El Tribunal Supremo ha decidido suspender de manera cautelar las nuevas inscripciones en el censo electoral de españoles residentes en el extranjero (CERA) de quienes han adquirido la nacionalidad al amparo de la conocida como ley de nietos. Los magistrados han adoptado esta medida después de apreciar que el fuerte crecimiento registrado en este censo puede comprometer las garantías del proceso electoral.
En dos autos, y a petición de Iustitia Europa y Vox, el alto tribunal sostiene que el aumento de electores procedentes de esta vía de nacionalización plantea un "peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral".
La decisión afecta a las altas de ciudadanos que han obtenido la nacionalidad española gracias a la normativa dirigida a hijos y nietos de españoles que tuvieron que exiliarse durante el franquismo. La medida ha sido acordada de forma provisional mientras se analiza el fondo del asunto y cuenta con un voto particular discrepante.
El censo exterior suma más de 400.000 electores
Uno de los elementos que ha llevado al Supremo a adoptar esta medida es la dimensión del incremento registrado en el CERA. Según recogen los autos, desde las últimas elecciones generales de 2023 hasta el pasado 1 de julio se han incorporado 408.262 electores al censo de españoles residentes en el extranjero.
Los magistrados destacan además que este crecimiento no se ha detenido, sino que permanece "en constante aumento". Para el tribunal, esta evolución excepcional requiere adoptar una medida preventiva ante la posibilidad de que pueda repercutir sobre la composición del censo electoral.
El Supremo aprecia así un "riesgo de alteración del censo electoral por la vía de un incremento excepcional de la cifra de nuevos inscritos en el CERA, que afecta también a su regularidad jurídica". Por este motivo, los magistrados han optado por paralizar cautelarmente las nuevas altas vinculadas a la ley de nietos.
La suspensión no supone todavía un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de estas inscripciones, sino una medida provisional destinada a evitar que el crecimiento del censo pueda generar efectos sobre el proceso electoral mientras se resuelve la cuestión planteada ante el tribunal.
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