Jorge Buxadé ha vuelto a presentar como un plan para manipular las próximas elecciones lo que hasta ahora es una controversia jurídica y administrativa sobre la concesión de nacionalidades. El jefe de la delegación de la ultraderecha Vox en el Parlamento Europeo acusa al Gobierno de haber preparado una "alteración del proceso electoral" mediante la llamada 'Ley de Nietos', aunque no ha aportado ninguna prueba de fraude en el censo o en una votación.
El dirigente ultra sostiene que la instrucción que desarrolla la Ley de Memoria Democrática ha abierto la nacionalidad española a un número descontrolado de descendientes de emigrantes. Durante una entrevista en 'Mañanas en Libertad', llegó a reclamar que quienes participen en las elecciones sean "efectivamente españoles y no con trampas".
La frase introduce una diferencia que el ordenamiento jurídico español no contempla. Quien adquiere legalmente la nacionalidad es español y dispone de los mismos derechos políticos que cualquier otro ciudadano, siempre que cumpla la edad y el resto de los requisitos electorales. Así se lo recordó la Junta Electoral Central a Vox al rechazar su petición de suspender el voto por correo de los residentes en el extranjero.
Los 2,5 millones no son nuevos votantes
Buxadé ha situado en 2,5 millones el número de personas que podrían acogerse a esta vía y utiliza esa estimación para alimentar la sospecha sobre las próximas elecciones. La cifra reúne a potenciales beneficiarios y personas que solicitaron cita antes de que terminara el plazo, pero no equivale al número de nacionalidades aprobadas ni al de ciudadanos incorporados al censo electoral.
Los últimos datos oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores, actualizados el 23 de junio, contabilizan 1.225.188 solicitudes presentadas formalmente en las oficinas consulares. De ellas, se habían aprobado 571.761 y se habían completado 333.696 inscripciones en los registros civiles consulares.
Entre pedir una cita, presentar el expediente, recibir una resolución favorable, quedar inscrito en el Registro Civil y aparecer en el Censo Electoral de Residentes Ausentes existen varios trámites. Vox presenta toda la bolsa de posibles solicitantes como si fueran millones de papeletas listas para entrar en las urnas, omitiendo además que los expedientes deben acreditar la ascendencia española correspondiente.
La llamada 'Ley de Nietos' tampoco es una ley electoral diseñada para las próximas generales. Es la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 para permitir la recuperación de la nacionalidad a descendientes de españoles que salieron del país y a otros colectivos afectados por las reglas históricas sobre su transmisión.
Lo que decidió realmente la Junta Electoral
La Junta Electoral Central estudió el asunto el pasado 16 de julio y rechazó las peticiones de Vox para detener la elaboración del CERA o suprimir el voto postal de los españoles residentes fuera del país. La mayoría recordó que el sufragio de los ciudadanos españoles en el extranjero está protegido por la Constitución y regulado por la ley electoral, por lo que el organismo no puede eliminarlo mientras esa legislación siga vigente.
La Oficina del Censo Electoral informó además de que existen mecanismos de actualización, control y trazabilidad. La JEC sí detectó la necesidad de concretar mejor cómo se asigna una provincia y un municipio electoral a quienes nunca han residido en España, una decisión relevante porque determina la circunscripción en la que se contabiliza su voto.
Por ese motivo, ha ordenado preparar una nueva instrucción para que los consulados apliquen criterios objetivos, homogéneos y documentados al determinar el lugar de mayor arraigo del elector o de sus ascendientes. La existencia de una cuestión técnica que debe corregirse tampoco acredita que el Gobierno esté fabricando votos ni alterando resultados, como sostiene Vox.
Cuatro integrantes de la JEC emitieron un voto particular más severo. Consideran que la instrucción de 2022 amplió indebidamente el contenido de la ley al separar el acceso a la nacionalidad de la acreditación del exilio y defendieron que el órgano electoral debía intervenir para frenar nuevas altas en determinados supuestos.
Es una discrepancia jurídica relevante que podrá acabar ante los tribunales. La posición de esos cuatro vocales no fue asumida por la mayoría de la Junta ni demuestra la existencia del 'pucherazo' que Vox lleva semanas dando por hecho.
Del debate jurídico a la conspiración electoral
Vox ha construido alrededor de este asunto una ofensiva que combina recursos judiciales, campañas en redes y actuaciones en las instituciones europeas. El partido ha recurrido ante el Tribunal Supremo la negativa de la JEC a restringir el voto exterior y ha pedido al Ministerio de Justicia que anule las instrucciones dictadas en 2022 y 2024.
También ha creado un grupo de trabajo dirigido por Buxadé y ha abierto seis vías de presión en Bruselas. Entre ellas figuran una petición en el Parlamento Europeo, una denuncia ante la Comisión, preguntas parlamentarias y una reunión prevista con responsables comunitarios de Justicia.
El partido de Santiago Abascal ha pasado de pedir controles sobre el censo a acusar directamente al Ejecutivo de querer "robar las elecciones", siguiendo un marco utilizado por Donald Trump y otras fuerzas ultras para desacreditar por adelantado procedimientos electorales que podrían ofrecerles un resultado adverso.
Su propuesta más extrema consistía en impedir que los españoles del exterior votaran por correo y obligarlos a desplazarse hasta una oficina consular. La medida habría dificultado o hecho imposible el sufragio para quienes viven a cientos o miles de kilómetros de un consulado, y fue rechazada por la Junta Electoral.
El PP se acerca al marco de Vox
El Partido Popular no ha llegado tan lejos en sus propuestas, pero ha contribuido a extender la sospecha. Alberto Núñez Feijóo ha hablado de "ingeniería electoral" y su partido también ha solicitado la nulidad de la instrucción de 2022 y la paralización de nuevas inscripciones hasta que se aclaren los criterios censales.
Los 'populares' discrepan de la vía jurídica elegida por el Gobierno, aunque apoyan que la nacionalidad alcance también a descendientes de españoles que emigraron por motivos económicos. El propio Feijóo defendió en Buenos Aires, en 2022, una reforma más amplia que la limitada exclusivamente a las familias de exiliados políticos.
El PP sí se distanció de Vox cuando la formación ultra pretendió separar las papeletas del voto por correo en el recuento y cuando propuso dejar sin esa vía a los electores residentes fuera de España. La competencia entre ambos partidos ha terminado, sin embargo, asentando una sospecha de manipulación para la que ninguno ha presentado pruebas.
Buxadé dispara también contra Europa y las políticas climáticas
La teoría sobre el censo formó parte de una intervención en la que Buxadé volvió a desplegar otros argumentos habituales de la ultraderecha. Acusó a Pedro Sánchez de haber "rendido la frontera sur", presentó a Hungría y Polonia como víctimas de una persecución de Bruselas y cargó contra la integración europea porque, según él, resta poder a los gobiernos nacionales.
En otra intervención de este miércoles, vinculó directamente los incendios forestales con las políticas ambientales de la Unión Europea y calificó de "enfermedad ideológica" y "fanatismo" las medidas contra el cambio climático. La gestión forestal, la despoblación y el abandono del campo influyen en la propagación de los incendios, aunque su utilización para negar o rebajar el efecto del calentamiento global contradice la evidencia científica disponible.
La Oficina del Censo Electoral deberá presentar ahora a la JEC su propuesta para reforzar la adscripción municipal de los residentes en el extranjero. Paralelamente, el Ministerio de Justicia tendrá que responder a las solicitudes de nulidad registradas por PP y Vox, mientras la formación de Abascal prepara nuevos recursos para mantener la 'Ley de Nietos' en el centro de su campaña hasta las elecciones generales.
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