La imagen de Maricarmen Abascal saliendo en camilla de la casa en la que vivía desde 1956 ha trastocado el calendario del Gobierno. Después de varios meses aplazando el decreto de vivienda por falta de apoyos parlamentarios, el Ejecutivo trabaja ahora a contrarreloj para aprobarlo en los próximos días, con el Consejo de Ministros del martes 29 de septiembre como primera fecha posible.
La mujer, de 87 años y con una discapacidad reconocida del 50%, fue expulsada este miércoles de su piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Madrid. La inmobiliaria Urbagestión rechazó el último intento de aplazamiento y la comisión judicial ejecutó el lanzamiento mediante un enorme dispositivo de la Policía Nacional. Maricarmen abandonó el edificio en una camilla y fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón antes de alojarse temporalmente con familiares.
La escena ha supuesto un golpe político de primera magnitud para un Gobierno que prometió convertir esta legislatura en la de la vivienda. Moncloa asumió durante la tarde que el desalojo había provocado un daño difícil de contener con declaraciones y reproches a otras administraciones. La orden es acelerar una norma pendiente desde julio, intensificar la negociación con Sumar y buscar los votos necesarios entre los socios parlamentarios.
El borrador continúa abierto. El PSOE llevaba semanas defendiendo que el decreto solo debía pasar por el Consejo de Ministros cuando existieran garantías suficientes para convalidarlo en el Congreso. Sumar reclamaba aprobarlo, ponerlo en vigor y aprovechar los treinta días posteriores para negociar los apoyos. Tras el desahucio, la aritmética parlamentaria sigue siendo igual de complicada, pero el coste de esperar ha crecido de forma abrupta.
Una norma aplazada hasta que llegó la foto
El decreto incluye la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables hasta que exista una alternativa habitacional, superando el límite temporal que permite reactivar el lanzamiento aunque la administración competente siga sin encontrar una solución. El propietario recibiría una compensación pública durante ese periodo, especialmente cuando se trate de un pequeño arrendador.
El texto también contempla la prórroga durante dos años y con la misma renta de los contratos que venzan en 2026, 2027 y la primera mitad de 2028. A ello se suman una regulación más estricta de los alquileres de temporada y por habitaciones, medidas contra el fraude en estas modalidades y cambios destinados a preservar de forma permanente la vivienda protegida.
El atasco aparece en el resto del paquete. Junts reclama más ventajas fiscales para propietarios y mecanismos rápidos de desalojo, mientras Podemos rechaza las rebajas tributarias al rentismo y cualquier modificación de la ley del suelo que facilite operaciones especulativas. Entre las opciones estudiadas figura separar el escudo antidesahucios para facilitar su aprobación, aunque Sumar exige mantener el decreto completo.
El socio minoritario ha elevado la presión después de semanas de hartazgo con el PSOE. Ernest Urtasun exige que la norma llegue "sin falta" al Consejo de Ministros del martes. Pablo Bustinduy sostiene que el Gobierno debe aprobarla y obligar a los grupos a retratarse en el Congreso. La ministra de Sanidad, Mónica García, llegó a chocar públicamente con Óscar Puente después de pedirle que dejara de responder a Ada Colau y centrara los esfuerzos en sacar adelante las medidas de vivienda.
La pelea expone una diferencia que atraviesa desde hace meses al Ejecutivo. Sumar quiere asumir el riesgo de una derrota parlamentaria y el PSOE teme otra votación fallida. El desalojo de Maricarmen ha convertido esa discusión táctica en un problema moral y político. Durante el primer trimestre del año, los juzgados practicaron alrededor de 2.600 lanzamientos relacionados con el alquiler y otros 971 derivados de ejecuciones hipotecarias. Mientras tanto, los alquileres en Madrid han subido más de un 80% desde 2016 y los salarios lo han hecho aproximadamente la mitad.
Sánchez señala a Madrid y esquiva la autocrítica
Pedro Sánchez calificó desde Nueva York el desahucio como una "tragedia social que no podemos aceptar". El presidente aseguró que el Gobierno enviará al Congreso un nuevo decreto de manera urgente, pidió "altura de miras" a los grupos y afirmó que, si la anterior protección hubiera sido convalidada, Maricarmen habría podido permanecer en su casa.
Sánchez dirigió sus ataques contra Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, a quienes responsabilizó de haber ignorado una emergencia que correspondía atender a la Comunidad y al Ayuntamiento. Acusó a las dos administraciones de estar más preocupadas por comprar y vender con dinero público "aticazos con 200 metros de terraza" que por proteger a una mujer vulnerable.
El desahucio de Maricarmen es una tragedia social que no podemos aceptar.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 23, 2026
El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, más preocupados por comprar y vender aticazos, han hecho caso omiso a una demanda social que debería haber sido resuelta por quienes tienen esa responsabilidad… pic.twitter.com/GU4NhtiCk0
La crítica tiene una base evidente. El Gobierno de Ayuso se niega a declarar zonas tensionadas, rechaza aplicar las principales herramientas de la ley estatal y ha convertido Madrid en un escaparate para fondos inmobiliarios. El Ayuntamiento asegura que ofreció a Maricarmen una plaza de emergencia en una residencia, una salida que la alejaba de su casa y de su entorno y que ella rechazó para alojarse con familiares. Ninguna de las dos administraciones encontró durante años una solución que le permitiera seguir viviendo dignamente en su barrio.
