Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, ha elevado este viernes la presión sobre el Gobierno después de que el Tribunal Supremo le diera cinco días para remitir la lista de 163.020 personas afectadas por la suspensión cautelar del voto ligada a la llamada 'ley de nietos'. La dirigente popular ha hablado de un "ultimátum" y ha advertido de que "quien desobedezca, responderá".
Ezcurra ha trasladado su mensaje en un vídeo difundido por el PP y recogido por Europa Press. En él ha señalado directamente a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a quienes el Supremo reclama la relación nominal de los afectados antes del miércoles.
El alto tribunal, según el requerimiento conocido este viernes, ha avisado además de que podría imponer una multa de 1.000 euros a los ministros que incumplan el mandato y reiterar esa sanción hasta la completa ejecución del fallo judicial. La orden también exige que la lista se remita a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral.
El PP convierte el plazo judicial en una prueba de desobediencia
La dirigente del PP ha afirmado que "43 días después del primer auto" el Gobierno ya conoce la cifra exacta y sabe quiénes son los afectados, porque, según ha dicho, el propio Abogado del Estado lo ha reconocido y el Ejecutivo ha tramitado cada expediente. Esa acusación, sin embargo, no altera el mandato del Supremo, que sigue pendiente de cumplimiento y cuya ejecución queda ahora bajo el reloj de los cinco días fijados por la Sala.
Ezcurra ha añadido que, de 31.390 expedientes revisados, solo han salido 91 certificados de exilio. Con ese dato ha concluido que "ni el 1 por ciento" ha logrado acreditar el exilio de su familia sin la presunción que, según el PP, introdujo por su cuenta la instrucción de Sofía Puente.
La dirigente popular ha insistido en que "no fue reparación" y ha reprochado al Gobierno que pida al Supremo levantar la suspensión mientras, a su juicio, oculta la información que se le reclama. Su argumento confronta la intención política del Ejecutivo con el procedimiento judicial, pero sigue pendiente la respuesta formal de Bolaños y Albares al requerimiento del tribunal.
La documentación electoral entra en cuenta atrás mientras sigue abierta la disputa
Ezcurra ha alertado además de que mañana empezará a enviarse la documentación del voto exterior y de que, sin esa lista, esa documentación podría llegar también a quienes tienen el voto suspendido. Según ha recordado, el PP ya lo denunció el lunes por burofax ante Exteriores y ahora sostiene que debe ser el Tribunal Supremo quien lo exija con carácter inmediato.
"Un Gobierno no puede escudarse en su propia negligencia para desobedecer al Supremo", ha defendido, al tiempo que ha ligado el conflicto a la legalidad y al censo de unas elecciones generales. Frente a las justificaciones del Ejecutivo, ha remachado que "una instrucción no puede cambiar una ley" y que "un censo no se hace sin garantías".
La portavoz popular ha rematado que el partido no piensa "mirar hacia otro lado" y que irá "hasta el final con todas las herramientas del Estado de Derecho". En este punto, el siguiente paso queda en manos del Gobierno y del propio Supremo, que ha fijado un plazo concreto y ha advertido ya de posibles sanciones si no se cumple.
