El nuevo decreto de vivienda del Gobierno todavía no ha llegado al Consejo de Ministros y ya tiene una amenaza encima de la mesa. Podemos ha avisado este martes de que no apoyará “ni por activa ni por pasiva” un texto que incluya beneficios fiscales para propietarios, una de las vías que el PSOE estudia para atraer a Junts y evitar otro batacazo parlamentario.
Ione Belarra ha convertido el aviso en una línea roja. La secretaria general de Podemos ha rechazado cualquier “regalo fiscal a los caseros” y ha recordado que sus cuatro diputados también son decisivos. “Igual que hay votos imprescindibles en la derecha catalana, hay votos imprescindibles en la izquierda”, ha lanzado en el Congreso. El mensaje iba para Moncloa, pero también para Sumar.
La tensión llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno. PSOE y Sumar pactaron recuperar en julio un paquete de vivienda después de que el Congreso tumbara en abril la prórroga extraordinaria de los alquileres, con el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN y la abstención del PNV. Esta vez Moncloa quiere llegar con los apoyos atados antes de llevar el decreto a votación.
El problema es que la aritmética vuelve a apretar por todos los lados. Junts pide incentivos fiscales para propietarios que congelen o bajen rentas. Podemos rechaza esa puerta de entrada porque considera que consolida el negocio de quienes ya se benefician del mercado del alquiler. El Gobierno intenta coser una mayoría que puede romperse por cualquiera de sus costuras.
Belarra pide trocear el decreto
Podemos no se limita a amenazar con el no. También propone que el Gobierno divida el decreto y separe la prórroga de los alquileres de las posibles ayudas fiscales a propietarios. El precedente está en el escudo social, cuando el Ejecutivo troceó medidas para esquivar el bloqueo de Junts y salvar parte del paquete.
La formación morada sostiene que no aceptará votar un texto cerrado que mezcle protección a inquilinos con bonificaciones a caseros. Belarra ha acusado al Gobierno de no haber hecho nada eficaz en vivienda y de seguir alimentando políticas de especulación. “Nadie espera demasiado de ese real decreto”, ha dicho, antes de señalar que muchos propietarios se han construido un “sueldo Nescafé” con las rentas del alquiler.
Podemos se apoya en un dato de fuerte carga política. En 2025, casi 28.000 millones de euros pasaron de inquilinos a propietarios en España, y cerca de 12.500 millones terminaron en manos del 10% más rico. Para Belarra, hablar de rebajas fiscales a propietarios en ese contexto equivale a premiar a quienes más ganan con una crisis que golpea sobre todo a jóvenes, familias trabajadoras y personas migrantes.
La vivienda se ha convertido en el gran punto débil de la legislatura. La Ley de Vivienda de 2023 abrió la puerta a limitar precios en zonas tensionadas, pero su aplicación depende en gran parte de comunidades autónomas que, en manos del PP, se han negado a usar esa herramienta. Mientras tanto, los alquileres siguen disparados y el Gobierno intenta corregir por decreto algunos agujeros del mercado.
Sumar intenta salvar la medida
Sumar ha salido a contener el choque. Aina Vidal, portavoz adjunta del grupo y dirigente de los Comuns, ha pedido a Podemos que abandone las posiciones “maximalistas” y apoye el decreto cuando llegue al Congreso. Su argumento es sencillo: el texto puede permitir que más de tres millones de personas prorroguen sus contratos de alquiler.
Vidal ha admitido que Junts tiene intereses inmobiliarios muy marcados y ha llegado a definirlo como la “patronal de la inmobiliaria”. Aun así, ha defendido que un decreto ley no puede funcionar como un programa electoral completo y que la izquierda no debería dejar caer una medida útil para los inquilinos por no contener todo lo que cada partido quiere.
El paquete que prepara el Gobierno incluye la recuperación de la prórroga extraordinaria de los contratos, la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones, la obligación de formalizar contratos por escrito y la subida del IVA de los pisos turísticos al 21%. También se estudian incentivos fiscales a propietarios que reduzcan o congelen rentas, justo el punto que ha encendido a Podemos.
Ese debate no es menor. Los alquileres temporales, por habitaciones y turísticos se han convertido en vías habituales para esquivar la vivienda habitual y sacar más rentabilidad a los pisos. En grandes ciudades y zonas tensionadas, esas fórmulas han reducido oferta estable, han encarecido precios y han empujado a muchos vecinos fuera de sus barrios.
El Gobierno quería llegar al verano con una victoria social en vivienda. Ahora necesita convencer a Junts sin perder a Podemos, y convencer a Podemos sin espantar a Junts. El decreto aún no tiene fecha cerrada en el Consejo de Ministros.
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