La Junta Electoral Central ha cerrado la puerta al intento de la ultraderecha Vox de suspender el voto por correo de los españoles residentes en el extranjero. El organismo ha recordado a la formación de Santiago Abascal que carece de competencias para dejar sin efecto un procedimiento regulado por ley y que la Administración electoral debe facilitar el ejercicio del sufragio mientras la normativa continúe vigente.
El acuerdo adoptado este jueves también reclama más precisión en la incorporación al Censo Electoral de Residentes Ausentes, el conocido como CERA. La Oficina del Censo Electoral tendrá que completar la información remitida a la Junta y preparar unas instrucciones comunes para determinar el municipio en el que quedan inscritos los ciudadanos que han obtenido la nacionalidad mediante la llamada ‘Ley de nietos’.
La resolución aborda así dos cuestiones distintas que PP y Vox habían mezclado durante las últimas semanas. El voto exterior seguirá funcionando y las inscripciones en el CERA no quedan paralizadas. Al mismo tiempo, los consulados deberán aplicar reglas homogéneas, acreditar el arraigo de cada solicitante y motivar la elección del municipio cuando este no coincida con su última residencia en España.
El documento conocido este jueves no constata una manipulación electoral ni ordena eliminar inscripciones ya realizadas. El informe de la Oficina del Censo acredita que existen mecanismos de actualización, control y trazabilidad, aunque la Junta considera que todavía falta una respuesta suficientemente clara sobre la corrección jurídica del procedimiento utilizado para asignar la circunscripción electoral.
La Constitución frena el recorte electoral de Vox
La ultraderecha Vox había pedido impedir el voto por correo de los inscritos en el CERA y obligarlos a acudir presencialmente a consulados o embajadas. También reclamaba suspender las nuevas incorporaciones al censo mientras se revisaba el procedimiento relacionado con la ‘ley de nietos’. La Junta Electoral ha rechazado esas pretensiones y ha recordado que el derecho de sufragio de los españoles residentes fuera del país está protegido por la Constitución.
Los artículos 13.2, 23 y 68.5 de la Carta Magna reconocen ese derecho y encomiendan al Estado facilitar su ejercicio. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General regula además el funcionamiento del voto exterior. Con este marco, la Junta no puede eliminar una modalidad de sufragio aprobada por el legislador, aunque un partido cuestione sus garantías o pretenda convertir sus sospechas políticas en una restricción general para millones de ciudadanos.
El organismo también subraya que las normas utilizadas para elaborar el CERA se aplican desde 2011 sin que durante estos años se hayan registrado las reclamaciones que ahora plantea Vox. La formación ultra había relacionado el crecimiento del censo con un supuesto “pucherazo” y llegó a definir la aplicación de la ‘ley de nietos’ como un “golpe de Estado a cámara lenta”.
La respuesta de la Junta deja esas acusaciones fuera de su acuerdo y remite cualquier impugnación contra la concesión de nacionalidades a los tribunales competentes. Las condiciones para obtener la nacionalidad exceden las funciones de la Administración electoral, por lo que quienes cuestionen la ley o sus normas de desarrollo deberán acudir al Tribunal Constitucional o a la jurisdicción contencioso-administrativa.
El funcionamiento del voto exterior cuenta además con distintas fases de supervisión. Los consulados reciben los sufragios, pero no abren los sobres ni realizan el escrutinio. Las papeletas se trasladan cerradas a España y son las juntas electorales correspondientes las encargadas de efectuar el recuento.
Reglas comunes para decidir dónde vota cada elector
La parte central de la resolución se ocupa de la asignación del municipio electoral, una decisión relevante porque determina la provincia y la circunscripción en la que se contabilizará cada voto. Quienes hayan vivido en España deben quedar inscritos en el municipio de su última residencia. Para quienes nunca hayan residido en el país se toma como referencia el lugar de mayor arraigo propio o de sus ascendientes.
Cuando un elector solicita la inscripción en un municipio distinto, debe presentar una declaración explicativa y documentación que justifique su elección. Si esos elementos resultan insuficientes, la oficina consular puede determinar de oficio el municipio a partir de los datos disponibles.
