El nuevo año judicial ha arrancado este jueves en un contexto marcado por las tensiones entre el Poder Judicial y el Gobierno de España. El acto solemne de apertura, presidido por el rey Felipe VI, se celebra después de varios encontronazos institucionales relacionados con decisiones y actuaciones judiciales que han elevado el enfrentamiento entre ambos poderes.
Entre los asuntos que han contribuido a este clima se encuentra la reciente decisión cautelar del Tribunal Supremo de suspender las altas en el censo electoral vinculadas a la llamada ley de nietos. A ello se suma la causa abierta por la crisis migratoria de Ceuta, después de la entrada de más de 70.000 personas en la ciudad autónoma a finales de julio, así como el procedimiento relacionado con el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y el posterior escrito remitido por la fiscal general, Teresa Peramato, a las instituciones europeas en el que cuestionaba la instrucción del caso.
En este escenario, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha situado la defensa de la independencia judicial como uno de los ejes de su discurso durante la apertura del año judicial. La magistrada ha advertido contra las críticas que atribuyen motivaciones políticas a las resoluciones de los tribunales y ha reclamado respeto hacia quienes ejercen responsabilidades jurisdiccionales.
Perelló ha defendido que su actuación al frente del órgano de gobierno de los jueces se ha basado en la búsqueda de acuerdos, desde una posición “imparcial y neutral” y con “criterio propio”. El objetivo, ha explicado, es que las decisiones adoptadas respondan “al servicio de la justicia y del interés general”, y no “al servicio de otros intereses”.
La presidenta del Supremo ha insistido especialmente en que la independencia constituye la principal garantía para los ciudadanos. “Nuestra independencia es la mejor garantía que podemos ofrecerles para que estén convencidos de que, a la hora de tomar una decisión, lo haremos sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo”, ha señalado.
Perelló advierte contra las acusaciones de 'lawfare'
La presidenta del CGPJ también ha diferenciado entre la crítica legítima a las resoluciones judiciales y aquellas acusaciones que atribuyen a los jueces intenciones políticas o ideológicas. Según ha explicado, los magistrados pueden equivocarse en la aplicación del Derecho, pero el sistema judicial ya contempla mecanismos para revisar y corregir esas decisiones mediante los recursos correspondientes, dentro también del marco jurídico europeo.
En este sentido, Perelló ha defendido que las resoluciones judiciales pueden ser cuestionadas siempre que se haga mediante argumentos sólidos. “Las resoluciones judiciales pueden ser criticadas”, ha reconocido, aunque ha reclamado que esa crítica sea “fundada”, porque “contribuye a mejorar” la justicia y “siempre será bienvenida”.
La magistrada ha marcado, sin embargo, una línea roja: el debate jurídico, a su juicio, no debe transformarse en acusaciones sobre las supuestas motivaciones políticas de los jueces por el simple hecho de discrepar de sus decisiones.
Perelló se ha referido así a las acusaciones de 'lawfare' que se han producido en los últimos meses y que, según ha señalado, han llegado a convertirse en “acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan sus resoluciones”.
A su juicio, atribuir a los jueces este tipo de comportamiento reviste una especial gravedad, ya que supone una “imputación de extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva” y “pone en cuestión que la actuación judicial responda exclusivamente al derecho”.
La presidenta del CGPJ ha endurecido su advertencia cuando estas descalificaciones proceden de representantes institucionales. “Si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor”, ha afirmado, antes de recordar que la Comisión Europea viene reclamando que Ejecutivo y Legislativo eviten aquellas críticas que puedan deteriorar la independencia de los tribunales o la confianza ciudadana en la Justicia.
Perelló ha rechazado expresamente que los ataques públicos a los magistrados puedan convertirse en una herramienta para condicionar su actuación. “No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción”, ha advertido, al tiempo que ha apelado al “respeto y la lealtad institucional”.
Puente acusa a algunos jueces de "hacer política"
En una entrevista concedida a RNE, Puente ha sostenido que algunos magistrados están intentando “hacer política” y ha llegado a acusarles de “querer gobernar el país por detrás”. El ministro ha defendido que las decisiones políticas deben corresponder a quienes han recibido el respaldo de los ciudadanos en las urnas y ha lanzado un mensaje directo a quienes pretendan asumir ese papel: quien quiera tomar decisiones políticas, ha señalado, debe concurrir a unas elecciones.
Sus declaraciones se producen precisamente cuando el curso judicial arranca con varios frentes abiertos entre el Gobierno y los tribunales. Entre ellos se encuentra la reciente decisión cautelar del Tribunal Supremo sobre las altas en el censo electoral vinculadas a la llamada ley de nietos, además de las discrepancias surgidas alrededor de la aplicación de la ley de Amnistía. A este escenario se suma la causa abierta por la Audiencia Nacional para investigar la crisis migratoria de Ceuta.
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