Irene Montero se ha colocado este miércoles en primera fila, frente al cordón de la Policía Nacional y a pocos metros del portal donde cientos de personas trataban de impedir el desahucio de Maricarmen. La eurodiputada de Podemos ha permanecido junto a los activistas, ha reclamado la presencia del responsable del dispositivo y ha exigido explicaciones por la fuerza empleada contra quienes defendían a una mujer de 87 años.
“¿Dónde está el mando policial?”, ha preguntado repetidamente mientras los agentes mantenían cerrado el acceso a la vivienda. Uno de los policías se ha acercado entonces para advertirle que dejara de “soliviantar a las masas”. Montero se ha identificado como eurodiputada y ha explicado que estaba observando el operativo. “Me da igual, es una ciudadana como el resto”, ha respondido el agente. Montero ha invocado su condición institucional mientras pedía hablar con el mando y trataba de fiscalizar una actuación policial que estaba siendo cuestionada por los activistas, las abogadas de Maricarmen y numerosos testigos.
La dirigente de Podemos ha dado la cara en una mañana marcada por las cargas, los empujones y el desalojo de quienes permanecían sentados frente al portal. Los agentes han levantado uno a uno a los concentrados y han despejado el acceso al edificio para que la comisión judicial pudiera ejecutar el lanzamiento.
Irene Montero en la concentración para parar el desahucio de Maricarmen pic.twitter.com/W6ZgIUxrtr
— Dani Gago (@DaniGagoPhoto) September 23, 2026
Montero había acudido junto a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y se había mezclado desde primera hora con los vecinos y militantes del movimiento por la vivienda. Su presencia ha contrastado con la ausencia sobre el terreno de los responsables de la sociedad propietaria y de las administraciones que conocían desde hacía meses la situación de Maricarmen.
Tras consumarse el desahucio, la exministra de Igualdad ha publicado un vídeo en el que ha denunciado la cadena de decisiones que ha permitido expulsar a una mujer vulnerable de la casa donde había pasado prácticamente toda su vida. “¿Cómo puede pasar esto en este país?”, ha preguntado.
Montero ha señalado a Urbagestión, a la resolución judicial y al Gobierno por el despliegue policial. “La Policía debería estar protegiendo a Maricarmen frente a los especuladores”, ha defendido antes de lamentar que quienes se benefician de estas operaciones inmobiliarias rara vez tengan que mostrar su rostro o afrontar las consecuencias humanas de sus decisiones.
“Hoy, evidentemente, la prioridad es cuidar a Maricarmen. Pero ninguno de los responsables de este desahucio puede quedar en la impunidad”, ha advertido.
Cómo puede pasar esto en este país, que den la cara los responsables del desahucio de Maricarmen. pic.twitter.com/ETBMCM8ZiE
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Un fuerte dispositivo para expulsar a una mujer de 87 años
Más de 400 personas se habían concentrado desde la noche anterior en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro. Vecinos, integrantes del Sindicato de Inquilinas y representantes del mundo de la cultura habían acampado frente al edificio para acompañar a Maricarmen y tratar de detener su cuarto desahucio.
La Policía Nacional ha comenzado a retirar las tiendas y a despejar la calle pasadas las siete de la mañana. El despliegue ha incluido más de una decena de furgones y varias filas de agentes. Durante el operativo se han producido cargas y empujones, mientras los concentrados coreaban “Maricarmen se queda”, “esta señora podría ser tu abuela” y “el ático de Ayuso para Maricarmen”.
La Delegación del Gobierno en Madrid ha sostenido posteriormente que la Policía actuaba bajo mandato judicial y que la institución no dirigía el dispositivo. También ha expresado su rechazo al desahucio. El Sindicato de Inquilinas, sin embargo, ha señalado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, y ha reclamado responsabilidades por la contundencia de la intervención.
