Adelante Andalucía llega al 29N con opciones de entrar por primera vez en el Congreso. En las generales de 2023 solo se presentó en Cádiz, donde obtuvo 9.064 votos y se quedó sin escaño. Ahora concurre en las ocho provincias tras pasar de dos a ocho diputados en las autonómicas de mayo, en las que superó a Por Andalucía. El salto a las generales pone a prueba cuánto de aquel avance puede conservar en una elección que también decide quién gobernará en La Moncloa.
El preelectoral del CIS le da entre tres y cuatro diputados con el 1,5 % del voto nacional y GAD3, en su encuesta para 'ABC', le atribuye tres con el 1,6 %. El desglose provincial del CIS señala a Cádiz, Málaga y Sevilla como las vías más claras para entrar y le concede opciones en Córdoba. Cádiz, donde encabeza la lista María Sánchez, reparte ocho escaños, uno menos que en 2023. Sevilla elige doce y Málaga, once. Ahí se juega buena parte de las opciones de Adelante, cuyo porcentaje estatal dice poco por sí solo sobre la pelea por el último diputado en cada provincia.
"Vamos a condicionar al gobierno de turno", ha adelantado el portavoz José Ignacio García, que presentó el programa en Jerez de la Frontera junto a Sánchez. Sus votos podrían pesar en una investidura ajustada si PP y Vox se quedan por debajo de la mayoría absoluta y el PSOE necesita ampliar sus apoyos. El documento, titulado 'Un programa para frenar a las derechas', reúne 719 propuestas. Entre las 29 que Adelante ha elegido para la campaña hay medidas de alcance estatal, como la jornada de 32 horas, y reclamaciones que quiere llevar a una negociación en Madrid, como la gestión andaluza de Cercanías.
Alquileres indefinidos y jornada de 32 horas
La medida que abre el programa es un tope al alquiler del 20 % de la renta media del barrio o municipio. Adelante lo presenta como un límite del 20 % del salario y, al desarrollar la propuesta, fija como referencia los ingresos medios de la zona mediante un índice estatal. También quiere que los contratos sean indefinidos, aplicar las mismas garantías al alquiler por habitaciones y de temporada y declarar las zonas tensionadas de forma automática cuando cumplan los requisitos. En 2024, los nuevos contratos de vivienda habitual declarados en el IRPF promediaron 914 euros mensuales en la provincia de Málaga, frente a 744 en Cádiz y 717 en Sevilla.
Adelante propone elevar al 9 % el parque de vivienda pública en alquiler y llegar al 20 % en las zonas con más demanda, con un gasto del 1,5 % del PIB. Para ello plantea incorporar las viviendas y suelos de la Sareb, recuperar la vivienda protegida vendida a fondos, crear una constructora pública e impedir que se venda el parque público. El documento también plantea prohibir que los fondos de inversión compren vivienda, retirar progresivamente licencias de pisos turísticos en zonas tensionadas y obligar a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social antes de presentar una demanda que pueda acabar en desahucio.
La jornada de 32 horas sin rebaja salarial se implantaría en dos años en las grandes empresas y en cuatro en las pymes, con apoyo público para reorganizar el trabajo. El máximo general que fija hoy el Estatuto de los Trabajadores es de 40 horas semanales de promedio anual. Adelante quiere además prohibir el turno partido, vincular por ley los salarios y el SMI a la inflación y ajustar la cuota de los autónomos a sus ingresos reales sin tramos. En pensiones, plantea bajar la edad ordinaria a 64 años, permitir el retiro desde los 55 con contrato de relevo y equiparar las pensiones mínimas y no contributivas al salario mínimo neto.
El programa añade una red de supermercados públicos que compre directamente a agricultores y ganaderos para pagarles mejor y abaratar los productos básicos. El documento explica el modelo de compra, pero deja abiertos el presupuesto y el calendario de apertura. En fiscalidad, Adelante plantea bajar el IRPF a las rentas más bajas, elevarlo a partir de 100.000 euros anuales y gravar de forma permanente los beneficios extraordinarios de la banca y las eléctricas. También propone una banca pública que dé crédito a pymes, autónomos y cooperativas y financie vivienda pública.
