El partido de extrema derecha liderado por Santiago Abascal ha lanzado una campaña racista bajo el lema: “La inmigración masiva tiene consecuencias”, la cual ha sido presentada ante los medios por la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y por el diputado del partido Carlos H. Quero, en las puertas del Congreso de los Diputados.
Esta iniciativa llega después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya anunciado la aprobación del real decreto para llevar a cabo el proceso de regularización extraordinaria de personas en situación irregular, este martes en el Consejo de Ministros. A su vez se debe a otra propuesta del Ejecutivo que incomoda a Vox, el derecho que reconoce la sanidad pública para los extranjeros que habitan en nuestro país, pero no poseen la residencia legal.
En este sentido, los de extrema derecha consideran que darle derechos dignos a las personas que han venido a nuestro país para conseguir un futuro mejor, aumenta “el precio de la vivienda”; conlleva la “escasez de ayudas sociales”; colapsa “la sanidad”; aumenta la “inseguridad” o provoca “salarios pauperizados”.
En esta misma línea, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado las medidas sociales del Gobierno como “las políticas suicidas de Sánchez” y la portavoz de la formación de ultraderecha ha defendido: “No podemos ser el hospital del mundo. La solidaridad sin control no es solidaridad, es una irresponsabilidad”.
"Las casas que se abran en España tendrán que ser para los españoles y los servicios públicos tendrán que ser prioritariamente para los españoles", ha continuado el diputado de Vox.
Regulación extraordinaria
El Gobierno español aprobará este martes el Real Decreto‑Ley de regularización extraordinaria para cientos de miles de migrantes que llevan años viviendo en el país en situación irregular, con el objetivo de darles seguridad jurídica, acceso a trabajo formal y a los servicios sociales básicos. La medida se basa en un acuerdo político con Podemos y responde a una iniciativa legislativa popular apoyada por más de 700.000 firmas, y se presenta como parte de una política migratoria más orientada a los derechos humanos y a la integración.
Entre los requisitos principales figuran: llevar viviendo en España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar al menos cinco meses de residencia continuada en el momento de presentar la solicitud, normalmente mediante el empadronamiento u otros documentos probatorios; no tener antecedentes penales ni en España ni en los países de residencia de los últimos cinco años y no suponer una amenaza para el orden público o la seguridad; además, no debe estar prohibida su entrada en España ni encontrarse dentro de un compromiso de no retorno, y en su caso deberá pagar la tasa administrativa correspondiente.
Derecho a la sanidad
“El objeto principal de la norma es establecer un procedimiento homogéneo y efectivo en todo el territorio nacional para reconocer el derecho a la salud de las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes. Con esta regulación se busca garantizar la equidad y evitar las desigualdades en este colectivo, lo que permite un mejor control de las enfermedades desde la atención primaria y un uso más eficiente de los recursos públicos”, explica la web de Sanidad.
Las personas que se encuentren en esta situación y quieran acudir a tratarse en la sanidad pública, tendrán que aportar una declaración responsable afirmando que no disponen de cobertura sanitaria por otra vía, a la que deben incluir a su vez, la residencia habitual, a través del empadronamiento, certificados de escolarización, facturas de suministros o informes de servicios sociales.
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