España afronta una nueva etapa en su sistema público de cuidados. El Congreso cerró este miércoles la aprobación definitiva de la mayor reforma de las leyes de dependencia y discapacidad desde 2006, un cambio que amplía prestaciones, reduce los tiempos de espera y concede mayor capacidad de decisión a quienes necesitan apoyos para desarrollar su vida cotidiana.
El texto sitúa la voluntad de cada persona en el centro del sistema. Quienes tengan reconocida una situación de dependencia podrán participar en la elección de las ayudas que reciben, decidir dónde quieren vivir y combinar servicios que hasta ahora resultaban incompatibles en buena parte del país. La atención dejará de concentrarse casi exclusivamente dentro de las viviendas y las residencias para extenderse también a los barrios y a la vida comunitaria.
El Pleno se pronunció este miércoles sobre las enmiendas incorporadas durante la tramitación en el Senado. La reforma había salido adelante en el Congreso el pasado julio con 179 votos a favor, 33 en contra de Vox y 137 abstenciones del Partido Popular. De las más de 60 modificaciones aprobadas posteriormente en la Cámara Alta, alrededor de una veintena han quedado incorporadas al texto definitivo.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha presentado la ley como una "refundación" del modelo de cuidados y "la mayor reforma social en décadas". Su departamento sostiene que el sistema comienza a abandonar una estructura rígida, marcada durante años por las incompatibilidades y los largos procedimientos administrativos, para avanzar hacia una atención más cercana y personalizada.
Elegir cómo y dónde recibir los cuidados
Uno de los cambios más relevantes será la posibilidad de combinar prestaciones y servicios. Una persona que acuda a un centro de día podrá recibir también ayuda en su domicilio, mientras las comunidades autónomas deberán adaptar progresivamente sus normas y eliminar las incompatibilidades antes de 2030.
La ayuda a domicilio podrá utilizarse para acompañar a la persona fuera de casa, acudir al médico, hacer la compra o participar en actividades de su entorno. También se amplía la asistencia personal, se crean servicios de préstamo de productos de apoyo, como sillas de ruedas, camas articuladas o andadores, y se abre la puerta a nuevas fórmulas de vivienda con cuidados para quienes necesiten apoyos intensos.
La teleasistencia pasará a ser un derecho universal dentro del sistema de dependencia y podrá incluir dispositivos de geolocalización y otras herramientas dirigidas a prevenir situaciones de riesgo. Los centros de día ampliarán igualmente sus funciones y podrán ofrecer comidas, actividades y atención a personas que continúen viviendo en sus hogares.
La reforma reconoce además una realidad que durante años permaneció fuera de la ley. La persona cuidadora principal podrá ser un familiar, una pareja con la que no exista matrimonio o alguien del entorno afectivo que asuma esa responsabilidad. El Estado cubrirá las cotizaciones de quienes cuidan y el sistema deberá garantizar la continuidad de la atención cuando el cuidador enferme o sea hospitalizado.
El programa individual de atención tendrá que construirse escuchando las preferencias de la persona dependiente. También se permitirá compatibilizar el empleo con las prestaciones, se reconocerá el derecho a recibir cuidados libres de sujeciones físicas o farmacológicas y se habilitarán procedimientos urgentes para las situaciones de especial vulnerabilidad.
La simplificación administrativa constituye otro de los pilares de la ley. El plazo máximo para reconocer una situación de dependencia y resolver la ayuda correspondiente baja de seis a tres meses. La reforma crea además una ventanilla única para evitar que las familias tengan que presentar varias veces la misma documentación.
El cambio llega con más de 255.000 personas pendientes de algún trámite y esperas que superan de media los 300 días. Bustinduy ha fijado como objetivo reducir esa lista a la mitad durante 2027 y eliminarla en 2028. "Nuestro compromiso es total y ahora toca que todas las comunidades autónomas remen a favor para hacerlo una realidad", defendió desde la tribuna.
La ley también establece que la Administración General del Estado deberá asumir el 50% de la financiación certificada por las comunidades autónomas, una reivindicación histórica de los territorios que gestionan el sistema. En 2024, la aportación estatal rondaba el 27%. El Gobierno prevé alcanzar el nuevo porcentaje en 2027 y ha aprobado una inyección adicional de 6.200 millones de euros para los ejercicios de 2026 y 2027.
La accesibilidad pasa a ser un derecho exigible
La segunda parte de la reforma actualiza la legislación sobre discapacidad y desarrolla el mandato del nuevo artículo 49 de la Constitución. Las personas con un grado I de dependencia obtendrán automáticamente el reconocimiento de un 33% de discapacidad, mientras los grados II y III darán acceso al 65%. Esta equivalencia evitará procedimientos paralelos y años de trámites duplicados.
La accesibilidad universal queda reconocida como un derecho que podrá reclamarse ante las administraciones. Las comunidades de propietarios tendrán que solicitar ayudas públicas para adaptar los edificios cuando lo pida un vecino con discapacidad o mayor de 70 años. El Estado pondrá en marcha un programa específico para financiar intervenciones en viviendas, servicios públicos y otros espacios.
La medida afecta de forma directa a las alrededor de 100.000 personas que permanecen atrapadas en sus casas por la ausencia de ascensor, rampas u otras adaptaciones. Las estaciones, aeropuertos y demás infraestructuras de transporte público deberán incorporar también baños preparados para personas con ostomía.
La atención temprana para niños y niñas de hasta seis años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos se convierte en un derecho subjetivo, con independencia de la disponibilidad presupuestaria o del número de plazas existente en cada territorio. Las aseguradoras tampoco podrán aplicar precios distintos por razón de discapacidad y los procedimientos judiciales deberán contar con facilitadores cuando una persona necesite apoyo para comprender y participar en el proceso.
El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, ha calificado la aprobación como un "gran logro de la democracia" porque devuelve a las personas la capacidad de decidir sobre su propio proyecto de vida. La Fundación CERMI Mujeres ha hablado de un "día histórico" y ha destacado el mandato para preparar una futura ley de reparación destinada a las mujeres con discapacidad sometidas a esterilizaciones forzadas o realizadas sin su consentimiento.
Las entidades que prestan servicios de dependencia han recibido la reforma con satisfacción, aunque reclaman que la financiación llegue realmente a los centros y a la atención profesional. La Federación Empresarial de la Dependencia considera el nuevo marco un "paso importante" y pide contratos públicos ajustados al coste de los servicios, mejores condiciones laborales y una estrategia nacional frente a la falta de trabajadores.
La tramitación ha dejado pendiente la ampliación de la prestación para cuidar a hijos con cáncer u otras enfermedades graves más allá de los 26 años. El Gobierno vetó las enmiendas que eliminaban ese límite por su impacto presupuestario, mientras unas 300 personas se concentraban ante el Congreso. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado una iniciativa legislativa "inminente" para revisar la edad máxima y reforzar la protección de estas familias.
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