Pedro Sánchez quiere que los grandes propietarios paguen más por mantener viviendas vacías, dedicarlas al alquiler turístico o alquilarlas a precios abusivos. El presidente del Gobierno ha destacado ese impuesto este domingo en Alcorcón, donde ha presentado el programa del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre. Ante 5.500 personas, según el partido, también ha anunciado cuatro semanas retribuidas del permiso parental y ha defendido incorporar a la Constitución la revalorización de las pensiones y el derecho al aborto.
El documento reúne 500 compromisos y sitúa la vivienda como primera prioridad de la legislatura. Junto al nuevo impuesto, propone que los contratos de alquiler duren más y congelar temporalmente las rentas por encima de los índices de referencia en los mercados tensionados. El programa recupera medidas que quedaron pendientes en la coalición con Sumar, como la reducción de jornada, y fija un objetivo de paro del 8 % para 2030. La última Encuesta de Población Activa lo sitúa en el 10,18 %.
Un parque estatal de 100.000 viviendas y un impuesto a los grandes tenedores
La principal cifra del programa es movilizar cada año el 1 % del producto interior bruto para garantizar el acceso a la vivienda, con participación de las administraciones públicas y del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El PSOE quiere que la empresa pública CASA 47 reúna un parque estatal de 100.000 viviendas mediante construcción y compra, para venderlas o alquilarlas a precios asequibles. A ello añade un fondo que se nutriría del 1 % de la licitación anual de obra pública y una línea de más de 25.000 millones en avales, préstamos y financiación a través del ICO. El tamaño del reto se aprecia en el dato del Banco de España: entre 2021 y 2025 se terminaron unas 750.000 viviendas menos que hogares se crearon.
El nuevo impuesto gravaría de forma progresiva la tenencia de viviendas que los fondos y grandes propietarios mantengan vacías, destinen al turismo o alquilen a precios abusivos. Sánchez ha defendido que así saldrían más pisos al alquiler residencial asequible. El programa deja por concretar los tipos del impuesto y cómo se determinaría qué rentas son abusivas. También habilitaría a los ayuntamientos que lo deseen a gravar las pernoctaciones en pisos turísticos y plantea un impuesto sobre los solares residenciales ociosos.
Para los inquilinos, el PSOE propone alargar los contratos y congelar temporalmente los alquileres que superen los índices de referencia en los mercados tensionados. La duración de los nuevos contratos y el plazo de esa congelación quedan abiertos. El Ministerio de Vivienda elaboraría un mapa de zonas tensionadas y un registro de precios de los contratos. Los socialistas también quieren ofrecer un seguro público de impago para facilitar el alquiler a jóvenes y desplegar un servicio de intermediación que garantice al pequeño propietario el cobro de la renta a cambio de poner una vivienda vacía en alquiler asequible.
El PSOE aspira a dar carácter estable a la protección frente a desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional y a que el coste lo asuman las administraciones cuando el arrendador sea un pequeño propietario. El Congreso ya convalidó el jueves el decreto que protege frente a determinados desahucios y limita ciertas compras por grandes tenedores, mientras derogó el decreto separado de prórroga de alquileres. En el capítulo de Justicia, los socialistas también se marcan un máximo de tres meses para los juicios por despido y desahucio y plantean desalojos de viviendas ocupadas en 48 horas, apoyándose en los juicios rápidos ya en marcha.
Jornada de 37,5 horas, cuatro semanas de permiso parental y dentista público
La jornada máxima de 37,5 horas semanales sin pérdida salarial vuelve al programa después de que PP, Vox y Junts tumbaran su tramitación en el Congreso en septiembre de 2025. El PSOE propone acordar con los agentes sociales el calendario y los periodos de transición y dejar a la negociación colectiva los avances hacia las 35 horas. También quiere fijar por ley un salario mínimo superior al 60 % del salario medio, implantar un registro horario digital y reformar la indemnización por despido improcedente para tener en cuenta los daños causados. Para los autónomos, Sánchez ha defendido seguir avanzando en la cotización por ingresos reales.
La Seguridad Social pagaría cuatro semanas del permiso parental para cuidar a menores de ocho años, al 100 % de la base reguladora. Es el permiso parental específico, distinto del de nacimiento y cuidado, que se amplió a 19 semanas por progenitor en 2025, con dos de ellas utilizables hasta que el menor cumpla ocho años. El programa añade una semana al segundo progenitor si ambos disfrutan sus permisos de nacimiento y cuidado sin solaparlos. También plantea que los becarios tengan derecho a la protección por desempleo y que las bajas por procesos oncológicos se cubran al 75 % de la base reguladora desde el primer día.
