El último borrador del decreto de vivienda que el Gobierno quiere aprobar este martes en el Consejo de Ministros se ha filtrado en plena negociación con sus socios. El documento, que todavía puede sufrir cambios, suspende los desahucios de personas vulnerables hasta finales de 2028, permite prorrogar determinados alquileres y endurece las condiciones de los contratos temporales.
La propuesta llega después del desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada la semana pasada de la casa donde vivía desde 1956. Su caso ha reabierto el debate sobre la protección de los hogares vulnerables y ha impulsado una acampada en la Puerta del Sol que exige al Ejecutivo medidas inmediatas.
El texto establece que los tribunales deberán paralizar el lanzamiento cuando la persona afectada acredite su vulnerabilidad, carezca de otra vivienda y las administraciones no sean capaces de ofrecerle una alternativa. La suspensión se revisará cada doce meses y podrá prolongarse durante un máximo de tres años.
Si el propietario es un particular, la Administración asumirá las compensaciones por las mensualidades impagadas, los suministros y otros posibles perjuicios. Esta fórmula trata de atender una de las principales exigencias de Junts, que reclama reforzar la protección de los inquilinos sin cargar su coste sobre los pequeños caseros.
El borrador permite también que los arrendatarios con contratos que terminen antes del 31 de diciembre de 2028 soliciten una prórroga extraordinaria de hasta dos años. El inquilino tendrá que estar al corriente de pago y el propietario deberá mantener el precio y las condiciones, salvo que necesite recuperar la vivienda para uso propio o de su familia.
Un borrador que todavía no cierra el acuerdo
La regulación del alquiler temporal ocupa buena parte del documento. Los contratos deberán justificar una necesidad concreta y acreditable, tendrán una duración máxima de doce meses y pasarán a considerarse alquileres habituales cuando carezcan de una causa válida o se encadenen para evitar las garantías legales.
La nueva regulación limita las garantías adicionales, prohíbe trasladar al inquilino los gastos de gestión y evita que el casero pueda imponerle un seguro de impago. En las zonas tensionadas, el precio tampoco podrá superar la renta anterior o el máximo fijado por el índice estatal.
El paquete incorpora deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los inquilinos de zonas tensionadas y reducciones de hasta el 100% para los propietarios que cumplan determinadas condiciones. También permite aplicar recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a viviendas vacías y pisos turísticos.
Entre las medidas dirigidas a la compra figura la línea 'TU CASA', que concederá préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses ni comisiones a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El Gobierno ampliará asimismo hasta 2.000 millones de euros los avales para proyectos de vivienda asequible y rehabilitación.
La filtración ha confirmado también las ausencias que mantienen abierto el choque con Sumar. El borrador no regula el alquiler por habitaciones ni garantiza la renovación automática de todos los contratos. Fuentes del socio minoritario consultadas por 'ElConstitucional.es' reconocen avances, pero advierten de que el acuerdo "todavía no está cerca".
El Sindicato de Inquilinas considera insuficiente cualquier texto que mantenga una fecha de caducidad para los alquileres. Su portavoz, Rufina Parra, ha avisado desde la Puerta del Sol de que la protesta seguirá aunque el Gobierno apruebe parte de sus demandas y ha rechazado aceptar un "decreto falso".
Podemos reclama medidas más duras contra los fondos de inversión y ha ligado su voto a la valoración del movimiento de vivienda. Junts valora las compensaciones a los pequeños propietarios y las ventajas fiscales, aunque continúa reclamando garantías adicionales antes de comprometer sus siete diputados.
El Gobierno pretende aprobar el texto este martes aunque la mayoría parlamentaria siga abierta. Después de publicarse en el Boletín Oficial del Estado, dispondrá de un máximo de 30 días para conseguir que el Congreso lo convalide y evitar que vuelva a decaer como ocurrió con el anterior decreto.
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