El Congreso ha dado este martes un importante impulso al sistema de dependencia con la aprobación de su primera gran reforma en dos décadas y la convalidación de una inyección adicional de 6.200 millones de euros para 2026 y 2027. El paquete amplía derechos, facilita la combinación de prestaciones y obliga al Estado a asumir progresivamente la mitad del coste del sistema.
La votación se ha dividido en dos partes. El proyecto que reforma las leyes de Dependencia y Discapacidad ha salido adelante con 179 votos a favor, 137 abstenciones del PP y 33 votos en contra de la ultraderecha Vox. El texto deberá pasar ahora por el Senado antes de regresar al Congreso para su aprobación definitiva.
El decreto que aporta los nuevos fondos ha recibido un respaldo todavía mayor. 317 diputados han votado a favor y los 33 representantes de Vox se han quedado solos en el rechazo. El PP ha apoyado esta vez la financiación después de la polémica generada por su voto en contra del dictamen de la reforma durante su paso por la Comisión de Derechos Sociales.
El ministro Pablo Bustinduy ha definido las dos medidas como una actuación conjunta destinada a cambiar el modelo de cuidados. "El 14 de julio se recordará durante décadas como el día que se refundó nuestro sistema de cuidados", ha afirmado desde la tribuna.
El PP cambia el voto, pero se abstiene en la reforma
La posición del PP había quedado en entredicho tras su rechazo en comisión a un texto que incorpora varias reivindicaciones defendidas durante años por sus propios gobiernos autonómicos. Entre ellas figura que la Administración General del Estado cubra el 50% del gasto total de la dependencia, frente al peso mayoritario que hasta ahora soportaban las comunidades.
Los populares han diferenciado finalmente las dos votaciones. Han respaldado el decreto que transfiere los recursos inmediatos, aunque se han abstenido ante la reforma legal por considerar que todavía existen dudas sobre la financiación del sistema a partir de 2028.
"Vamos a votar a favor porque entendemos la importancia de los recursos públicos", ha anunciado Carmen Fúnez. La dirigente popular ha añadido que su grupo mantiene sus críticas hacia la gestión del Ejecutivo y reclama una memoria económica que detalle la sostenibilidad futura de los nuevos derechos.
Bustinduy ha agradecido el apoyo del PP, aunque ha rechazado que la reforma carezca de respaldo presupuestario. "Tienen hoy 6.200 millones de razones por las que ese argumento va a ser difícil que prospere", ha replicado el ministro.
La abstención permite al PP reservarse la posibilidad de presentar cambios en el Senado, donde dispone de mayoría absoluta. Su diputado Enrique Belda ha asegurado que el partido mantendrá la "mano tendida" para incorporar garantías sobre el coste de las prestaciones y su continuidad durante los próximos ejercicios.
La ultraderecha Vox ha votado en contra tanto de la financiación como de la reforma. Sus diputados han calificado las medidas de "engaño" y han puesto en duda que los recursos lleguen a las familias, pese a que el decreto establece las cuantías y las transferencias que recibirán las comunidades autónomas.
El Estado alcanzará el 50% de la financiación
El decreto convalidado moviliza 6.162,9 millones de euros adicionales durante lo que queda de 2026 y todo 2027 respecto a las últimas cuentas públicas. La aportación estatal alcanzará los 5.513,8 millones este año y ascenderá hasta los 7.239,4 millones en 2027, el doble que en 2025.
La reforma de la ley incorpora además la obligación de que el Estado financie la mitad del coste total del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Las comunidades, responsables de gestionar los servicios y reconocer las prestaciones, asumirán la otra mitad.
Hasta ahora, la legislación establecía que la aportación autonómica debía ser al menos igual a la estatal, aunque la diferencia real era mucho mayor. En 2024, el Gobierno central aportó de media alrededor del 27% del gasto, mientras los ejecutivos regionales cubrieron la mayor parte restante.
Las cuantías mínimas que recibe cada comunidad por persona atendida también aumentan. Para el grado III, correspondiente a las situaciones de gran dependencia, la aportación mensual pasa de 290 a 660 euros. En el grado II sube de 130 a 260 euros y en el grado I, de 76 a 90 euros.
Horas antes de la votación, el Consejo de Ministros ha aprobado otra transferencia de 904 millones de euros para el nivel acordado de dependencia. La cifra podría acercarse a los 970 millones una vez contabilizados los recursos correspondientes a Euskadi y Navarra mediante sus sistemas de financiación.
Ese dinero estará vinculado a objetivos como reducir las listas de espera, aumentar las plantillas, mejorar las condiciones de las profesionales de los cuidados y ampliar la atención domiciliaria. El nivel acordado fue suprimido en 2012 y recuperado en 2021 con una dotación inicial de 306,9 millones.
El sistema atiende actualmente a más de 1,7 millones de personas, la cifra más alta desde la aprobación de la ley. Otras 142.887 permanecen a la espera de recibir una prestación, aunque esa lista se ha reducido un 21% durante el último año.
