Alberto Núñez Feijóo quiso abrir un debate sobre el absentismo laboral y ha terminado metiendo al Partido Popular en otra rectificación incómoda. El líder del PP calificó esta semana el absentismo como un “cáncer” ante empresarios vascos, cuestionó que haya trabajadores que puedan cobrar lo mismo estando de baja que acudiendo a su puesto y avisó de que, si llega a La Moncloa, abordará esta cuestión “con o sin acuerdo” con sindicatos y patronal.
La frase prendió rápido porque tocaba una materia especialmente sensible. No hablaba de una promesa fiscal, ni de una bronca parlamentaria más, sino de enfermedad, salario, derechos laborales y protección social. En apenas unas horas, el Gobierno, los sindicatos y parte de la propia derecha política leyeron las palabras de Feijóo como algo más que una mala comparación. Como una pista de por dónde puede ir el PP si gobierna.
Génova trató después de corregir el golpe. Fuentes populares consultadas por 'ElConstitucional.es' insisten en que Feijóo no hablaba de los trabajadores enfermos, sino de los casos de fraude. El argumento oficial se ha repetido desde entonces con la misma idea de fondo. El PP quiere separar baja médica y absentismo fraudulento, aunque el problema es que esa precisión llegó después, no durante la intervención que abrió la polémica.
Génova mueve el foco al fraude
El PP sostiene ahora que nadie en el partido plantea castigar a una persona enferma ni recortar la protección de quien tiene una baja justificada. Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, fue uno de los encargados de intentar reconducir el mensaje. Admitió que quizá el partido no se había explicado bien y defendió que Feijóo se refería a los casos irregulares.
Borja Sémper también marcó una distancia importante con el tono usado por su jefe de filas. El portavoz nacional del PP, que regresó recientemente a la primera línea política tras superar un cáncer de páncreas, pidió “cautela” con determinadas comparaciones. No quiso alimentar una ruptura interna, pero sí dejó una frase que pesa en mitad de la polémica. Una baja por enfermedad “no es un capricho” y no se puede añadir al drama de enfermar una rebaja salarial.
Mientras Sémper enfriaba el golpe, Isabel Díaz Ayuso salió a sostener a Feijóo sin apenas matices. La presidenta madrileña aseguró que el líder del PP tiene “más razón que un santo” y defendió que el problema de las bajas afecta a empresas, autónomos y compañeros que tienen que asumir más carga de trabajo. Su intervención volvió a enseñar las dos velocidades del PP. Génova intenta precisar mientras que Ayuso endurece el marco y echa más leña al fuego.
El Gobierno ve una agenda de recortes
El Ejecutivo ha decidido no dejar pasar la oportunidad. Pedro Sánchez acusó a Feijóo de señalar a los trabajadores enfermos y de enseñar el mismo patrón que, según Moncloa, ya se vio durante los años de Mariano Rajoy. Para el PSOE, la frase no es un desliz aislado, sino una muestra de una agenda laboral basada en recortar derechos con el argumento de combatir abusos.
Yolanda Díaz fue todavía más dura. La vicepresidenta segunda afirmó que las palabras de Feijóo le “inhabilitan para gobernar España” y le definió como un “radical económico”. La ministra de Trabajo colocó el debate en otro terreno. Antes de hablar de castigos salariales, defendió, hay que mirar las condiciones laborales, las listas de espera, la salud mental, la prevención de riesgos y la situación de la sanidad pública.
También Mónica García entró en la polémica desde Sanidad. La ministra recordó que una baja laboral no nace de una decisión caprichosa del trabajador, sino de un acto médico. Detrás de cada parte hay un profesional sanitario que lo firma. Por eso, acusar de forma genérica al sistema de fraude termina poniendo bajo sospecha tanto a los trabajadores como a los facultativos.
Los datos no sostienen el trazo grueso
El debate tiene una parte real. Las bajas han crecido y las empresas llevan tiempo alertando del coste que supone organizar plantillas con más ausencias. La patronal pide actuar y Antonio Garamendi ha reclamado abordar el problema con datos, serenidad y diálogo. Pero el salto de ese diagnóstico a señalar las bajas como un “cáncer” es lo que ha convertido el asunto en un incendio político.
La cifra usada por Feijóo procede de informes empresariales sobre absentismo, pero esos datos agrupan realidades distintas. Incluyen incapacidades temporales, ausencias justificadas, permisos y otros supuestos. 'Newtral' recuerda que, en los datos de Randstad, el 77,4% del absentismo corresponde a bajas médicas. Es decir, a procesos de incapacidad temporal, no a ausencias sin causa ni a fraude demostrado.
La propia regulación desmonta además una parte del mensaje inicial. En una baja por enfermedad común, la Seguridad Social no garantiza con carácter general el 100% del salario. Los tres primeros días no se cobra prestación pública. Del cuarto al vigésimo día se percibe el 60% de la base reguladora. A partir del día 21, el 75%. Cuando una persona llega al 100%, suele ser porque lo recoge su convenio colectivo, es decir, porque ha sido pactado en negociación entre empresas y sindicatos.
Ese punto deja tocado el argumento de Feijóo. Si el PP cuestiona esos complementos, no solo está hablando de fraude. Está entrando en el terreno de la negociación colectiva y de los acuerdos firmados por la parte empresarial.
La ultraderecha Vox se aparta de forma aprovechada y en el PP preparan un plan cortafuegos
La polémica también ha tenido una derivada inesperada para Feijóo. Los ultras de Vox no quisieron cargar con su frase. Santiago Abascal se desmarcó y afirmó que trabajadores, empresarios y autónomos no son el problema de España. El movimiento no es menor. La ultraderecha suele empujar al PP hacia posiciones más duras, pero esta vez ha preferido no aparecer junto a una propuesta que puede sonar a castigo para personas enfermas.
El PP, mientras tanto, trabaja en un plan contra el absentismo encargado a Alberto Nadal y Juan Bravo. La propuesta incluiría incentivos para empresas con menos ausencias, más control desde la Seguridad Social y un mayor papel de las mutuas. Génova quiere presentar ese documento como una respuesta técnica y no como una rebaja de derechos. La dificultad será hacerlo después de una frase que ya ha fijado el marco político.
Porque el daño de la polémica no está solo en la palabra “cáncer”. Está en la sensación de que Feijóo habló primero y el partido explicó después. En que volvió a mezclar conceptos delicados en un asunto con consecuencias directas para millones de trabajadores. Y en que, una vez más, el PP ha tenido que salir a decir qué quería decir exactamente su propio líder.
La discusión seguirá ahora con el plan que prepara Génova. Feijóo ya ha puesto el asunto en campaña. El Gobierno ha encontrado el flanco laboral que buscaba. Y el PP llega a esa batalla con una frase difícil de borrar y una rectificación que, de momento, han hecho todos menos quien la provocó.
Añadir ElConstitucional.es como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado de todas las noticias de última hora y con la mejor información. Contra la desinformación, por la democracia y los derechos sociales.
