El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado este martes las explicaciones de Isabel Díaz Ayuso sobre el polémico ático de Chamberí. Su defensa incluye, sin embargo, el reconocimiento del problema central de la operación. La Comunidad de Madrid compró por 6,3 millones de euros una vivienda que no podía destinarse a la oficina anunciada.
Feijóo se ha pronunciado durante una entrevista con Susanna Griso en 'Espejo Público', de 'Antena 3'. El líder popular ha asegurado que Ayuso le explicó "desde el primer día" que buscaba un espacio provisional para instalar su gabinete durante las futuras obras en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia madrileña.
"No estaba comprando ninguna residencia oficial", ha afirmado. Según su relato, la propia Ayuso le informó personalmente en abril, antes de que Planifica Madrid cerrara la adquisición. "Estaba buscando un lugar para poner su oficina. Fin de la cita", ha zanjado Feijóo.
El presidente del PP ha admitido después que el uso urbanístico de la vivienda impedía convertirla en oficinas administrativas. "Por eso entiendo que sigue la polémica", ha reconocido. También ha señalado que Patrimonio de la Comunidad deberá explicar por qué compró un inmueble para una finalidad que no estaba permitida.
Una compra ejecutada por Planifica Madrid
La operación fue realizada por Planifica Madrid, la empresa pública dependiente de la Consejería de Presidencia que pagó 6,3 millones por el ático el pasado 14 de abril. El organismo responsable de la compra está presidido por el consejero Miguel Ángel García Martín, uno de los principales hombres de confianza de Ayuso.
La vivienda tiene 485 metros cuadrados, cinco habitaciones, seis baños y una terraza de casi 200 metros. Nunca llegó a utilizarse como oficina y su adquisición permaneció fuera del conocimiento público hasta que la operación fue revelada por la prensa. El Gobierno madrileño anunció su venta apenas un día después.
Feijóo conocía que la Comunidad buscaba un espacio temporal, pero sus declaraciones tampoco aclaran cuánto sabía sobre el inmueble elegido, su precio o las limitaciones urbanísticas. El presidente popular ha dirigido las explicaciones hacia Patrimonio, pese a que la compra fue aprobada y ejecutada por Planifica Madrid.
La necesidad de adquirir una vivienda de lujo queda además cuestionada por otro dato conocido este martes. La propia empresa pública disponía en abril de una oficina vacía de 478 metros cuadrados junto a Plaza de Castilla, apenas siete metros más pequeña que el ático y equipada con despachos, baños y espacios administrativos.
Ayuso ha mostrado un correo y el borrador del contrato de alquiler de su actual vivienda para sostener que nunca quiso instalarse en el ático. Esa documentación respalda que buscaba una casa por su cuenta, pero deja pendientes las explicaciones sobre la decisión administrativa de comprar el inmueble, la ausencia de un uso permitido y el descarte de otras propiedades públicas disponibles.
El ático llega al Tribunal de Cuentas
El respaldo de Feijóo se ha producido el mismo día en que el Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la denuncia presentada por Más Madrid. La formación pide investigar si la compra pudo provocar un menoscabo de fondos públicos, aunque la admisión todavía carece de un pronunciamiento sobre el fondo.
La vivienda salió a subasta por un precio mínimo de 6.694.201 euros. El plazo para presentar ofertas terminó este lunes y el Gobierno de Ayuso todavía no ha comunicado si existe algún comprador. Más Madrid calcula que el coste total de la adquisición podría acercarse a los 6,68 millones después de sumar impuestos, notaría y otros gastos.
Feijóo también ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de mantener una "obsesión" con Ayuso y ha calificado de "exageración impropia" que el PSOE quiera dar lecciones de decencia. Su defensa termina donde comienzan las preguntas sobre Planifica Madrid, cuyo expediente completo de compra continúa sin publicarse.
La Mesa de Contratación abrirá este miércoles las ofertas recibidas por el ático. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, tendrá que comparecer el próximo 17 de septiembre en la Asamblea de Madrid para explicar por qué su empresa pública gastó 6,3 millones en una vivienda que no podía cumplir la finalidad utilizada para justificar su compra.
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