Prestaciones compatibles y más cuidados en el hogar
La reforma busca que las personas puedan permanecer en sus casas y barrios durante más tiempo, con apoyos adaptados a sus necesidades. El modelo actual mantiene una fuerte dependencia de las residencias y obliga en ocasiones a elegir entre servicios que podrían funcionar de manera complementaria.
Una de las novedades más relevantes es la eliminación de las incompatibilidades introducidas en 2012. Una persona podrá acudir a un centro de día y recibir al mismo tiempo teleasistencia, ayuda domiciliaria o una prestación por cuidados en su entorno, siempre que así lo determine su programa individual.
La teleasistencia se convierte en un derecho para todas las personas con una situación de dependencia reconocida. Podrá utilizarse también de manera preventiva para retrasar el ingreso en un centro residencial y extenderse a colectivos que tenían mayores dificultades para acceder, como las personas con demencia.
La asistencia personal saldrá del domicilio. Quien preste el apoyo podrá acompañar a la persona usuaria a una consulta médica, realizar compras, participar en actividades sociales o completar otras tareas cotidianas fuera de casa.
La figura del cuidador también se amplía. Amigos, vecinos, parejas sin vínculo matrimonial y otras personas del entorno afectivo podrán recibir una prestación por los cuidados, siempre que cumplan las condiciones establecidas por la administración competente.
La norma garantiza además la continuidad del servicio cuando la cuidadora principal se encuentre hospitalizada o padezca una enfermedad grave. También mantiene el pago estatal de sus cotizaciones a la Seguridad Social, una medida con especial impacto entre las mujeres, que siguen asumiendo la mayor parte de estas tareas.
Los expedientes deberán resolverse en un plazo máximo de tres meses, frente a los seis previstos hasta ahora. La media real sigue superando ampliamente ese límite en varias comunidades y alcanza más de un año en algunos territorios.
Menos burocracia y nuevos derechos en discapacidad
La segunda parte de la reforma desarrolla el artículo 49 de la Constitución y refuerza la autonomía de las personas con discapacidad. Entre sus principales cambios aparece el reconocimiento automático de un grado de discapacidad a quienes ya hayan sido valorados dentro del sistema de dependencia.
Las personas con grado I tendrán reconocido un 33% de discapacidad, mientras aquellas con grado II o III podrán alcanzar el 65%. La medida evitará que tengan que iniciar dos procedimientos administrativos distintos para acreditar situaciones que ya han sido evaluadas por los servicios públicos.
La accesibilidad universal pasa a configurarse como un derecho que podrá exigirse ante las administraciones. El Estado creará un programa específico para financiar intervenciones en edificios y espacios públicos, desde rampas y ascensores hasta herramientas de accesibilidad cognitiva y audiodescripción.
La Ley de Propiedad Horizontal también cambiará para que las administraciones contribuyan económicamente a las obras de accesibilidad en edificios residenciales. Las comunidades de propietarios deberán solicitar esas ayudas cuando lo pida una persona residente que las necesite.
La reforma prohíbe además que las aseguradoras apliquen precios más altos o condiciones perjudiciales por razón de discapacidad. También regula la figura del facilitador procesal, encargado de ayudar a las personas con dificultades de comprensión o comunicación durante un juicio u otro procedimiento judicial.
El texto limita las sujeciones físicas, mecánicas y farmacológicas en residencias y centros asistenciales. Su utilización quedará reservada para situaciones excepcionales y cuando no exista otra alternativa capaz de proteger a la persona.
Las entidades reclaman que los derechos lleguen a todo el país
Plena inclusión, que agrupa a más de 950 asociaciones, ha valorado la reforma como un avance hacia un sistema menos rígido y más adaptado al proyecto de vida de cada persona. La organización destaca la mejora de la asistencia personal, la reducción de las restricciones y el impulso de los apoyos dentro de la comunidad.
La entidad mantiene, sin embargo, varias reclamaciones pendientes. Una de ellas afecta al copago, cuya regulación continuará en manos de las comunidades autónomas. Plena inclusión pide unas reglas comunes para evitar que una misma prestación tenga costes muy diferentes dependiendo del territorio.
También reclama mejores salarios, estabilidad y reconocimiento profesional para las trabajadoras de los cuidados. El aumento de la financiación permitirá ampliar plantillas, aunque la mejora del empleo dependerá en buena medida de las decisiones que adopten los gobiernos autonómicos y de los contratos con las entidades prestadoras.
Los grupos que han respaldado la reforma han pedido igualmente una coordinación estrecha entre el Estado y las comunidades para evitar diferencias territoriales. ERC, PNV, Junts, EH Bildu, BNG, Podemos, Compromís y Coalición Canaria han apoyado el avance, aunque han reclamado garantías sobre su aplicación y financiación más allá de 2027.
El proyecto de reforma será remitido ahora al Senado. El decreto de los 6.200 millones ya queda convalidado y comenzará a desplegar sus efectos mientras continúa su tramitación urgente como proyecto de ley.
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