El Gobierno ha aprobado este martes de nuevo los dos decretos de vivienda que el Congreso rechazó el viernes. La principal diferencia está en las compras de vivienda a precio de saldo: la limitación a los fondos buitre se amplía de finales de 2028 a finales de 2030 y alcanza también a los grandes tenedores. Los textos llegarán a la Diputación Permanente, el órgano que mantiene la actividad del Congreso tras la disolución de las Cortes por las elecciones del 29 de noviembre.
El alcance de ese veto exige una precisión. No se prohíbe a estas entidades comprar cualquier vivienda. La restricción se dirige a las adquisiciones gratuitas o por un precio inferior al 70% del valor de mercado, una fórmula con la que el Ejecutivo pretende dificultar la compra barata de inmuebles para obtener después una elevada rentabilidad. El decreto anterior ya utilizaba ese umbral; el aprobado hoy extiende su duración y amplía las entidades afectadas.
Más entidades bajo el veto y una tasación independiente
La nueva redacción incluye expresamente a las entidades dedicadas a comprar carteras de hipotecas impagadas, además de a los grandes tenedores y las sociedades de su grupo. Para determinar si una operación queda por debajo del límite, la parte compradora deberá aportar una valoración realizada por una tasadora independiente, homologada e inscrita en el Banco de España. La comparación se hará con el valor del inmueble en la fecha en que se alcance el acuerdo vinculante.
El texto contempla excepciones para las compras destinadas a vivienda social o asequible, atención sociosanitaria, alojamiento de personas vulnerables o protección de víctimas de violencia de género. También prevé una vía ligada a un futuro Código de Buenas Prácticas que deberá aprobar el Consejo de Ministros. Ese código establecerá obligaciones para ofrecer una alternativa habitacional a las personas vulnerables afectadas. Según la nueva redacción adelantada este martes, las entidades acogidas a determinadas excepciones tampoco podrán desalojar hasta finales de 2030 a quienes ya vivan en esos inmuebles si carecen de otra vivienda.
La protección frente a los desahucios de personas vulnerables y las prórrogas extraordinarias de hasta dos años para contratos de alquiler se mantienen en el decreto principal. También continúan la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y las medidas fiscales sobre pisos turísticos. Entre los cambios dirigidos a los pequeños propietarios, el nuevo texto añade que las administraciones competentes asumirán, cuando corresponda, las costas procesales y los intereses derivados de determinados procedimientos de desahucio.
Préstamos para comprar casa y más información en los anuncios
Otra incorporación destacada es la dotación de 10.000 millones de euros para una línea de préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinada a facilitar la compra de la primera vivienda. El mecanismo figuraba en el decreto anterior, pero entonces no se había concretado esa cuantía. Permitirá solicitar hasta 50.000 euros sin intereses para afrontar parte de la entrada de una hipoteca. Pedro Sánchez ha señalado que podrán acceder personas de distintas edades, siempre que se trate de su primera vivienda y cumplan las condiciones del programa. Son préstamos que deberán devolverse, aunque no generen intereses.
Las ofertas de alquiler deberán mostrar más datos al posible inquilino. Según las novedades avanzadas del texto, los anuncios tendrán que indicar el índice de referencia de precios, el límite legal de la renta cuando la vivienda esté en una zona donde se aplique y la condición de gran tenedor del arrendador, si procede. El Gobierno incluye además 400 millones de euros para proveedores de vivienda social y mantiene los avales para impulsar la construcción industrializada y la incorporación de inmuebles de la Seguridad Social a la empresa pública Casa 47.
El recorrido parlamentario de los dos decretos vuelve a ser distinto. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha anunciado que apoyará el texto principal, un voto que facilita su convalidación en la Diputación Permanente. En cambio, rechazará el segundo, que establece la renovación automática de los alquileres cuando venza el contrato, con excepciones para los propietarios que acrediten que necesitan recuperar la vivienda. Ante la falta de una mayoría favorable a esa medida, el Gobierno ha dispuesto que ese segundo decreto solo entre en vigor si la Diputación Permanente lo convalida.
