El desahucio de Maricarmen ha acabado con la paciencia de Sumar. La salida forzosa de la mujer de 87 años de la casa madrileña en la que llevaba viviendo desde 1956 ha convertido el malestar acumulado durante meses en un ultimátum al PSOE para que el nuevo decreto de vivienda llegue al Consejo de Ministros del próximo martes.
Fuentes internas de Sumar consultadas por 'ElConstitucional.es' describen un profundo hartazgo con el ala socialista del Ejecutivo, con la gestión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y con la respuesta ofrecida ante un desahucio conocido desde hace meses. Dentro del espacio también ha provocado indignación el operativo policial desplegado este miércoles en Madrid.
“Solo te puedo decir que el decreto de prórroga de alquileres tiene que aprobarse cuanto antes”, recalca a este periódico un representante del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar. La formación reclama que el texto incluya la recuperación de la moratoria para hogares vulnerables y una cláusula específica que impida repetir situaciones como la vivida por Maricarmen.
La crisis ha reabierto además una discusión que atraviesa a la izquierda de la coalición. El sector de los Comuns más próximo a Ada Colau sostiene que permanecer en el Gobierno pierde sentido si el PSOE sigue frenando las principales medidas de vivienda. Desde el núcleo gubernamental de Sumar, encabezado en este pulso por Ernest Urtasun, defienden continuar dentro del Consejo de Ministros para arrancar avances concretos y proteger a la clase trabajadora.
La salida del Gobierno no constituye por ahora una posición acordada por Sumar, aunque ha dejado de ser un asunto reservado a conversaciones privadas. Colau ha llevado abiertamente ese debate al espacio público y ha pedido a sus compañeros que rompan con los socialistas si vuelven a bloquear medidas frente a los fondos de inversión.
Un desahucio que ha desbordado la paciencia de Sumar
La imagen que ha encendido la coalición se ha producido a primera hora de este miércoles. La comisión judicial ha ejecutado el lanzamiento mientras cientos de personas trataban de impedirlo frente al número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda. La Policía Nacional ha apartado a los concentrados y los operarios han accedido a la vivienda. Maricarmen ha abandonado en camilla la casa donde ha pasado los últimos 71 años.
La mujer tiene reconocida una discapacidad del 50%, cobra una pensión de unos 1.350 euros y pagaba alrededor de 500 euros mensuales por un alquiler de renta antigua. La empresa propietaria, Urbagestión Desarrollo e Inversiones, llegó a reclamarle 2.650 euros y posteriormente planteó una rebaja hasta los 1.650, todavía por encima de todos sus ingresos.
La propiedad había rechazado la propuesta del Ministerio de Vivienda para adquirir el inmueble, la posibilidad de compensar parte de las rentas y hasta la oferta de una donante dispuesta a cubrir la diferencia del alquiler. Tampoco atendió la petición de suspensión cautelar trasladada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas mientras se encontraba una alternativa habitacional adecuada.
Ernest Urtasun ha calificado lo ocurrido como “una auténtica vergüenza” y un “punto de inflexión”. El ministro de Cultura ha exigido que el decreto se apruebe “sin falta” el próximo martes y ha pedido estudiar todas las herramientas legales disponibles, incluida la expropiación de la vivienda.
Urtasun tacha de "auténtica vergüenza" el desahucio de Maricarmen y pide aprobar ya el decretohttps://t.co/aS7sCN7mIl pic.twitter.com/btxSPYFKg4
— Europa Press TV (@europapress_tv) September 23, 2026
“Este país no espera absolutamente nada del PP, del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, pero del Gobierno progresista sí”, ha afirmado. Urtasun considera que la empresa ha echado un pulso a las administraciones al rechazar las soluciones planteadas y sostiene que el Ejecutivo debe responder.
Pablo Bustinduy también ha definido el desahucio como una “indecencia” y ha reclamado que el acuerdo alcanzado dentro de la coalición se cumpla de inmediato. Mónica García ha sido igualmente tajante al advertir de que “el PSOE no puede seguir dilatándolo más”.
La portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha explicado en 'Al Rojo Vivo' el alcance político y social que ha adquirido el caso. “La gente está agotada. No hay más de donde sacar”, ha señalado antes de definir a Maricarmen como el símbolo de un problema que afecta ya al conjunto del país.
No tenéis vergüenza! La semana pasada llevamos una ley para frenar la compra especulativa de fondos buitres… y para sorpresa de nadie el PSOE se abstuvo, no dejó ni que entrara a trámite para su debate. https://t.co/WL6ax2WKio
— Tesh Sidi🇪🇭 (@teshsidi) September 23, 2026
La indignación también alcanza al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno en Madrid. El grupo parlamentario ha registrado varias preguntas para aclarar el papel de la Policía Nacional, las instrucciones recibidas por los agentes y las denuncias sobre posibles agresiones y un uso desproporcionado de la fuerza durante el operativo.
Fuentes de Sumar trasladan a este periódico su vergüenza por unas imágenes que consideran incompatibles con la acción de un Ejecutivo progresista. El malestar vuelve a situar a Fernando Grande-Marlaska bajo presión dentro de la coalición después de otros enfrentamientos por actuaciones policiales.