Maricarmen ha salido de su casa en camilla alrededor de la una de la tarde. Los sanitarios del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (Samur) la han introducido en una ambulancia y la han trasladado al Hospital Gregorio Marañón, mientras las personas concentradas gritaban que no estaba sola.
La mujer tiene reconocida una discapacidad del 50%, cobra una pensión de unos 1.350 euros y llevaba viviendo en esa vivienda desde 1956. Su padre firmó entonces un contrato de renta antigua que pasó posteriormente a su madre y, tras su fallecimiento, a ella. Maricarmen pagaba alrededor de 500 euros mensuales, además del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y otros gastos. Después de que el edificio cambiara de propietario, Urbagestión llegó a reclamarle 2.650 euros y posteriormente planteó una renta de 1.650, todavía superior a todos sus ingresos.
La empresa ha rechazado las distintas soluciones planteadas durante los últimos días. El Ministerio de Vivienda ofreció comprar el inmueble o compensar parte de la renta, mientras una escritora que solicitó conservar el anonimato se comprometió a cubrir la diferencia del alquiler. La propiedad tampoco aceptó aplazar un mes el lanzamiento por razones humanitarias.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas había solicitado suspender cautelarmente el desahucio hasta garantizar una alternativa habitacional adecuada. Podemos considera que ejecutar el lanzamiento ignorando esa petición internacional convierte lo ocurrido en un desalojo ilegal.
Enrique Santiago lleva la pelea por la vivienda hasta el Gobierno
El diputado de Sumar y dirigente de Izquierda Unida Enrique Santiago también ha estado desde primera hora junto a Maricarmen. Se ha situado entre los manifestantes y ha denunciado que las administraciones hayan permitido llegar a este desenlace pese a conocer desde hace meses el deterioro físico y emocional de la afectada.
“Es absolutamente impresentable que las administraciones públicas no garanticen el derecho a la vivienda”, ha declarado. Santiago ha recordado que la propietaria es una sociedad que adquirió el inmueble como inversión y que Maricarmen carecía de una alternativa donde vivir.
“Estamos peleando por el derecho a una vivienda digna, pero en este caso también estamos peleando por su derecho a la vida”, ha advertido. El diputado ha asegurado que continuará presionando dentro del Consejo de Ministros para recuperar las medidas de protección a las familias vulnerables.
Ione Belarra ha cargado con especial dureza contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La secretaria general de Podemos ha calificado el despliegue policial de “totalmente desproporcionado” y ha cuestionado que se utilice la fuerza contra activistas que estaban defendiendo el derecho constitucional a una vivienda digna.
“Ha sido una violencia brutal contra los activistas y contra la propia Maricarmen”, ha denunciado. Belarra también ha reclamado que el PSOE y el PP dejen de intercambiar reproches mientras las distintas administraciones eluden sus responsabilidades.
Podemos exige recuperar mediante decreto la prohibición de desahuciar a personas vulnerables y aplicar una rebaja inmediata de los alquileres. La formación defiende que el Consejo de Ministros apruebe la protección aunque todavía carezca de una mayoría garantizada en el Congreso y que, si el texto vuelve a decaer, el Ejecutivo lo renueve mensualmente hasta encontrar una solución estable.
La propuesta amplía la presión sobre el ala socialista del Gobierno, que ha pospuesto el nuevo decreto de vivienda ante las dificultades para obtener el respaldo de Junts y Podemos. Belarra ha dejado claro que sus cuatro diputados rechazarán cualquier texto que incluya nuevos beneficios fiscales para los propietarios como moneda de cambio para convencer a la derecha catalana.
Mientras esa negociación continúa bloqueada, Maricarmen ya ha perdido su casa. Ha salido en camilla, camino del hospital, después de siete años de procedimientos judiciales y cuatro intentos de desahucio. Irene Montero ha permanecido al otro lado del cordón señalando a quienes permitieron llegar hasta allí. “Hoy toca cuidar a Maricarmen; mañana, que ninguno de los responsables quede en la impunidad”.
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