Las claves del programa electoral del Frente Amplio para el 29N: 1,5 millones de viviendas públicas, jornada de 32 horas y un tope a las grandes herencias

La coalición de izquierdas liderada por Ada Colau plantea ligar los alquileres a la renta del barrio, pagar 200 euros al mes por cada menor y elevar el gasto en sanidad pública hasta el 8% del PIB nacional

16 de noviembre de 2026 a las 14:14h
El programa electoral del Frente Amplio para las elecciones generales del 29N (i); y el ministro y portavoz de campaña de la coalición, Pablo Bustinduy, durante su presentación (d). Elaboración propia (Imágenes del FA y Europa Press).
El programa electoral del Frente Amplio para las elecciones generales del 29N (i); y el ministro y portavoz de campaña de la coalición, Pablo Bustinduy, durante su presentación (d). Elaboración propia (Imágenes del FA y Europa Press).

El Frente Amplio propone dedicar cada año el 1% del PIB a ampliar el parque público de vivienda, reducir de forma progresiva la jornada laboral hasta las 32 horas semanales sin rebaja salarial y gravar al 100% la parte de las herencias que exceda los 10 millones de euros por beneficiario. Son tres de las medidas con las que la coalición de Ada Colau se presenta a las elecciones generales del 29N y que llevaría a la negociación de un eventual Gobierno progresista.

El programa dedica 18 capítulos a explicar cómo trasladaría esa agenda a una legislatura. En vivienda combina una inversión que tardaría años en ampliar la oferta con medidas que buscan aliviar antes el gasto de los hogares. En el trabajo, además de acortar la jornada, plantea que las plantillas tengan voz en los consejos de administración y participen de los beneficios. Esa última propuesta, menos visible en campaña, cambiaría quién interviene en decisiones como el cierre o la deslocalización de una empresa.

Alquileres ligados a la renta del barrio y vivienda pública desde el primer año

El Frente Amplio calcula que el 1% del PIB equivale a unos 17.000 millones de euros al año y permitiría incorporar 125.000 viviendas públicas anuales hasta alcanzar 1,5 millones en doce años. La cifra incluye construcción, compra, recuperación de inmuebles vacíos y expropiaciones. Para un piso público tipo de 80 metros cuadrados, el alquiler tendría un máximo de 600 euros al mes y se ajustaría para que no rebasara el 25% de la renta del hogar. La escala del plan se aprecia en el último informe anual del Banco de España. Entre 2021 y 2025 se terminaron unas 750.000 viviendas menos que hogares se crearon.

En el alquiler privado de las zonas tensionadas, el tope sería la menor de dos cifras, el 25% de la renta neta media de los hogares de la sección censal o el límite que marque el índice estatal. El programa añade una rebaja del 30% sobre el precio regulado en municipios de más de 200.000 habitantes o con masificación turística severa y convertiría el contrato indefinido en la modalidad por defecto. La declaración de zona tensionada sería automática si se cumplen los requisitos legales. Si una comunidad se negara a tramitarla, el Ministerio de Vivienda podría actuar de oficio o a petición del ayuntamiento.

Para movilizar viviendas ya construidas, la coalición propone expropiar en tres fases inmuebles de grandes propietarios corporativos. Empezaría por los que tienen más de 1.000 viviendas, seguiría por los de más de 700 y acabaría en las empresas con más de 50. También plantea un impuesto del 10% sobre el valor de los pisos, con exención para los destinados a un alquiler asequible y estable. Alcanzaría a las empresas desde el primer inmueble y a los particulares a partir del cuarto cuando sus propiedades superen conjuntamente los 800.000 euros. En zonas tensionadas, prevé retirar las licencias de pisos turísticos en edificios residenciales.

El capítulo incluye además una prohibición permanente de desahuciar a hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Los grandes tenedores tendrían que ofrecerles un alquiler social de al menos siete años antes de acudir a los tribunales para reclamar el cobro o el desalojo. Para los pequeños propietarios particulares, la Administración asumiría el pago del alquiler a precio de índice mientras se proporciona una alternativa. La coalición quiere elevar también la vivienda a derecho fundamental mediante una reforma del artículo 47 de la Constitución.

Menos horas de trabajo, 200 euros por menor y más impuestos a las grandes fortunas

El primer paso hacia las 32 horas semanales sería implantar las 37,5 horas y fijar la jornada de los empleados públicos en 35. El Estatuto de los Trabajadores mantiene el máximo general en 40 horas semanales de promedio anual y el Congreso ya devolvió en 2025 el proyecto de las 37,5 tras prosperar las enmiendas del PP, Vox y Junts. El Frente Amplio recupera esa batalla y añade un suelo legal para el salario mínimo del 60% del salario medio neto. En las pensiones propone blindar en la Constitución la subida con el IPC, equiparar la mínima al salario mínimo y devolver la edad ordinaria de jubilación a los 65 años.

