Enrique Santiago ha llevado la crisis de Ceuta hasta el flanco este de la OTAN. El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado de Sumar ha pedido retirar las tropas españolas desplegadas en cinco países europeos después de que 22 gobiernos comunitarios cuestionaran la política migratoria de España y relacionaran algunas decisiones del Ejecutivo con la entrada masiva desde Marruecos.
Santiago ha señalado directamente a Eslovaquia, Letonia, Lituania, Estonia y Rumanía. El dirigente de IU considera que España debería revisar su participación en las misiones internacionales desarrolladas en esos países y ha anunciado que presentará una solicitud formal para llevar el debate hasta las instituciones.
"Los 'aliados' nos atacaron en lugar de defendernos", ha escrito el diputado. Santiago acusa a esos 22 gobiernos, a los que califica de "trumpistas", de abandonar a España ante el "ataque híbrido" sufrido en Ceuta y responder después con reproches contra la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno.
Los "aliados" nos atacaron en lugar de defendernos...🤦🏻♂️
— Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) August 3, 2026
🇪🇺❓ La falta de solidaridad de los 22 gobiernos trumpistas ante el ataque híbrido a España es motivo para retirar nuestras tropas de Eslovaquia, Letonia, Lituania, Estonia y Rumania.
✍🏻 Vamos a solicitarlo formalmente. pic.twitter.com/cIuGjTQx0K
Los gobiernos firmantes habían advertido de que la regularización puede actuar como un "factor de atracción". También vincularon la crisis de Ceuta con la sentencia del Tribunal Supremo que limita las devoluciones inmediatas de quienes acceden a territorio español por el mar. Santiago interpreta esa carta como un ataque político contra España en plena emergencia fronteriza.
Sumar eleva su choque con el PSOE
La propuesta llega cuando Sumar mantiene una posición especialmente incómoda dentro del Gobierno por la gestión migratoria. El socio minoritario ha reclamado reforzar la acogida en Ceuta, proteger a los menores y garantizar el acceso individual al asilo, frente a una respuesta de Interior marcada por el control de la frontera y los retornos acordados con Marruecos.
Movimiento Sumar también ha llevado el caso ante Naciones Unidas. La formación pidió al relator especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes que examine la posible responsabilidad de Marruecos en la salida masiva y en la muerte de decenas de personas que intentaron alcanzar Ceuta a nado. El partido aprecia indicios de una posible "facilitación activa" de las autoridades marroquíes, una acusación de la que el Gobierno ha evitado apropiarse públicamente.
La crisis ha reabierto así una vieja brecha con Fernando Grande-Marlaska. Los socios de izquierdas del PSOE ya cuestionaron las devoluciones realizadas durante la crisis de Ceuta de 2021 y exigieron responsabilidades por la tragedia de la valla de Melilla de 2022. Sumar vuelve ahora a presionar desde dentro del Consejo de Ministros, mientras Podemos reclama abiertamente la dimisión del titular de Interior.
La petición de Santiago añade un frente relacionado con Margarita Robles y la política exterior del Ejecutivo. España mantiene fuerzas terrestres de la OTAN en Letonia, Eslovaquia y Rumanía, con contingentes rotatorios destinados a reforzar la capacidad defensiva de la Alianza tras la invasión rusa de Ucrania. La presencia en Estonia y Lituania está vinculada principalmente a las misiones de vigilancia y policía aérea del Báltico.
España desempeña además un papel relevante en el dispositivo aliado y ha asumido responsabilidades de mando en Eslovaquia. Una retirada afectaría a compromisos acordados con la OTAN y tendría que ser decidida por el Gobierno, por lo que la petición de Santiago carece por sí sola de capacidad para modificar los despliegues.
La iniciativa encaja con la trayectoria histórica de Izquierda Unida, nacida alrededor de las movilizaciones contra la permanencia de España en la OTAN y partidaria de abandonar la Alianza Atlántica. El siguiente paso será comprobar qué fórmula parlamentaria utiliza Santiago y si el PSOE acepta debatir la presencia militar española en los países que firmaron la carta contra España.
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