El PSOE ha colocado este viernes al Partido Popular frente a sus propias palabras después de que los diputados de Alberto Núñez Feijóo votaran junto a la ultraderecha Vox contra la reforma que obliga al Estado a financiar el 50% del gasto total certificado en dependencia. Un compromiso que los populares llevan años reclamando desde el Congreso, el Senado y buena parte de sus gobiernos autonómicos.
“El PP es una contradicción en sí misma. Lo exigen y ahora votan en contra”, ha denunciado el partido en sus redes sociales junto a un vídeo que recupera declaraciones de dirigentes populares reclamando exactamente el mismo reparto que ahora han rechazado en la Comisión de Derechos Sociales.
En las imágenes aparecen cargos del PP exigiendo que Pedro Sánchez cumpla la promesa de cofinanciar el sistema a partes iguales con las comunidades. También se escucha a representantes andaluces pedir que el Gobierno central aporte a Andalucía el mismo porcentaje que ya asume en otros territorios y reprochar al Ejecutivo que hubiera utilizado la falta de Presupuestos como excusa para no alcanzar el 50%.
El PP es una contradicción en sí misma.
— PSOE (@PSOE) July 10, 2026
Lo exigen y ahora votan en contra de que la financiación del Estado a la Dependencia alcance el 50%. pic.twitter.com/K2mZsOOdKT
Años reclamando el 50% y un voto en contra junto a la ultraderecha
La contradicción señalada por los socialistas va más allá de unas declaraciones aisladas. En abril de 2022, poco después de la llegada de Feijóo a la presidencia nacional del partido, el propio grupo popular registró en el Congreso una proposición para modificar la Ley de Dependencia y garantizar una aportación estatal equivalente al 50% del coste del sistema.
El PP sostenía entonces que las comunidades estaban cargando con la mayor parte de la financiación y reprochaba al Gobierno central que nunca hubiera igualado su esfuerzo. Dos años después llevó una reivindicación similar al Senado y volvió a reclamar que la Administración General del Estado cubriera la mitad del gasto “sin excepción”.
Ese mismo discurso se ha repetido desde comunidades gobernadas por los populares. La Comunidad de Madrid ha acusado durante años al Ejecutivo de financiar solo una parte reducida del sistema, mientras Andalucía, Murcia, Castilla y León y otros territorios han reclamado en distintas reuniones sectoriales que el reparto alcance el equilibrio del 50% para cada administración.
La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, insistía todavía en mayo en que algunas autonomías populares aportaban más del 80% de los recursos. Juanma Moreno también ha defendido públicamente que el Gobierno debía poner “lo mismo” que la Junta de Andalucía y ha comparado su situación con la financiación recibida por Euskadi.
Cuando la enmienda ha llegado al Congreso, el PP se ha situado en el rechazo. El dictamen de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad salió adelante este jueves por 20 votos a favor y 17 en contra, los de los 'populares' y la extrema derecha.
El PP se escuda ahora en la memoria económica
El portavoz popular en la comisión, Enrique Belda, justificó el voto contrario por la ausencia de una memoria económica que detalle cómo se financiarán las nuevas prestaciones a partir de 2027. El diputado dejó abierta la posibilidad de modificar la posición antes del Pleno si el Gobierno aporta más información sobre las previsiones de gasto y el número de personas beneficiarias.
Ese argumento llega después de que el Consejo de Ministros aprobara una inyección de 6.162 millones de euros adicionales para 2026 y 2027, destinada a reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. La aportación estatal ascenderá a 5.513,8 millones este año y superará los 7.200 millones el próximo.
La reforma incorpora al texto legal que el Estado cubra “en todo caso” el 50% del gasto certificado por las comunidades, una vez descontada la aportación de las personas usuarias. El objetivo es que la financiación deje de depender de decisiones presupuestarias puntuales y quede protegida frente a futuros recortes.
Derechos Sociales recuerda que durante los gobiernos de Mariano Rajoy el sistema perdió más de 5.400 millones de euros por la reducción de aportaciones estatales. La nueva fórmula busca recuperar ese terreno y ofrecer estabilidad a unas comunidades que gestionan directamente las prestaciones, los centros y los servicios de atención.
Montero pide explicaciones a Moreno
María Jesús Montero ha trasladado el choque directamente al presidente andaluz. La secretaria general del PSOE-A considera que Moreno debe explicar a las personas dependientes y a sus familias por qué el PP ha votado contra una financiación que la Junta lleva años exigiendo.
“Es difícil encontrar una mayor incoherencia”, ha afirmado la dirigente socialista, que acusa a los populares de anteponer el desgaste del Gobierno a una medida destinada a reforzar los cuidados. Montero sostiene que rechazar la reforma después de pedir el mismo compromiso durante años supera los límites de una oposición política ordinaria.
La semana pasada, contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 9, 2026
Ayer, contra los trabajadores y su derecho a una baja laboral.
Hoy, contra las personas en situación de dependencia.
Así opina y actúa el PP de Alberto Núñez Feijóo. No son lapsus. Son sus…
Pedro Sánchez también ha cargado contra Feijóo y ha relacionado el voto sobre dependencia con las últimas polémicas del PP alrededor del aborto y las bajas laborales. “La semana pasada, contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Ayer, contra los trabajadores y su derecho a una baja laboral. Hoy, contra las personas en situación de dependencia”, ha escrito el presidente.
La crítica socialista se concentra ahora en la distancia entre el discurso mantenido por el PP cuando exigía recursos al Gobierno y su comportamiento al llegar la votación. La reforma recoge precisamente la reclamación central de las autonomías populares y la convierte en una obligación permanente para cualquier Ejecutivo.
El Pleno obliga al Partido Popular a decidir otra vez
El debate tampoco se limita al dinero. La reforma elimina incompatibilidades entre prestaciones, amplía la ayuda a domicilio, reconoce la teleasistencia como un derecho y refuerza la asistencia personal. También facilita que personas allegadas puedan ejercer como cuidadoras en el entorno habitual y adapta la legislación de discapacidad al nuevo artículo 49 de la Constitución.
El sistema atiende actualmente a cerca de 1,7 millones de personas, aunque mantiene importantes problemas de espera y tramitación. Los últimos datos oficiales recogen 142.887 personas que llevan más de seis meses aguardando una prestación, mientras el Observatorio Estatal para la Dependencia eleva el atasco total por encima de las 255.000.
El texto llegará al Pleno del Congreso el próximo martes 14 de julio, junto al decreto que moviliza los 6.200 millones adicionales. El PP tendrá entonces una nueva oportunidad para decidir si mantiene su alianza con Vox en el rechazo o respalda finalmente la financiación que sus propios dirigentes y gobiernos autonómicos han reclamado durante años.
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