La exdirigente de la ultraderecha Vox Macarena Olona ha pedido a los ciudadanos que apaguen sus móviles y eviten grabar las actuaciones de las fuerzas de seguridad en Ceuta. La antigua diputada ha lanzado su llamamiento en plena crisis migratoria y lo ha acompañado de una expresión que vincula la presencia de migrantes con la suciedad en las calles.
“No grabéis actuaciones militares, ni de policía ni G.C.”, escribió Olona antes de pedir que el mensaje se hiciera viral para que los agentes “se sientan seguros trabajando”. La ultra remató su publicación con una frase especialmente grave por el contexto en el que fue difundida. “Si queréis tener los barrios limpios, los que pedís ayuda, ayudad ahora”.
Olona no ha explicado qué actuaciones necesitarían desarrollarse sin cámaras ni por qué la Policía, la Guardia Civil o el Ejército tendrían que quedar fuera del control ciudadano. Su petición se limita a reclamar que se guarden los teléfonos y se deje actuar a lo que ella denomina “la Fuerza”.
La publicación superó los 5.000 apoyos en pocas horas, aunque también recibió numerosas respuestas críticas. Algunos usuarios le recordaron que respaldar el trabajo policial resulta compatible con exigir transparencia y rechazaron que los agentes dispongan de una “carta blanca sin responsabilidad”. Otros advirtieron de que pedir la ausencia de cámaras aumenta precisamente la necesidad de documentar lo que sucede.
Grabar actuaciones policiales está permitido
La grabación de intervenciones policiales en lugares públicos está amparada con carácter general por el derecho a la información. El artículo 36.23 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana contempla sanciones por el uso de imágenes cuando pueda generar un peligro concreto para los agentes, sus familias, instalaciones protegidas o el desarrollo de una operación. La norma no establece el apagón general de cámaras que reclama Olona.
La Sentencia 172/2020 del Tribunal Constitucional anuló además la exigencia de autorización previa para utilizar imágenes de policías por considerarla una restricción desproporcionada del derecho a la información. Cada posible sanción debe responder a un riesgo acreditado y valorar las circunstancias concretas.
El mensaje de Olona llega después de que alrededor de 4.000 migrantes fueran obligados a abandonar el campamento improvisado de la playa del Trampolín, donde permanecían desde las entradas de los días 30 y 31 de julio. Entre quienes continúan en Ceuta hay numerosos menores que llegaron solos y cuyo futuro debe resolverse de manera individual. La Fiscal de Sala de Menores, Teresa Gisbert, ha recordado que cualquier retorno exige valorar previamente el interés superior de cada niño.
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