Sumar ha decidido votar en contra del decreto que regula por primera vez en España la actividad de los grupos de interés ante la Administración General del Estado. El socio minoritario del Gobierno ha descartado finalmente la abstención y deja al PSOE sin los apoyos necesarios para salvar una de sus principales medidas de transparencia.
La decisión coloca a Sumar en el mismo sentido de voto que el Partido Popular, Junts y la ultraderecha Vox, aunque las cuatro formaciones llegan al rechazo por motivos diferentes. La aritmética parlamentaria convierte la convalidación en prácticamente imposible y abre otro enfrentamiento dentro de la coalición después de varias semanas de discrepancias públicas.
El Real Decreto-ley 21/2026 fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 25 de agosto y entró en vigor dos días después. Como cualquier decreto ley, necesita el respaldo del Congreso antes de que transcurran 30 días. Si la Cámara confirma el rechazo, la norma perderá su vigencia y el Gobierno tendrá que recuperar la vía parlamentaria para intentar sacar adelante la regulación.
Sumar denuncia que perjudica a los sindicatos
El origen del choque está en la amplia definición de grupo de interés incluida en el texto. La norma considera como tal a cualquier persona, empresa, asociación, plataforma o red que trate de influir sobre cargos y empleados públicos. Los sindicatos han quedado dentro de ese marco porque el decreto únicamente excluye de manera expresa a las administraciones, los partidos políticos, las autoridades extranjeras y determinadas corporaciones de derecho público.
Sumar considera que esta redacción equipara la negociación colectiva y el diálogo social con la actividad ordinaria de los grupos de presión. Fuentes de la formación califican la situación de "una locura" y acusan al PSOE y al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de haber evitado una negociación real antes de llevar la norma al pleno.
Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) también habían solicitado la retirada del decreto. En un comunicado conjunto, los sindicatos lo definieron como un "despropósito" y advirtieron de que su contenido ignora las funciones que les atribuyen los artículos 7 y 28 de la Constitución, además del derecho a la negociación colectiva reconocido en el artículo 37.
El ministro Óscar López ha negado que el diálogo social vaya a quedar sometido a las obligaciones de los 'lobbies'. Su departamento ofreció aclarar mediante un posterior desarrollo reglamentario que las reuniones entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal permanecerían fuera del registro. Sumar considera insuficiente esa promesa y reclama que la excepción aparezca recogida directamente en una norma con rango de ley.
El rechazo también sirve al socio minoritario para expresar su malestar con la forma de trabajar del ala socialista del Ejecutivo. La formación sostiene que recibió un texto cerrado y critica que el PSOE solo haya buscado acuerdos cuando la votación ya estaba perdida.
Un registro público que ya estaba funcionando
El decreto creó un registro estatal, público y obligatorio gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Las empresas, asociaciones y plataformas inscritas debían informar sobre su identidad, financiación, representantes, objetivos y reuniones mantenidas con altos cargos o empleados públicos.
La norma también obligaba a publicar una huella normativa con las aportaciones realizadas por cada grupo de interés y los cambios introducidos en leyes o reglamentos como consecuencia de esas gestiones. Los antiguos altos cargos tenían prohibido trabajar durante dos años para entidades que intentaran influir en materias relacionadas con sus anteriores competencias.
El régimen sancionador contemplaba multas de hasta 40.000 euros, la expulsión del registro y la prohibición de volver a inscribirse durante cinco años. Entre las infracciones más graves figuraban ofrecer favores, aportar información falsa, presionar a un responsable público para que incumpliera la ley o ejercer actividades de influencia sin estar registrado.
El sistema había comenzado a funcionar antes de la votación. El Consejo de Transparencia ha recibido más de 250 solicitudes de inscripción desde la apertura del procedimiento. Su continuidad queda ahora pendiente de una convalidación para la que el Ejecutivo ha perdido a uno de sus dos socios.
El Gobierno también había vinculado la norma con el cumplimiento del hito europeo CID 432 del Plan de Recuperación, que exige una regulación con rango de ley sobre las relaciones entre los grupos de interés y el sector público. El PSOE ha advertido de que su caída podría complicar la llegada de fondos comunitarios asociados a ese compromiso.
El PP defiende que España necesita una ley de 'lobbies', pero rechaza la utilización del decreto ley después de lo que califica como "572 días de dejadez". Su portavoz, Edurne Uriarte, ha pedido retomar el proyecto enviado al Congreso en 2025 y ha criticado la duplicación de registros estatales y autonómicos.
Junts ha denunciado que el Gobierno no incorporó sus enmiendas y considera que el texto beneficia a las grandes empresas frente a las pequeñas organizaciones y los ciudadanos. Vox ha presentado el recurso al decreto como un intento de actuar "a espaldas del Parlamento".
Óscar López ha acusado al PP y a Vox de proteger "el modelo de negocio de Montoro y Asociados", en referencia al despacho vinculado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, investigado por su presunta actividad de influencia en favor de varias compañías. Su ofensiva contra las derechas convive, sin embargo, con el rechazo de Sumar y de los dos principales sindicatos del país.
El nuevo choque llega después de que el PSOE se abstuviera ante la propuesta de Sumar para limitar la compra de viviendas por parte de empresas y fondos de inversión. El desacuerdo sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat ha añadido otra disputa esta misma semana. Tras la caída del decreto de 'lobbies', la regulación deberá volver al proyecto de ley paralizado en el Congreso y comenzar otra negociación desde el principio.
Añadir ElConstitucional.es como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado de todas las noticias de última hora y con la mejor información. Contra la desinformación, por la democracia y los derechos sociales.
