El desahucio de Maricarmen ha sacado de un cajón una negociación que llevaba meses bloqueada. El Gobierno y Junts han retomado los contactos para intentar aprobar un decreto de vivienda con medidas contra los desahucios, apenas un día después de que la mujer de 87 años fuera expulsada de la casa en la que había vivido durante siete décadas.
La formación de Carles Puigdemont ha reconocido este jueves que el PSOE está estudiando sus propuestas y espera recibir una respuesta en las próximas horas. Junts entregó hace dos semanas a Pedro Sánchez un texto propio con desgravaciones fiscales, incentivos a la compra y garantías para los propietarios. Ahora pretende que esas medidas entren en la negociación del decreto que el Ejecutivo quiere llevar al Consejo de Ministros del martes.
La escena política resulta difícil de separar de lo ocurrido en Madrid. Maricarmen fue desalojada en camilla después de un enorme despliegue policial, pasó la noche en el hospital y sigue sin una alternativa habitacional estable. Las imágenes provocaron manifestaciones en varias ciudades y devolvieron al centro del debate una realidad que llevaba demasiado tiempo atrapada entre borradores, cálculos parlamentarios y vetos cruzados.
Junts llega a la mesa después de haber unido sus votos a PP y la ultraderecha Vox para derribar las protecciones que habrían permitido suspender desahucios de personas vulnerables sin una vivienda alternativa. Pedro Sánchez aseguró desde Nueva York que la norma habría evitado el caso de Maricarmen. La formación independentista, sin embargo, vuelve ahora a presentarse como una pieza imprescindible para resolver el bloqueo.
El Gobierno quiere aprovechar la indignación social para intentar cerrar un acuerdo antes del martes. Sumar reclama aprobar el decreto aunque los votos sigan en el aire y dejar que cada partido se retrate después en el Congreso. La parte socialista prefiere llegar al Consejo de Ministros con una mayoría razonablemente asegurada para evitar otra derrota parlamentaria.
Junts convierte sus siete votos en el precio del acuerdo
Las exigencias de Junts se alejan en varios puntos de las prioridades defendidas por la izquierda. La formación reclama deducciones fiscales para los inquilinos y para pequeños propietarios hipotecados, recuperar las cuentas de ahorro destinadas a la compra de vivienda y facilitar la construcción de nuevos inmuebles.
También exige que el Estado asuma el coste de las políticas de protección para las familias vulnerables y que esas cargas no recaigan sobre los pequeños caseros. Junts acepta estudiar una prórroga de los contratos de alquiler, aunque plantea condiciones para los inquilinos y la posibilidad de que el propietario recupere la vivienda cuando la necesite.
El partido de Puigdemont incorpora además medidas contra la ocupación y pide garantías para que el decreto respete las competencias autonómicas. Su receta concede un peso central a los incentivos fiscales y a la protección del propietario, mientras el texto impulsado por PSOE y Sumar pretende reforzar la posición de quienes afrontan un desahucio o una subida inasumible del alquiler.
Ahí se encuentra buena parte del problema. El Gobierno necesita los siete votos de Junts, pero cualquier cesión excesiva puede alejar a Podemos, que rechaza los beneficios fiscales para los arrendadores y la reforma de la ley del suelo. El Partido Nacionalista Vasco también reclama seguridad jurídica, respeto competencial y cambios urbanísticos. La mayoría parlamentaria depende de partidos que plantean soluciones enfrentadas para una misma crisis.
El borrador de Vivienda incluye una protección permanente para los hogares vulnerables. Los jueces podrían mantener suspendido un desahucio hasta que el ayuntamiento o la comunidad autónoma ofrecieran una solución residencial razonable. Cuando el propietario fuera un pequeño casero, la Administración tendría que compensarle por las rentas y los gastos asumidos durante la suspensión.
La norma también contempla prorrogar durante dos años y por el mismo precio los contratos que venzan hasta junio de 2028, cerrar las vías utilizadas para esquivar los límites mediante alquileres temporales o por habitaciones y reforzar las garantías frente a los grandes tenedores.
El caso de Maricarmen ha colocado esas medidas bajo una luz mucho más incómoda para quienes las bloquearon. Junts sostiene que fue el Gobierno quien paralizó la negociación durante meses. Su historial parlamentario muestra, al mismo tiempo, que sus diputados ayudaron a tumbar el escudo social y la prórroga de los alquileres junto a las derechas.
Antes de buscar los votos fuera, PSOE y Sumar también tendrán que resolver su propia pelea. Yolanda Díaz exige aprobar el martes el decreto y expropiar la vivienda de Maricarmen, una propuesta que la parte socialista considera inviable y que complicaría todavía más el respaldo de Junts y el PNV.
El Ejecutivo busca un texto amplio que reúna las medidas antidesahucios, la prórroga de los alquileres, la regulación de los contratos temporales y algunos incentivos para los propietarios. Trocear el decreto facilitaría sacar adelante la protección de las personas vulnerables, aunque Moncloa mantiene por ahora su apuesta por una norma conjunta.
La urgencia ha cambiado el ritmo de los despachos. Las medidas que permanecieron paralizadas durante el verano se negocian ahora a contrarreloj después de que una mujer de 87 años tuviera que salir de su casa en una camilla. Junts ha encontrado en esa presión una oportunidad para volver a colocar su programa sobre la mesa y elevar el precio de sus votos.
Rufián acusa a Junts de estar "al servicio de los buitres inmobiliarios"
El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reaccionado con dureza al regreso de Junts a la negociación. Considera un "error" que el Gobierno permita a la formación de Puigdemont fijar los límites del decreto y reclama que las fuerzas progresistas acuerden primero sus medidas.
Esto es un error. Otro más.
— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) September 24, 2026
Junts NO debe ser quien le establezca los límites en Vivienda a los demás.
Los demás (Gobierno e izquierdas) deben ser quienes después de negociar le impongan a Junts qué hacer con la Vivienda.
Y si Junts no quieren votarlo que se retraten y que… https://t.co/ul6AwfIxyp
Rufián pide que el Ejecutivo y los partidos de izquierdas lleven al Congreso un texto ambicioso y obliguen después a Junts a decidir públicamente si lo respalda. El dirigente republicano sostiene que la negociación planteada por el PSOE concede a la derecha catalana una influencia que sus posiciones sobre vivienda no justifican.
"Ya basta de chantajes de la derecha catalana", ha escrito después de acusar a Junts de estar "al servicio de los buitres inmobiliarios". El portavoz de ERC quiere que la votación deje constancia de la posición de cada grupo y que el partido de Puigdemont asuma el coste de volver a rechazar las medidas antidesahucios.
La fórmula defendida por Rufián pasa por cerrar primero un acuerdo entre el Gobierno y la izquierda. Junts tendría después que elegir entre apoyar la protección de los inquilinos o volver a tumbarla con PP y Vox.
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