La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad ha dado este jueves un paso clave en el Congreso. La Comisión de Derechos Sociales ha aprobado el dictamen que llevará el texto al Pleno de la próxima semana, con 20 votos a favor y 17 en contra, los de PP y la ultraderecha Vox. La votación deja una imagen política difícil de esquivar para los populares: han rechazado que el Estado quede obligado por ley a financiar el 50% del sistema de dependencia, una exigencia que sus propios gobiernos autonómicos han reclamado durante años.
La enmienda incorporada por los grupos del Gobierno cambia el alcance de la ley. Hasta ahora, la norma no fijaba un porcentaje mínimo de aportación estatal, más allá de garantizar un nivel básico de protección y obligar a las comunidades a aportar al menos una cantidad equivalente a la del Estado. La reforma introduce que la Administración General del Estado cubra, “en todo caso”, una financiación equivalente al 50% del gasto total certificado por las comunidades autónomas, sin contar la aportación de las personas beneficiarias.
El Gobierno quiere convertir ese compromiso político en una obligación legal para evitar que el sistema vuelva a depender de la voluntad presupuestaria de cada Ejecutivo. Derechos Sociales recuerda que durante los años de Mariano Rajoy la financiación estatal sufrió recortes superiores a los 5.400 millones de euros, mientras que la nueva inversión aprobada por el Consejo de Ministros eleva la aportación a 5.513,8 millones en 2026 y a 7.239,4 millones en 2027.
El PP se queda en el no pese a la reclamación histórica de sus comunidades
El voto del PP tiene especial peso porque muchas comunidades gobernadas por los 'populares' han exigido durante años que el Estado asumiera la mitad del coste de la dependencia. Esa reclamación ha sido habitual en conferencias sectoriales, debates autonómicos y declaraciones públicas de consejeros del PP. Ahora, cuando esa obligación entra en la ley, el grupo de Alberto Núñez Feijóo se ha situado junto a la extrema derecha en el rechazo.
El argumento de los populares ha sido la falta de una memoria económica que, a su juicio, garantice cómo se sostendrán las nuevas prestaciones más allá de 2027. Enrique Belda, portavoz del PP en la comisión, aseguró que su grupo podría cambiar de posición si el Gobierno detalla las fuentes de financiación futura y las estimaciones reales de beneficiarios. También defendió separar las mejoras de discapacidad de los cambios generales en dependencia.
La respuesta del Gobierno y de sus socios pasa por la financiación ya aprobada. El real decreto ley del Consejo de Ministros moviliza 6.162 millones adicionales entre 2026 y 2027 para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. La mayor parte llegará a las comunidades mediante el aumento del nivel mínimo que el Estado transfiere por cada persona con grado reconocido.
Ese dinero no es menor. Las cuantías estatales para gran dependencia suben de 290 a 660 euros al mes, las de dependencia severa pasan de 130 a 260 euros, y las de dependencia moderada aumentan de 76 a 90 euros. Derechos Sociales defiende que ese refuerzo permitirá reducir listas de espera, contratar más personal, mejorar condiciones laborales y ampliar los cuidados en domicilio.
Una reforma para cambiar el modelo de cuidados
El dictamen no se limita a la financiación. La reforma modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Dependencia para adaptarlas al nuevo artículo 49 de la Constitución, que sustituyó el término “disminuidos” y reforzó el mandato de inclusión y autonomía personal. El proyecto busca ampliar derechos, simplificar trámites y acercar los cuidados al entorno habitual de las personas.
Entre las novedades figura la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones, para que una persona pueda combinar distintos apoyos según su situación. También se refuerza la ayuda a domicilio, se reconoce la teleasistencia como derecho, se impulsa la asistencia personal y se abre la posibilidad de que personas allegadas, como amistades o vecinos, puedan ejercer cuidados en el entorno familiar cuando no exista una estructura familiar tradicional suficiente.
El cambio responde a una realidad social evidente. España envejece, las familias son más pequeñas, muchas personas mayores viven solas y el sistema público de cuidados lleva años trabajando con retrasos, burocracia y falta de profesionales. El objetivo de Derechos Sociales es que la dependencia deje de girar casi siempre alrededor de la residencia y permita sostener proyectos de vida en casa, en el barrio y en la comunidad.
La parte de discapacidad también incorpora avances propios. El texto refuerza la accesibilidad universal, mejora la protección de mujeres, niñas y niños con discapacidad, introduce apoyos en procesos judiciales mediante la figura de la persona experta facilitadora procesal y reconoce de forma automática un 33% de discapacidad a quienes tengan grado I de dependencia, con una pasarela específica para grados superiores.
Las listas de espera siguen siendo el gran examen
La financiación llega con un sistema todavía tensionado. El Ministerio presentó esta semana el último panel del SAAD con 142.887 personas que llevan más de seis meses esperando una prestación, el plazo máximo legal. La cifra supone una bajada del 21% en el último año y un mínimo desde que existen datos comparables, aunque el problema sigue lejos de estar resuelto.
El Observatorio Estatal para la Dependencia eleva el atasco total a 255.302 personas si se incluyen también quienes esperan valoración o prestación aunque no hayan superado todavía los seis meses. El mismo informe recoge que 15.450 personas han fallecido este año mientras aguardaban ser valoradas o recibir la ayuda reconocida.
El Gobierno confía en que la combinación de más financiación y reforma legal acelere el sistema. Hoy hay alrededor de 1,7 millones de personas con prestación efectiva y la demanda seguirá creciendo por el envejecimiento de la población. El reto inmediato será reducir los tiempos de tramitación, que siguen rondando casi un año de media desde la solicitud hasta la prestación, con diferencias muy fuertes entre comunidades.
Junts avala el texto tras amarrar financiación y competencias
El dictamen ha salido adelante gracias al apoyo de los socios parlamentarios del Gobierno, incluido Junts. La formación catalana ha celebrado que el texto incorpore dos condiciones que consideraba imprescindibles: la garantía de que el Estado financie la mitad del sistema y el respeto a las competencias de la Generalitat. Ese punto ha sido decisivo para que la reforma salve la comisión y llegue viva al Pleno.
El PNV también ha centrado buena parte del debate en el encaje competencial y en la necesidad de mejorar el texto, mientras EH Bildu, ERC, Podemos y Sumar han defendido el avance social de la reforma, aunque con matices sobre financiación, copagos, cuidados domiciliarios y reconocimiento de colectivos concretos. El sector de la dependencia ha pedido a todos los grupos que respalden tanto la reforma legal como el real decreto de financiación, aunque reclama mantener abierto el diálogo sobre profesionalización, contratación pública y falta de personal.
El Pleno del Congreso votará el texto el próximo martes 14 de julio, el mismo día en que está previsto convalidar el decreto de los 6.200 millones. PP y Vox tendrán que decidir entonces si mantienen el voto en contra o si cambian de posición antes de que la reforma pase al Senado.
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