El diputado Alberto Ibáñez ha reclamado que el Gobierno expropie la vivienda y ha asegurado que, si la ministra competente carece de capacidad para hacerlo, debe asumir responsabilidades. Tesh Sidi ha recordado que el PSOE se abstuvo hace apenas una semana ante la propuesta de Sumar para impedir que empresas y fondos compren viviendas con fines especulativos.
Davant les polítiques especulatives dels governs autonòmics i locals del PPVOX i les excuses del PSOE s’ha de reaccionar.
— Alberto Ibáñez i Mezquita 🍉 (@alberto_aim) September 23, 2026
Hem de fer com a Berlín, socialitzar les cases dels fons buitre per a tornar-les al poble.
Dimarts el gobierno ha de començar pel de MariCarmen. pic.twitter.com/nvEl927VfR
El decreto sigue atrapado en el Congreso
La exigencia de Sumar tropieza con la aritmética parlamentaria. El Gobierno ya aprobó en primavera un decreto que ampliaba la protección de los inquilinos, pero PP, la ultraderecha Vox, Junts y UPN lo derribaron en el Congreso, mientras el PNV se abstuvo. La negociación retomada antes del verano tampoco permitió reunir una mayoría y el Ejecutivo evitó llevar un nuevo texto al Consejo de Ministros para ahorrarse otra derrota.
Sumar reclama ahora asumir el riesgo político. Su planteamiento pasa por aprobar la norma, enviarla al Congreso y obligar a cada grupo a retratarse en la votación. “Si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen”, ha defendido Bustinduy.
El borrador contempla una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que vencieran hasta finales de 2027, un límite del 2% para su actualización anual y cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estos últimos permitirían suspender lanzamientos de personas vulnerables incluso cuando exista una sentencia firme y aplicar la protección a procedimientos que ya se encuentran en marcha.
Sumar quiere que esas medidas se aprueben junto con la renovación del escudo anticrisis, cuya vigencia termina el 1 de octubre. El calendario convierte el Consejo de Ministros del martes 29 en la fecha límite que el socio minoritario ha marcado al PSOE.
Las conversaciones con Junts y Podemos continúan abiertas. Los independentistas catalanes han rechazado hasta ahora la prórroga obligatoria de los alquileres, mientras Podemos amenaza con oponerse si el decreto incorpora beneficios fiscales para propietarios. Esa concesión ha sido planteada por el sector socialista para atraer a Junts, pero complica los votos por la izquierda. Incluso con el respaldo de los siete diputados de Junts, el Ejecutivo necesitaría al menos la abstención de Podemos.
El Ministerio de Vivienda mantiene que la norma debería llegar al Consejo cuando tenga garantizada su convalidación. Sumar rechaza esa espera y recuerda que la falta de apoyos ha servido para aplazar durante meses un acuerdo firmado por los dos socios del Ejecutivo.
Hace una semana llevamos al Congreso una ley para prohibir a las empresas comprar casas para especular.
— Antonio Maíllo (@MailloAntonio) September 23, 2026
El PSOE se abstuvo y PP, VOX y Junts votaron en contra.
Hoy, la policía ha desahuciado a Maricarmen porque un fondo de inversión ha comprado su casa para especular.
La abstención socialista ante la proposición de Sumar para limitar la compra especulativa de viviendas ha agravado el choque. La iniciativa recibió 44 votos favorables, 175 en contra y 127 abstenciones. PP, Vox y Junts la rechazaron, mientras el PSOE impidió con su abstención que comenzara siquiera su tramitación.
Antonio Maíllo ha acusado a los socialistas de carecer de valentía y ha dirigido también sus críticas contra Isabel Rodríguez. El coordinador federal de Izquierda Unida considera especialmente grave que la ministra se haya limitado a lamentar que la propiedad rechazara las propuestas del Gobierno.
En los Comuns, la intervención de Ada Colau ha elevado todavía más la presión. La exalcaldesa de Barcelona ha acusado al PSOE de bloquear las políticas destinadas a frenar a los fondos y ha afirmado que el Gobierno de coalición “no ha hecho todo lo que podía hacer”.
“No podemos ser cómplices de esta cobardía”, ha advertido. Su mensaje a Sumar ha sido directo. Si el PSOE rechaza medidas valientes, ha dicho, “será mejor dejarle solo”.
La posición de Colau encuentra respaldo entre dirigentes y cuadros de los Comuns que consideran agotada la capacidad de presión interna. El sector de Urtasun replica que abandonar el Ejecutivo entregaría todas las decisiones al PSOE y reduciría las posibilidades de sacar adelante medidas sociales durante el tiempo que queda de legislatura.
Ese equilibrio dependerá de lo que ocurra durante los próximos seis días. Sumar exige que el decreto llegue al Consejo de Ministros aunque los votos todavía no estén cerrados. El mensaje que ha trasladado este miércoles a sus socios cabe en las cuatro palabras con las que Urtasun ha fijado el plazo al PSOE. “El martes toca actuar”.
Añadir ElConstitucional.es como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado de todas las noticias de última hora y con la mejor información. Contra la desinformación, por la democracia y los derechos sociales.
