Maricarmen podrá regresar a su vivienda en Madrid después de que Urbagestión haya aceptado su retorno, según ha comunicado la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), que ha ejercido como mediadora en el proceso. El entendimiento llega tras cinco días de intensas protestas y a escasas horas de que el Congreso se pronuncie sobre un nuevo decreto de vivienda impulsado, precisamente, al calor de este desalojo.
El acuerdo, que por ahora está cerrado, queda a falta de que lo valide la propia Maricarmen, la vecina de 87 años que fue desahuciada el pasado miércoles y que, desde que salió de casa en camilla, se recupera en el Hospital Universitario Gregorio Marañón. La EMVS ha informado de que los detalles se comunicarán en breve, aunque por el momento no han trascendido más precisiones sobre las condiciones del retorno.
Intenso debate político: este martes, día clave para el Gobierno
La situación de esta anciana se ha convertido en uno de los casos más visibles del debate sobre la vivienda, en un contexto en el que el nuevo decreto que se somete a decisión busca frenar la expulsión de arrendatarios en circunstancias similares. La secuencia de los hechos ha estado marcada por el desalojo del miércoles, las protestas posteriores y la mediación institucional que ha desembocado ahora en el acuerdo anunciado por la empresa municipal.
Tal y como venimos avanzando en ElConstitucional.es, el último borrador del decreto de vivienda que el Gobierno quiere aprobar este martes en el Consejo de Ministros se ha filtrado en plena negociación con sus socios. El documento, que todavía puede sufrir cambios, suspende los desahucios de personas vulnerables hasta finales de 2028, permite prorrogar determinados alquileres y endurece las condiciones de los contratos temporales.
La propuesta llega después del desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada la semana pasada de la casa donde vivía desde 1956. Su caso ha reabierto el debate sobre la protección de los hogares vulnerables y ha impulsado una acampada en la Puerta del Sol que exige al Ejecutivo medidas inmediatas.
El texto establece que los tribunales deberán paralizar el lanzamiento cuando la persona afectada acredite su vulnerabilidad, carezca de otra vivienda y las administraciones no sean capaces de ofrecerle una alternativa. La suspensión se revisará cada doce meses y podrá prolongarse durante un máximo de tres años.
Si el propietario es un particular, la Administración asumirá las compensaciones por las mensualidades impagadas, los suministros y otros posibles perjuicios. Esta fórmula trata de atender una de las principales exigencias de Junts, que reclama reforzar la protección de los inquilinos sin cargar su coste sobre los pequeños caseros.
El borrador permite también que los arrendatarios con contratos que terminen antes del 31 de diciembre de 2028 soliciten una prórroga extraordinaria de hasta dos años. El inquilino tendrá que estar al corriente de pago y el propietario deberá mantener el precio y las condiciones, salvo que necesite recuperar la vivienda para uso propio o de su familia.
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