Sanidad sin conciertos y Cercanías en las ocho provincias
En sanidad, Adelante propone fijar por ley un suelo de gasto del 8 % del PIB, derogar la Ley 15/1997 y acabar con los conciertos y las externalizaciones. Quiere garantizar una cita de Atención Primaria en 48 horas, dedicar al menos diez minutos por paciente y dar una primera cita de salud mental en un máximo de 15 días desde la derivación. También plantea ampliar la cobertura bucodental y destinar a la investigación pública contra el cáncer lo que recaude un impuesto sobre los beneficios que obtiene la sanidad privada a través de los conciertos.
Para la educación, la formación plantea una red pública de escuelas infantiles gratuitas de 0 a 3 años, reducir las ratios y elevar la inversión por estudiante hasta la media europea. Propone concentrar los fondos públicos en la escuela pública, dejar de autorizar nuevas universidades privadas y ampliar las plazas y residencias universitarias públicas. En dependencia reclama una ley estatal de cuidados, que el Estado financie la mitad del sistema y que una empresa pública andaluza preste la ayuda a domicilio.
Adelante quiere revertir la liberalización ferroviaria y encargar una auditoría independiente de la alta velocidad tras los accidentes de Adamuz y Urda. Para los trayectos diarios propone un Cercanías y Media Distancia de gestión pública andaluza, un abono único y conexión ferroviaria para todos los municipios de más de 20.000 habitantes. El capítulo provincial baja al detalle con el corredor de la Costa del Sol entre Algeciras y Nerja, la mejora de la línea Algeciras–Bobadilla y la llegada del Cercanías al aeropuerto de Sevilla.
Más financiación para Andalucía y un referéndum sobre la OTAN
La reforma de la financiación autonómica es una de las demandas que Adelante quiere llevar al Congreso. Propone un fondo de nivelación inmediato mientras se negocia el nuevo sistema y que el reparto tenga en cuenta el paro, la pobreza, la temporalidad y el peso de la población escolar y universitaria. Rechaza que se garantice a las comunidades con mayor capacidad fiscal conservar su posición en el reparto, reclama compensar la deuda que atribuye a la infrafinanciación y pide más capacidad de decisión sobre puertos y aeropuertos. Según Fedea, Andalucía estuvo en 2024 entre las cuatro comunidades de régimen común con menos financiación efectiva por habitante ajustado.
En energía y agua, el programa plantea recuperar la gestión pública del sector eléctrico, crear una empresa energética andaluza y dar prioridad a las renovables de pequeña escala. También pide una ley estatal para proteger Doñana, gestión pública del ciclo del agua y frenar la expansión del olivar superintensivo hasta evaluar su consumo de agua. Para el turismo propone una tasa que financie vivienda y protección ambiental y limitar la externalización de la limpieza de habitaciones en los hoteles.
El documento incluye blindar en la Constitución el aborto en la sanidad pública, incorporar el feminicidio al Código Penal y reforzar la protección de las personas LGTBIQA+. Adelante también quiere derogar la ley de extranjería, promover una regularización extraordinaria y cerrar los centros de internamiento de extranjeros, empezando por el de Algeciras. En materia institucional, propone derogar la ley mordaza y que los cargos públicos cobren lo mismo que en su empleo anterior, con el salario medio como referencia para quienes lleguen desde el paro. El programa reclama además recuperar los bienes expoliados por el franquismo, apoyar las hablas andaluzas y retirar las subvenciones a la tauromaquia como paso hacia su abolición.
En política exterior, Adelante plantea someter a referéndum la permanencia de España en la OTAN y renegociar los convenios de las bases de Rota y Morón con el objetivo de cerrarlas y ofrecer alternativas de empleo a las comarcas afectadas. En el mismo bloque reclama romper relaciones con Israel, aplicar un embargo de armas y recuperar la posición española anterior a 2022 sobre el Sáhara Occidental, con apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
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