecer. Finalmente, fue el propio juez quien decidió apartarse de la resolución.
De la Fiscalía al Tribunal Supremo
Narváez llegó a la carrera fiscal en 1982, después de terminar como número uno de su promoción. Tres décadas después, en 2013, fue nombrado teniente fiscal del Tribunal Supremo.
En 2014 pasó a formar parte del Tribunal Constitucional, donde permaneció hasta 2023. Desde septiembre de 2025 es magistrado del Tribunal Supremo.
Ahora, como ponente de la resolución sobre la Ley de Nietos, Narváez es el encargado de redactar el auto que ha llevado al Supremo a suspender cautelarmente las altas en el censo de los nacionalizados mediante esta norma.
La medida, adoptada mientras se resuelve el recurso, afecta al ejercicio del derecho al voto de este colectivo y se sustenta, según el tribunal, en el riesgo de que la aplicación de la Ley de Nietos pueda comprometer la “objetividad” de las elecciones.
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