La Oficina del Censo remitió un primer informe el pasado 10 de julio. Ese documento confirma la existencia de sistemas de control y trazabilidad, pero la Junta entiende que no aclara quién examina las declaraciones presentadas, qué criterios utilizan los consulados ni cómo se supervisan las asignaciones realizadas de oficio.
Por ello, el organismo reclama conocer si las decisiones de los consulados quedan registradas en los expedientes y si posteriormente son revisadas por la Oficina del Censo. También pide propuestas para reforzar la aplicación uniforme de las reglas y evitar diferencias entre oficinas consulares.
La nueva instrucción deberá precisar cómo se acredita el arraigo personal o familiar, qué documentos pueden presentar los interesados y en qué supuestos corresponde asignar el municipio de oficio. La Junta revisará el texto antes de que sea remitido a los consulados.
Según la información publicada por ‘El País’, este apartado del acuerdo salió adelante por nueve votos frente a cuatro después de un debate de alrededor de dos horas. Los cuatro vocales discrepantes cuestionaron la cobertura jurídica y la precisión de las instrucciones dictadas por el Ministerio de Justicia. El rechazo a las pretensiones de Vox, en cambio, fue unánime.
El PP intenta apropiarse del acuerdo
El Partido Popular ha presentado la decisión como una confirmación de las dudas planteadas por Alberto Núñez Feijóo. Génova sostiene que la Junta le ha dado “la razón” al exigir más transparencia y ha reclamado que no se produzcan nuevas incorporaciones al censo hasta que entren en vigor las instrucciones solicitadas.
Esa paralización, sin embargo, no aparece en el acuerdo de la Junta Electoral. El organismo rechaza expresamente suspender la elaboración del CERA y recuerda que la Administración debe continuar aplicando los procedimientos previstos en la legislación. La exigencia del PP constituye, por tanto, una interpretación política añadida a la resolución.
Miguel Tellado ha asegurado que su partido permanecerá “muy vigilante” para evitar cambios en el censo “sin trampas”, mientras Alma Ezcurra ha reclamado revisar por completo la instrucción del Ministerio de Justicia y publicar las altas realizadas por esta vía. Los 'populares' mantienen así el lenguaje de sospecha sobre el proceso, pese a que la Junta acredita la existencia de mecanismos de control y trazabilidad.
Feijóo había acusado al Gobierno de practicar “ingeniería electoral” y de querer “fabricar nuevos votantes”. Días después moduló su discurso y reconoció que el PP respalda la concesión de la nacionalidad a los nietos de emigrantes cuando puedan acreditar el parentesco. La medida también figuraba en el programa electoral popular y fue defendida por el propio Feijóo durante una visita a Buenos Aires.
Las cifras empleadas durante esta polémica también requieren matices. Alrededor de 2,45 millones de descendientes solicitaron cita para iniciar el procedimiento, una cantidad que no equivale al número de nacionalidades concedidas ni al de nuevas incorporaciones al censo. A finales de marzo se habían aprobado cerca de 545.000 expedientes y unas 306.000 personas habían sido inscritas en el Registro Civil.
CSIF reclama medios para los consulados
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha celebrado que la Junta reclame unas reglas comunes. El sindicato había pedido seguridad jurídica para los trabajadores consulares encargados de tramitar las inscripciones y determinar el municipio de mayor arraigo de los nuevos ciudadanos.
CSIF considera que los empleados públicos necesitan instrucciones precisas para evitar que decisiones sensibles dependan de interpretaciones diferentes en cada oficina. También ha reclamado un refuerzo urgente de personal y medios en los consulados, ante el volumen de expedientes pendientes y el riesgo de que algunas dependencias terminen desbordadas.
La Oficina del Censo deberá ahora completar su informe y preparar la instrucción solicitada por la Junta Electoral. Mientras se desarrolla ese trabajo, el CERA seguirá operativo, las nuevas inscripciones continuarán tramitándose y los españoles residentes en el extranjero conservarán su derecho a votar por correo.
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