El nuevo decreto de vivienda del Gobierno vuelve a estar en peligro antes incluso de llegar al Consejo de Ministros. Junts ha avisado de que rechazará el borrador pactado por PSOE y Sumar si mantiene su redacción actual, una posición que deja sin mayoría parlamentaria la prórroga de los contratos de alquiler hasta el verano de 2028.
La formación de Carles Puigdemont considera que el texto sigue apoyándose en medidas "intervencionistas" y no incorpora el grueso de sus propuestas. "Si mantiene las medidas que perpetúan las ocupaciones y no protegen ni al inquilino ni al pequeño propietario, y no incorpora las propuestas de Junts, no tendrá nuestro apoyo", han advertido fuentes del partido.
El rechazo resulta decisivo. El decreto necesita ser convalidado por el Congreso después de su aprobación y publicación en el BOE, y la suma actual de apoyos vuelve a ser insuficiente ante la oposición de PP y la ultraderecha Vox y las reservas expresadas por otros socios habituales del Ejecutivo.
Una prórroga que puede beneficiar a cuatro millones de personas
PSOE y Sumar habían anunciado este miércoles su acuerdo para incluir una extensión extraordinaria de hasta dos años para los contratos de vivienda habitual que venzan antes del 30 de junio de 2028. Según los cálculos del socio minoritario del Gobierno, la medida podría alcanzar a cerca de cuatro millones de personas repartidas en un millón y medio de hogares.
La prórroga permitiría a los inquilinos permanecer en sus viviendas durante ese periodo sin tener que firmar un contrato nuevo en un mercado marcado por la subida de precios. Constituye la principal conquista de Sumar dentro de un decreto más amplio que también pretende frenar el uso fraudulento del alquiler de temporada y de habitaciones.
Junts reclama otro planteamiento. Su propuesta contempla desgravaciones en el IRPF para los inquilinos, deducciones sobre parte de la cuota hipotecaria de los pequeños propietarios y la recuperación de las cuentas de ahorro destinadas a comprar una vivienda. El borrador limita las ayudas fiscales a determinados jóvenes y a los caseros que alquilen por debajo del mercado o rebajen el precio, una respuesta que el partido independentista considera insuficiente.
La formación también exige desbloquear su proposición contra la ocupación ilegal para acelerar los desalojos. Sus críticas se dirigen especialmente a la suspensión de lanzamientos cuando una familia vulnerable carece de alternativa habitacional.
El texto intenta descargar parte de ese coste sobre las administraciones. Las comunidades autónomas tendrían que compensar a los propietarios que no sean grandes tenedores por las rentas y suministros impagados, así como por los daños ocasionados durante el tiempo en el que el desahucio permanezca suspendido. Junts reclama que sea el Estado quien asuma directamente toda la factura de las políticas sociales de vivienda.
El precedente de abril persigue al Gobierno
La amenaza llega menos de tres meses después del anterior fracaso parlamentario. El Congreso derogó el 28 de abril otro real decreto que permitía prorrogar durante dos años los contratos de alquiler y limitaba la actualización anual de las rentas.
Aquella votación terminó con 166 votos favorables, 177 en contra y cinco abstenciones. PP, los ultras de Vox y Junts tumbaron la norma, mientras el PNV optó por abstenerse, pese a los intentos de Sumar por alcanzar un acuerdo hasta las horas previas al pleno.
El decreto estuvo vigente durante aproximadamente un mes antes de decaer. El nuevo pacto entre los dos socios del Gobierno pretendía recuperar aquella protección y ampliar su alcance hasta junio de 2028, pero la primera reacción de Junts devuelve la negociación al mismo punto.
La formación independentista insiste en que las políticas aplicadas hasta ahora han reducido la oferta y trasladado los problemas de acceso a la vivienda a municipios donde antes tenían menor incidencia. Frente a las limitaciones de precios, defiende elevar la construcción, movilizar pisos vacíos y recurrir a incentivos fiscales.
Podemos y el PNV también ponen condiciones
Junts tampoco es el único socio que cuestiona el borrador. Podemos ha situado como una línea roja la reforma de la Ley del Suelo incluida dentro del decreto, al considerar que reduce los controles judiciales sobre los planes urbanísticos y puede facilitar la legalización posterior de proyectos irregulares.
El partido de Ione Belarra exige retirar ese bloque antes de abrir una negociación sobre el resto de las medidas. También reclama mantener la protección frente a los desahucios para las personas vulnerables y rechaza introducir requisitos que reduzcan el número de inquilinos beneficiados.
El PNV mantiene la posición contraria sobre la reforma urbanística y defiende su inclusión, aunque pide garantías para preservar las competencias autonómicas. Respecto a los alquileres, los nacionalistas vascos plantean que la prórroga quede reservada a quienes se encuentren al corriente de los pagos.
Estas exigencias dejan al Ejecutivo ante intereses difícilmente compatibles. Sumar ha asegurado que estudiará las propuestas de los grupos siempre que no provoquen una subida de precios ni debiliten la permanencia de las familias en sus viviendas.
El decreto incorpora además límites al alquiler temporal. Los contratos deberán justificar su duración, no podrán superar los doce meses y, cuando se arrienden habitaciones por separado, la suma de las rentas no podrá rebasar el precio máximo correspondiente al piso completo.
También se preparan modificaciones fiscales para las socimis, incentivos a los propietarios que ofrezcan alquileres asequibles y nuevas reglas sobre las viviendas turísticas. El Gobierno prevé llevar el texto al Consejo de Ministros del próximo 28 de julio, con margen todavía para introducir cambios antes de su convalidación parlamentaria.
Junts y el PP frenan otra ley de vivienda en Cataluña
El rechazo al decreto estatal coincide con otro movimiento de Junts en el Parlament. El partido de Puigdemont y el PP han solicitado al Consell de Garanties Estatutàries un informe sobre la ley catalana que pretende limitar la compra especulativa de viviendas en las zonas tensionadas.
La petición aplaza la votación final, prevista inicialmente para este jueves, hasta después del verano. La iniciativa fue impulsada por los Comuns y pactada con el Govern de Salvador Illa como parte de la negociación presupuestaria, aunque PSC, ERC y los propios Comuns todavía discutían el alcance definitivo de las restricciones.
La propuesta permitiría a los ayuntamientos impedir determinadas operaciones cuando la vivienda no se destine a residencia habitual, al uso de un familiar o a un alquiler estable sometido a los límites vigentes. Las enmiendas del PSC y ERC buscaban centrar las restricciones en los grandes propietarios.
Junts sostiene que la reforma puede vulnerar el derecho a la propiedad, la libertad de empresa, la autonomía municipal y la libre circulación de bienes. También cuestiona que se utilice la legislación urbanística para regular aspectos propios del derecho civil.
El Consell de Garanties dispone ahora de un mes para emitir un dictamen que tendrá carácter consultivo. La votación del texto quedará aplazada, como mínimo, hasta el siguiente periodo de sesiones del Parlament, previsto para finales de septiembre o comienzos de octubre.
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