La prestación universal de 200 euros al mes por menor llegaría primero a los hogares con hijos de hasta seis años, se ampliaría hasta los doce en el segundo año y cubriría a todos los menores de 18 al final del mandato. Hacienda la abonaría de forma automática, con independencia de los ingresos o la situación laboral de sus progenitores. En 2025, el 33,9% de los menores de 16 años estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en España, según el INE. La coalición suma a la ayuda el comedor escolar gratuito y plantea fijar precios máximos en alimentos básicos cuando exista una emergencia o se acredite un abuso.

La financiación pasa por gravar más el patrimonio y aliviar el IRPF de las rentas del trabajo de hasta 27.000 euros. El texto fiscal recoge dos medidas distintas sobre las herencias. Una es un impuesto estatal complementario para transmisiones superiores al millón de euros netos por beneficiario, que descontaría lo pagado a la comunidad autónoma. La otra es el tipo marginal del 100% en Sucesiones para el tramo que exceda los 10 millones por heredero, contando las donaciones recibidas en vida. A la ayuda por crianza se destinaría la recaudación de otro gravamen, un mínimo efectivo del 3% para patrimonios a partir de 50 millones. Para los grandes grupos empresariales, el programa fija un mínimo efectivo del 20% en Sociedades sobre el resultado contable ajustado.

En sanidad pública, el objetivo es dedicar el 8% del PIB y reservar una cuarta parte del presupuesto sanitario a atención primaria. La coalición quiere ampliar la cobertura bucodental, visual, auditiva y de salud mental y dar prioridad a la gestión pública directa. Fija además un suelo de gasto educativo del 7% del PIB para 2030, con más plazas públicas de cero a tres años y menos alumnos por aula. Para ese mismo año quiere elevar el gasto en dependencia al 1,7% del PIB. En cultura propone fijar por ley un mínimo de inversión y extender la red de bibliotecas públicas.

Renovables con participación pública y más poder para las plantillas

La coalición plantea dedicar el 3,5% del PIB anual a la transición ecológica, desde la adaptación al calor y a las inundaciones hasta la descarbonización industrial. Su fondo energético entraría con un 30% de participación pública en los nuevos proyectos pequeños y medianos de renovables y almacenamiento. La mitad de los beneficios volvería al fondo y el resto financiaría vivienda pública, rehabilitación y pensiones. Antes de 2030, las comunidades de vecinos con tejados aptos tendrían que instalar placas solares de autoconsumo. El Estado adelantaría el coste y los vecinos lo devolverían sin intereses con parte del ahorro en la factura.

En transporte, el programa quiere extender el abono estatal a las redes urbanas y autonómicas y recoge una tarifa plana combinada de 50 euros al mes. El abono general vigente cuesta 60 euros. En el ferrocarril, el Frente Amplio propone integrar Renfe y Adif en un operador público y recuperar la explotación pública de la alta velocidad. Para el medio rural plantea fijar por ley que los servicios públicos básicos estén a menos de 30 minutos, además de un banco público de tierras, apoyo a la pesca artesanal y más controles para que los agricultores cobren por encima de sus costes de producción.

La propuesta industrial pasa por convertir la SEPI en una agencia con capacidad para invertir en sectores estratégicos y crear un banco público a partir de Correos, con la red de oficinas y las acciones de CaixaBank en manos del Estado. Para los autónomos y las pequeñas empresas que facturen menos de 85.000 euros anuales, plantea sustituir las liquidaciones periódicas del IVA por una declaración informativa anual. En las compañías con 50 trabajadores o más, el 10% del beneficio se repartiría entre la plantilla. Sus representantes ocuparían un tercio del consejo de administración en empresas de 50 a 1.000 empleados y la mitad en las de mayor tamaño. Con el reparto de beneficios y los puestos en el consejo, la coalición abre dos vías distintas para que los trabajadores participen en la empresa.

Para las comunidades autónomas plantea un nuevo modelo de financiación y una quita de deuda condicionada a que eviten rebajas fiscales para las rentas altas. Los ayuntamientos ganarían participación en los tributos del Estado y margen para invertir sus ahorros en vivienda pública. El programa fija también un objetivo del 8% de temporalidad en el empleo público y exige que las grandes plataformas expliquen cómo funcionan sus recomendaciones, además de prever auditorías para los sistemas de inteligencia artificial contratados por la Administración.

El programa incorpora medidas de transparencia salarial, el reconocimiento de las personas no binarias y una ley integral contra el racismo. En extranjería, plantea un procedimiento permanente de regularización y el cierre de los centros de internamiento. En política exterior, rechaza el objetivo de la OTAN de dedicar el 5% del PIB a defensa y gastos asociados, y propone un embargo integral de armas a Israel que suprima las excepciones que puede autorizar el Gobierno.

El último capítulo sitúa como horizonte una república federal y plurinacional con una jefatura del Estado elegida. Ese cambio exigiría dos tercios de cada Cámara, la disolución de las Cortes, una nueva aprobación por dos tercios tras las elecciones y un referéndum. Para la próxima legislatura, el Frente Amplio propone también derogar por completo la 'ley mordaza', regular los grupos de presión y facilitar el acceso a los archivos sobre la represión franquista.

Sobre el autor
Jaime Barrionuevo, redactor de ElConstitucional.es
Jaime Barrionuevo

Adjunto al Director de ElConstitucional.es

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