El ático de 485 metros cuadrados adquirido por la Comunidad de Madrid en Chamberí terminó de dar forma al símbolo. Mientras Maricarmen era expulsada del piso donde había pasado siete décadas, la Administración regional disponía de una vivienda de lujo comprada con dinero público y destinada inicialmente al uso de la presidenta madrileña.
La dureza de Sánchez con Ayuso y Almeida convivió con una ausencia clara de autocrítica. El Gobierno mantuvo el decreto fuera del Consejo de Ministros durante meses, pese a que su aprobación habría activado las medidas inmediatamente y abierto después el plazo para buscar apoyos en el Congreso. La prudencia parlamentaria explica el retraso y deja intacto su coste político. También falta una explicación completa sobre la actuación policial. La orden judicial debía ejecutarse, pero el despliegue correspondió a la Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior. Periodistas y activistas denunciaron golpes, el uso de gas pimienta dentro del edificio y restricciones que impidieron durante horas cubrir el desahucio desde las inmediaciones del portal.
Primero echan a la prensa. Luego desahucian con violencia.
— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) September 23, 2026
Asi protege el PSOE a los fondos de inversión.
Responsable: Francisco Martín Aguirre, Delegado de Gobierno de Madrid. pic.twitter.com/z8PB2kC0e2
La Delegación del Gobierno asegura que no dio instrucciones para apartar a la prensa y atribuye las decisiones sobre el perímetro a los mandos policiales. Esa respuesta resulta insuficiente ante unas imágenes que exigen aclarar la proporcionalidad del operativo. Sumar ya ha reclamado a Fernando Grande-Marlaska una investigación.
Diez mil personas claman en las calles contra el desahucio ante cargas de la Policía Nacional
La indignación desbordó Madrid pocas horas después. Cerca de 10.000 personas, según la propia Delegación del Gobierno, se concentraron frente al ático adquirido por la Comunidad en el paseo del General Martínez Campos. La convocatoria se había difundido de manera espontánea tras conocerse el desalojo.
"El ático de Ayuso para Maricarmen", "Madrid no se vende, Madrid se defiende" y "Ayuso dimisión" fueron algunos de los gritos más repetidos. Miles de jóvenes levantaron y agitaron sus llaves, uno de los gestos habituales del movimiento por la vivienda, antes de ocupar la calzada y avanzar hacia el paseo de la Castellana.
Cerca de 10.000 personas se concentran frente al ático de Chamberí y Sánchez ve una "tragedia social" el desahucio de Maricarmen https://t.co/kBIYDm5zf6 pic.twitter.com/VWGCNUYAIC
— Europa Press TV (@europapress_tv) September 23, 2026
La marcha terminó con momentos de fuerte tensión. Los antidisturbios trataron de impedir el avance mediante cargas y el lanzamiento de pelotas de goma. Parte de los manifestantes consiguió alcanzar la Castellana y realizó una sentada en la calzada. La protesta fue desconvocada pacíficamente poco después de las nueve y media de la noche.
DISPAROS Y CARGAS DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA CASTELLANA CONTRA LOS MANIFESTANTES POR MARICARMEN. pic.twitter.com/YhDznbGyDy
— alemvelasco_ (@alemvelasco_) September 23, 2026
Las movilizaciones se extendieron a una docena de ciudades, entre ellas Barcelona, València, Cádiz, Sevilla, Oviedo, Toledo y Ávila. Muchas concentraciones se celebraron ante delegaciones y subdelegaciones del Gobierno porque la protesta también iba dirigida contra el Ejecutivo central.
El Sindicato de Inquilinas responsabilizó a Ayuso de haber entregado Madrid a los fondos, pero amplió su denuncia al PSOE, al Ministerio de Vivienda y a la Delegación del Gobierno. Sus portavoces acusaron al Ejecutivo de mantener guardado el decreto que habría protegido a Maricarmen y rechazaron que su caso se utilice ahora para repartir culpas. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales habló de un "profundo fracaso" de las tres administraciones.
La movilización ha dejado atrás cualquier margen para los discursos complacientes. Una mujer vulnerable fue expulsada de su hogar después de ocho años de lucha, pese a la petición de suspensión de Naciones Unidas, la mediación pública y las ofertas para alcanzar un acuerdo con la propiedad. Al mismo tiempo, miles de personas acabaron cargadas por la Policía cuando reclamaban que la vivienda dejara de tratarse como una mercancía.
El próximo Consejo de Ministros se celebra el martes 29. Sumar exige que el decreto llegue completo, con el escudo antidesahucios y las prórrogas de los alquileres. Moncloa continúa negociando y todavía no garantiza que vaya a incluirlo en el orden del día.
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