Sumar pisa el acelerador con el decreto de vivienda y negocia con Junts para llevarlo "lo antes posible" al Consejo de Ministros

La prórroga automática de los alquileres hasta 2028 vuelve al centro del curso político tras quedar aparcada en julio; Urtasun quiere asegurar primero la mayoría en el Congreso mientras Podemos rechaza las concesiones fiscales a los propietarios

31 de agosto de 2026 a las 20:28h
La cocoordinadora general de Movimiento Sumar y secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, y el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. Alberto Ortega / Europa Press
La cocoordinadora general de Movimiento Sumar y secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, y el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. Alberto Ortega / Europa Press

Sumar ha elegido la vivienda para abrir uno de sus primeros pulsos políticos después del verano. El socio minoritario del Gobierno quiere recuperar cuanto antes el gran decreto que quedó aparcado en julio y lleva semanas negociando especialmente con Junts para garantizar que esta vez la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler llegue viva al Congreso.

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha confirmado este lunes que las conversaciones continúan abiertas y ha situado a la formación de Carles Puigdemont en el centro de las negociaciones. Su objetivo pasa por llevar el real decreto ley "lo antes posible" al Consejo de Ministros, pero evitando repetir el escenario de hace unos meses: aprobar una norma sin tener detrás los votos suficientes para convalidarla.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido esta misma mañana durante su entrevista en 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER que el texto sigue negociándose. Ha resumido además bastante bien el problema parlamentario que tiene delante la coalición. Para Junts, algunas medidas resultan "excesivas"; para los partidos situados a la izquierda del PSOE, son insuficientes.

"Estamos trabajando en ese real decreto ley, no para aprobarlo en el Consejo de Ministros, sino para convalidarlo en las Cortes Generales", ha explicado Sánchez, que ha pedido a los grupos un ejercicio de "responsabilidad máxima". El matiz marca la estrategia escogida tras el verano: Moncloa prefiere esperar antes que exponerse a otra derrota parlamentaria.

El paquete pactado por PSOE y Sumar tiene como principal bandera la prórroga automática de determinados contratos de alquiler hasta 2028. También se han planteado medidas para limitar los abusos en los alquileres de temporada y de habitaciones, elevar al 21% el IVA de los pisos turísticos y ofrecer incentivos fiscales a propietarios que reduzcan las rentas. El contenido definitivo continúa sujeto a la negociación parlamentaria.

Junts y Podemos tiran del decreto en direcciones opuestas

La dificultad está en construir una mayoría con socios que parten de posiciones prácticamente enfrentadas. Junts calificó antes del verano el proyecto de "intervencionista", reclamó respeto a las competencias de Cataluña y exigió cambios que protejan más a los pequeños propietarios. Entre las fórmulas que se negocian aparecen bonificaciones fiscales para los caseros, una concesión que Sumar ha llegado a describir internamente como un "sapo" necesario para conseguir votos.

Los de Puigdemont también han defendido deducciones relacionadas con el alquiler y las hipotecas, más inversión en vivienda pública y modificaciones en otras partes del paquete. Sumar considera que existe margen para entenderse y lleva manteniendo conversaciones durante agosto para intentar cerrar ese apoyo.

El problema aparece inmediatamente al otro extremo de la mayoría. Podemos ya advirtió antes del verano de que no respaldará ventajas fiscales para los propietarios y reclamó mantener medidas de protección frente a los desahucios de familias vulnerables. También rechaza introducir determinados cambios en la Ley del Suelo dentro del mismo paquete.

La formación morada ha endurecido todavía más su posición este lunes. Su coportavoz, Pablo Fernández, ha situado a Podemos a una distancia "sideral" de la política de vivienda del Gobierno y ha acusado al Ejecutivo de haber beneficiado durante la legislatura a "rentistas, fondos buitre y grandes tenedores". Para Podemos, la vivienda se ha convertido en "el principal punto negro de este Gobierno".

El precedente explica las precauciones. El Congreso ya rechazó el pasado abril un decreto que incluía la extensión extraordinaria de los alquileres. PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) se abstuvo. Sumar aseguró entonces que volvería a presentar la medida "las veces que haga falta".

La nueva versión intenta precisamente ampliar el terreno de acuerdo. PSOE y Sumar incorporaron más instrumentos sobre alquiler turístico, contratos temporales, incentivos y vivienda asequible para que cada socio pudiera encontrar elementos suficientes para respaldar el conjunto. El decreto estuvo a punto de llegar al último Consejo de Ministros de julio, pero la falta de garantías sobre Junts y Podemos terminó obligando a aplazarlo.

Sumar se juega una de sus principales banderas del curso

La vivienda tiene además una importancia política especial para Sumar. Después de meses de dificultades internas y con el espacio formado por Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns todavía pendiente de definir su futura candidatura electoral, sus dirigentes necesitan traducir su presencia en el Gobierno en medidas reconocibles antes de que termine la legislatura.

La prórroga de los alquileres es una de ellas. Sumar lleva meses presentándola como una protección inmediata para quienes están llegando al final de contratos firmados durante los últimos años y pueden encontrarse con fuertes subidas cuando tengan que renegociarlos. El departamento de Derechos Sociales llegó a calcular que el nuevo mecanismo podría alcanzar a cerca de cuatro millones de personas.

El escenario de fondo tampoco ayuda a rebajar la presión. La falta de oferta sigue alimentando el encarecimiento de la vivienda y el Banco de España ha estimado un déficit acumulado de unas 750.000 viviendas entre 2021 y 2025. El Gobierno acaba además de comenzar el reparto de los primeros 800 millones del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones entre financiación estatal y autonómica.

Para Sumar, conseguir el decreto permitiría recuperar iniciativa en una legislatura en la que el Congreso se ha convertido en un terreno cada vez más complicado para la coalición. La negociación obliga al mismo tiempo a aceptar concesiones que incomodan dentro de la propia izquierda, especialmente las bonificaciones fiscales reclamadas para atraer a Junts.

Urtasun ha dejado este lunes claro hasta dónde llegará esa cautela parlamentaria. "Lo vamos a llevar lo antes posible al Consejo de Ministros, tratando de tener los votos amarrados en el Congreso para que esta vez pueda ser convalidado".

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Jaime Barrionuevo, redactor de ElConstitucional.es
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