La ultraderecha Vox quiere aprovechar la negociación con el PP para asegurarse un grupo parlamentario propio en el Senado y ganar protagonismo en Cataluña. Son las dos principales condiciones que los de Santiago Abascal han puesto sobre la mesa para retirar candidaturas en provincias donde apenas tienen posibilidades de conseguir representación y facilitar así la concentración del voto de la derecha.
La formación ultra busca una compensación por apartarse de unas elecciones en las que no obtuvo ningún senador por elección directa en julio de 2023. El acuerdo permitiría a los populares competir con más fuerza frente a las candidaturas conjuntas del PSOE y sus socios de izquierda, mientras Vox aspira a salir del Grupo Mixto y obtener más autonomía política, financiación y personal.
Alberto Núñez Feijóo ha confirmado este viernes en la 'Cadena SER' que habló con Abascal el pasado miércoles y que existen conversaciones. También ha señalado que la posibilidad de que el PP renunciara a presentarse en alguna provincia ha estado sobre la mesa, aunque ha calificado de desactualizada la información sobre una retirada en dos circunscripciones. "No hay nada cerrado", ha insistido, a tres días de que termine el plazo para presentar las candidaturas del 29 de noviembre.
El sistema electoral explica el interés de ambos partidos. En las circunscripciones provinciales peninsulares se eligen cuatro senadores y cada elector puede marcar hasta tres candidatos, incluso de formaciones diferentes. La concentración del voto suele favorecer que la opción más apoyada consiga tres escaños y la segunda, uno. Una retirada de Vox podría beneficiar al PP en provincias disputadas con la izquierda, pero los ultras quieren convertir esa ayuda en más poder institucional para su partido.
El grupo propio daría a Vox más dinero y autonomía con ayuda del PP
El reglamento exige diez senadores para constituir un grupo parlamentario, aunque permite conservarlo durante la legislatura mientras mantenga al menos seis. Esa diferencia abre la puerta a una cesión temporal de representantes populares para que Vox alcance el mínimo inicial y pueda continuar después con menos integrantes.
Los de Abascal cuentan ahora con tres senadores de designación autonómica, dos por Andalucía y uno por Extremadura, tras el cese de los representantes de Aragón y la Comunitat Valenciana al disolverse la Cámara. Si recuperaran esos dos puestos y añadieran otro, alcanzarían seis, que podrían completar inicialmente con cuatro senadores prestados por el PP. Es una de las fórmulas de la negociación, pendiente todavía de un acuerdo y de su posterior tramitación parlamentaria.
La ganancia económica sería concreta. Según las cuantías publicadas por el Senado para esta legislatura, cada grupo recibe una parte fija de 15.732 euros mensuales y otra de 1.966,50 euros por senador. Un grupo de seis integrantes dispone de 27.531 euros al mes, equivalentes a 330.372 euros al año. La ultraderecha Vox tendría así una estructura propia para gestionar sus recursos y defender sus posiciones, sin compartir la organización del Mixto con otras fuerzas.
El pacto también afecta al equilibrio institucional. Alcanzar tres quintos del Senado permitiría al bloque de PP y Vox aprobar las propuestas de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional sin necesitar los votos del PSOE, siempre dentro del procedimiento legal de elección. La Constitución reserva a la Cámara Alta esa propuesta y exige esa mayoría cualificada. La negociación sobre las listas puede condicionar, por tanto, decisiones que van más allá del reparto inmediato de escaños.
Cataluña y Ceuta complican el reparto que reclama Abascal
La exigencia territorial resulta más difícil para el PP. Vox quiere que las renuncias sean recíprocas y que los 'populares' le dejen protagonismo donde considera que puede competir mejor. Cataluña concentra esa disputa. Las cuatro provincias catalanas son las circunscripciones en las que el PP nunca ha obtenido un senador por elección directa. Girona figura entre los escenarios de una posible retirada popular, aunque sigue siendo una hipótesis y las opciones de conseguir escaño son reducidas para ambos partidos.
Ceder Barcelona tendría un coste político mayor para Feijóo, que acaba de situar a Xavier García Albiol al frente de su candidatura al Congreso por esa provincia. PP y Vox compiten también por la primacía de la derecha en Cataluña, donde los ultras superaron a los populares en las autonómicas de 2021, con once diputados frente a tres, y el PP les adelantó en 2024, con quince frente a once. La ausencia de Aliança Catalana en las generales añade una disputa por parte de su electorado, sin que ese voto pueda darse por transferido automáticamente a ninguna formación.
El cálculo cambia en Murcia y Almería. Si el PP quedara primero y Vox segundo, como apuntan los escenarios que manejan en la negociación, ambos podrían repartirse los cuatro senadores sin retirar sus candidaturas, con tres para los populares y uno para los ultras. Ceuta presenta otra dificultad, porque el PP obtuvo allí los dos escaños en 2023 y una eventual cesión a Vox supondría renunciar a una posición que ya controla. Los de Abascal sí consiguieron un senador ceutí en noviembre de 2019.
Abascal quiere reforzar su presencia en Ceuta y ha colocado al dirigente local Juan Sergio Redondo como número tres de la lista al Congreso por Madrid. La presión de Vox sobre Juan Jesús Vivas incluye que rompa cualquier entendimiento con el PSOE y pacte con la ultraderecha, pese al temor del presidente ceutí por las consecuencias para la convivencia. La relación arrastra el enfrentamiento de 2021, cuando la abstención del PP permitió que la Asamblea declarara a Abascal persona non grata tras la crisis fronteriza de aquel año.
