José María Figaredo, portavoz económico de la ultraderecha Vox, recurrió este domingo al alarmismo para cargar contra las pensiones públicas. "El sistema de pensiones es un zombi. Lo han quebrado", afirmó en una entrevista en 'El Debate', en la que defendió una reforma para combinar el actual modelo de reparto con la capitalización individual. Su propuesta haría depender una parte de la jubilación del dinero acumulado por cada trabajador y de su rendimiento.
Las declaraciones cobran especial relevancia tras la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La entrevista se publicó antes del anuncio y sitúa sobre la mesa una de las prioridades económicas de Vox para cambiar un sistema que sostiene los ingresos de millones de hogares.
Figaredo sostuvo que "en casi 30 años no se ha aplicado ninguna medida correctora" para afrontar las debilidades de las pensiones. La afirmación omite reformas que han cambiado tanto las prestaciones como su financiación, entre ellas las aprobadas en 2021 y 2023. El diputado cuestionó el sistema sin concretar qué garantías conservarían los futuros pensionistas con el modelo que propone.
Las reformas que Figaredo omite
El Pacto de Toledo, el acuerdo parlamentario para orientar las reformas de las pensiones, nació en 1995. Desde entonces se han sucedido cambios legislativos y revisiones de sus recomendaciones. Entre los más recientes, la ley de 2021 recuperó la actualización de las pensiones conforme a la inflación, para proteger su poder adquisitivo, y modificó los incentivos y las condiciones de la jubilación anticipada y demorada.
La reforma de 2023 reforzó los ingresos mediante cotizaciones adicionales y una mayor aportación de los salarios más altos. Incluyó el aumento gradual del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, la cuota destinada a reforzar el sistema ante la jubilación de las generaciones más numerosas, y una cotización de solidaridad sobre los sueldos que superan la base máxima. También incorporó mejoras para las pensiones mínimas y para cubrir determinados periodos sin cotización.
Los retos financieros siguen presentes. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advirtió en mayo de que el cumplimiento de la regla de gasto de las pensiones no garantiza por sí solo la sostenibilidad de las cuentas públicas. En septiembre reiteró que el envejecimiento presionará el gasto, que proyecta por encima del 16% del producto interior bruto en 2050. Sus análisis reclaman planificación a medio plazo y examinan conjuntamente ingresos, gastos y deuda.
Ese debate sobre la financiación afecta a un sistema que abonó 10,55 millones de pensiones a más de 9,5 millones de personas en septiembre, según la Seguridad Social. La nómina mensual ascendió a 14.498,2 millones de euros y la pensión media de jubilación se situó en 1.576,1 euros. Las cifras dimensionan el alcance de una reforma que Figaredo presentó con una declaración de quiebra, sin explicar cómo financiaría la transición.
Del reparto al ahorro individual
Actualmente, las cotizaciones de quienes trabajan financian las prestaciones de quienes ya las perciben, junto con otras aportaciones públicas. En la capitalización individual, una parte del dinero se acumula e invierte para la jubilación de cada persona. El cambio hace que esa parte de la prestación dependa de lo aportado durante la vida laboral y de los rendimientos obtenidos, una diferencia relevante para quienes tienen salarios bajos o carreras laborales interrumpidas.
Vox ya llevó esa apuesta mucho más lejos en su programa de 2019. Propuso destinar la mitad de las aportaciones a cuentas individuales gestionadas por empresas privadas, las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones, y mantener la otra mitad en el reparto. El documento reservaba al Estado la obligación de completar las prestaciones que no alcanzaran una pensión mínima. Aquella fórmula abría expresamente el negocio de gestionar una parte de las cotizaciones a entidades privadas.
El programa económico de 2025 introdujo otra formulación. Planteó capitalizar un fondo de pensión público con criterios de rentabilidad privada, avanzar hacia un sistema mixto similar al sueco y eximir de impuestos el ahorro personal destinado a la jubilación. Figaredo no aclaró en la entrevista qué diseño aplicaría ahora, quién administraría las cuentas individuales ni qué porcentaje permanecería en el reparto.
El coste de esa transición queda sin explicar. Seguirían existiendo pensiones que pagar mientras parte de las aportaciones se reservara para el futuro, una cuestión a la que Figaredo no pone cifras. Su defensa del modelo mixto se apoya en la afirmación genérica de que otros países europeos lo han aplicado con éxito, sin identificar cuáles ni desarrollar la comparación.
El ataque a las pensiones forma parte de un discurso más amplio de reducción del Estado. Figaredo afirmó que "el margen de recorte del gasto público es enorme" y defendió suprimir las subvenciones superiores a 100.000 euros anuales para financiar la reforma fiscal de Vox. La propuesta que expuso incluye un mínimo exento de 22.000 euros en el impuesto sobre la renta y dos tramos, del 15% hasta 70.000 euros y del 25% por encima de esa cantidad.
En vivienda, el diputado volvió a colocar la inmigración en el centro de su explicación y habló de "invasión migratoria" y de un proceso de "remigración rápido y agilizado". Incluyó entre sus objetivos a personas extranjeras que, según sus palabras, se nieguen a integrarse o vivan de subsidios públicos. También defendió que el propietario recupere inmediatamente el inmueble ante un impago, un incumplimiento del contrato o el vencimiento del plazo.
