La ministra de Sanidad advierte a Ayuso: posible inhabilitación si no crea el registro de médicos objetores al aborto

Mónica García ha comparecido este martes en la Comisión de Sanidad del Congreso y ha lanzado un claro aviso a la presidenta madrileña, rebelada contra la ley

17 de marzo de 2026 a las 18:19h
La ministra de Sanidad, Mónica García.
La ministra de Sanidad, Mónica García.

Mensaje nítido del Gobierno a Isabel Díaz Ayuso, tras su amotinamiento contra la ley al negarse a crear el registro de médicos objetores al aborto en la Comunidad de Madrid. La ministra Mónica García ha advertido este martes a la presidenta madrileña de las "consecuencias legales y penales" a las que se enfrenta quien no cumpla resoluciones judiciales en materia de interrupción voluntaria del embarazo, instando a las comunidades a aplicar la normativa vigente.

Durante su intervención ante la Comisión de Sanidad del Congreso, la ministra ha recordado la existencia de una reciente resolución judicial que obliga a la Comunidad de Madrid a iniciar los trámites para crear el registro de objetores de conciencia en materia de interrupción voluntaria del embarazo.

En este contexto, la titular de Sanidad ha enfatizado que no cumplir con tal mandato podría derivar en consecuencias legales, entre ellas la inhabilitación para ocupar cargos públicos. García ha señalado que la Comunidad de Madrid es actualmente la única región que no ha avanzado en la implementación de dicho registro, siendo a la vez donde el 99 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en clínicas privadas.

410 del Código Penal

 

En su comparecencia, la titular de Sanidad ha advertido a Ayuso de la posibilidad de sanciones penales ante el incumplimiento de la normativa, recordando el artículo 410 del Código Penal.

Esta disposición establece que las autoridades o funcionarios públicos que rechacen de manera abierta acatar resoluciones judiciales o instrucciones de la autoridad competente pueden incurrir en sanciones, que incluyen multas e inhabilitación para cargos públicos.

"En España las leyes no se aplican según las preferencias personales de cada quién. Se cumplen. Punto. Y las resoluciones judiciales, exactamente igual, se acatan", ha subrayado.

La ministra ha comparado la estrategia obstruccionista de Madrid con el resto de las comunidades autónomas, destacando que todas, han progresado en la creación de sus respectivos registros.

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