El programa incorpora una prestación por crianza para todos los hogares con menores, una medida que Sumar ya defendió durante la legislatura. El texto establece un refuerzo para las rentas bajas, aunque deja abierta la cuantía. También propone ingresar 1.000 euros al nacer en una cuenta pública que se podría usar a partir de los 18 años para estudiar o financiar un proyecto propio. El PSOE vincula parte de la financiación de la ayuda por crianza a una mayor tributación de los grandes patrimonios y de las rentas del capital, cuyo tipo máximo subiría al 35 % por encima de 300.000 euros. También plantea duplicar la tasa a las transacciones financieras y elevar la tributación de las grandes tecnológicas y de las cotizadas con mayores brechas salariales internas.
En sanidad, Sánchez quiere incorporar al sistema público tratamientos dentales básicos para adultos, como empastes y endodoncias, con una ayuda transitoria de hasta 200 euros anuales por persona que empezaría por hogares de rentas medias y bajas. El PSOE se compromete además a garantizar una primera consulta psicológica gratuita en un máximo de 30 días y a dar preferencia a la gestión directa de los servicios sanitarios. El plazo para psicología exigiría reforzar las plantillas, especialmente en atención primaria, como reconoce el propio programa.
La ampliación de los servicios públicos pasa también por universalizar la educación de cero a tres años, impulsar la matrícula gratuita en primero de carrera y ampliar las plazas públicas de Formación Profesional. El programa prevé una ley de servicios sociales con una cartera común acordada con las comunidades y más apoyo domiciliario a personas dependientes. Para financiar los servicios autonómicos, recupera la propuesta de aportar cerca de 21.000 millones adicionales con un nuevo modelo y de que el Estado asuma unos 83.000 millones de deuda autonómica. Ambas iniciativas quedaron pendientes con el adelanto electoral.
Blindar el aborto y las pensiones, votar a los 16 y reforzar la seguridad ferroviaria
"Vamos a blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones y el derecho de las mujeres a abortar", ha anunciado Sánchez en Alcorcón. La actualización de las pensiones contributivas con el índice de precios al consumo ya está reconocida por ley. Para el aborto, el PSOE quiere retomar la reforma del artículo 43 que decayó con la disolución de las Cortes y cuya aprobación exigiría, en principio, tres quintos en cada Cámara. El documento también plantea reforzar la protección jurídica del matrimonio igualitario y la eutanasia y retomar la reforma penal contra las llamadas terapias de conversión.
Otra de las novedades que Sánchez ha presentado es la "unión de amistad", una figura que el PSOE quiere introducir en el Código Civil para amparar a quienes se comprometan a cuidarse sin ser pareja ni familiares. El programa deja para el desarrollo legal los beneficios concretos. En participación, propone bajar a 16 años la edad de voto y crear un escaño ciudadano sin voto en el Congreso y el Senado para formular preguntas y presentar iniciativas. Esa misma edad, los 16 años, sería el mínimo para usar redes sociales, con una herramienta pública de verificación que evitaría entregar datos a las plataformas.
La agenda institucional incluye una Agencia Independiente de Integridad Pública, un registro obligatorio de grupos de interés y una nueva ley de seguridad ciudadana que sustituya a la de 2015. El PSOE quiere dar a la Fiscalía General un mandato de cinco años desligado de la legislatura y que los fiscales dirijan la investigación penal bajo supervisión judicial. También propone completar el plan de exhumaciones de las víctimas del franquismo, tipificar la creación y difusión de falsificaciones sexuales generadas con inteligencia artificial y desplegar un plan de integración para migrantes dotado inicialmente con 500 millones, con más vías legales de asilo y visados humanitarios.
En energía, los socialistas mantienen el calendario de cierre nuclear hasta 2035 y fijan en el 81 % la generación eléctrica renovable para 2030. Plantean reforzar las redes, el almacenamiento y el autoconsumo, modernizar regadíos sin aumentar el consumo total de agua y crear un fondo contra los efectos del cambio climático. La apuesta industrial incluye elevar la inversión pública en investigación y desarrollo hasta el 1,25 % del PIB y reforzar la producción de semiconductores. En política exterior, defienden reducir los bloqueos por unanimidad en la Unión Europea, sostener el apoyo a Ucrania e impulsar sanciones europeas contra quienes obstaculicen la solución de dos Estados en Israel y Palestina.
Tras los accidentes de Adamuz y Urda, el PSOE propone un pacto de Estado por la seguridad ferroviaria y la atención a las víctimas. El programa recoge unos 19.000 millones de euros hasta 2030 ligados a los convenios con Adif y Adif Alta Velocidad, y se compromete a publicar cada año cuánto se ha ejecutado y en qué estado se encuentra la red. El pacto partiría de una auditoría que una comisión técnica tendría que elaborar en dos meses. Los socialistas también quieren tramitar como ley el decreto aprobado el 10 de noviembre, que refuerza las facultades de inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
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