El Partido Popular ha elegido el día en que la Verja de Gibraltar ha comenzado a desaparecer para lanzar una ofensiva contra el acuerdo que permite abrir la frontera. Mientras vecinos y trabajadores cruzaban por primera vez sin enseñar el pasaporte, Génova ha calificado el tratado de "gran oportunidad perdida" y su aplicación provisional de "fraude".
La posición de los populares choca con la celebración vivida desde la medianoche en La Línea de la Concepción y Gibraltar. El tratado firmado por la Unión Europea y Reino Unido entró en vigor provisionalmente este miércoles después de cinco años de negociaciones y puso fin a los controles rutinarios en el paso terrestre.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asistido a la retirada de una de las puertas de la frontera junto al ministro de Exteriores, José Manuel Albares; el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo; y los alcaldes del Campo de Gibraltar. "Hoy cae el último muro de la Europa continental", ha proclamado antes de defender que el acuerdo cierra una "herida de tres siglos" y abre una etapa de oportunidades para toda la comarca.
El PP habla de una "doble trampa"
La dirección de Alberto Núñez Feijóo sostiene que el tratado debía haber sido debatido y votado en las Cortes al afectar a materias recogidas en el artículo 94.1 de la Constitución. Según su interpretación, el Gobierno ha utilizado una "doble trampa" para evitar el control parlamentario.
Génova acusa a Sánchez de haber dejado formalmente a España fuera de un acuerdo firmado entre la Unión Europea y Reino Unido. También reprocha al Ejecutivo que aceptara su consideración como tratado exclusivo de la UE, en lugar de defender que se tramitara como un acuerdo mixto con competencias nacionales y europeas.
"Lo que afecta a los españoles lo deben decidir los españoles", sostienen fuentes populares, que consideran que la aplicación provisional se ha iniciado sin el aval de las Cortes ni la aprobación definitiva del Parlamento Europeo.
La calificación de "fraude", sin embargo, pasa por alto el procedimiento seguido por las instituciones comunitarias. Los Estados miembros autorizaron la aplicación provisional desde el 15 de julio y el texto será sometido al consentimiento del Parlamento Europeo, cuya votación está prevista inicialmente para diciembre.
España tampoco ha permanecido al margen de la negociación política. El Gobierno participó junto a la Comisión Europea, Reino Unido y Gibraltar en los contactos desarrollados desde 2021. Albares estuvo presente en la firma del tratado y Moncloa sostiene que la reivindicación española sobre la soberanía del Peñón permanece intacta.
El PP discrepa de esta arquitectura jurídica y considera que España ha desaprovechado la posición negociadora que obtuvo tras el Brexit. A su juicio, Londres y Gibraltar reciben un trato más favorable que cuando Reino Unido formaba parte de la Unión Europea y el Gobierno ha renunciado a utilizar esa ventaja para avanzar en la disputa sobre la soberanía.
Una frontera abierta para 15.000 trabajadores
El principal cambio ha comenzado a notarse desde esta misma madrugada. Los controles de pasaportes desaparecen de la frontera terrestre y las barreras físicas serán retiradas de forma progresiva. La medida afecta especialmente a unos 15.000 trabajadores transfronterizos, más de la mitad de la fuerza laboral del Peñón y en su mayoría residentes en España.
Los controles Schengen se trasladan al aeropuerto y, cuando sea necesario, al puerto de Gibraltar. Allí actuarán primero las autoridades gibraltareñas y después los agentes españoles encargados de proteger la frontera exterior del espacio europeo. España tendrá además capacidad para intervenir en la aprobación y renovación de los permisos de residencia que permitan circular por Schengen.
El acuerdo protege las prestaciones por desempleo y contempla mecanismos para garantizar las pensiones de quienes han trabajado a ambos lados de la frontera. Sánchez ha asegurado que podrán complementarse hasta alcanzar los mínimos españoles y ha anunciado un fondo de cohesión destinado a corregir desequilibrios entre Gibraltar y los municipios de la comarca.
El PP cuestiona que esa "prosperidad compartida" tenga contenido suficiente y reclama mayor concreción sobre inversiones, pesca, medioambiente, pensiones y servicios financieros. Algunas de esas materias requerirán desarrollo durante los próximos meses, aunque el tratado ya establece el marco para la circulación de personas y mercancías, la cooperación laboral y la coordinación administrativa.
Fiscalidad, base militar y soberanía
Génova también sostiene que el acuerdo deja intactas las ventajas fiscales de Gibraltar y que carece de instrumentos para combatir su competencia tributaria. El texto, en cambio, incorpora compromisos en materia de fiscalidad, ayudas públicas, protección medioambiental y competencia económica.
El modelo aduanero permitirá eliminar los controles habituales sobre mercancías en la frontera terrestre. A cambio, Gibraltar deberá acercar determinados impuestos indirectos a los niveles europeos y la mayor parte de los productos destinados al Peñón serán despachados previamente por las aduanas de la Unión en España.
El PP pone igualmente el foco en la base militar británica y denuncia que sus efectivos quedarán exentos de los controles migratorios ordinarios. El tratado recoge un régimen específico para el personal militar y preserva el funcionamiento autónomo de las instalaciones del Reino Unido, uno de los puntos exigidos por Londres durante la negociación.
Esa protección tampoco modifica formalmente la posición española sobre la soberanía. El Gobierno presenta el acuerdo como una solución práctica para la vida diaria del Campo de Gibraltar, separada del contencioso histórico que Madrid y Londres mantienen abierto.
El contraste ha quedado expuesto este miércoles en la propia frontera. El Gobierno, los alcaldes de la comarca y las autoridades gibraltareñas han celebrado la desaparición de una barrera que condicionaba la vida de miles de personas. El PP ha respondido intentando desacreditar el acuerdo y todavía no ha aclarado qué posición defenderá cuando llegue la votación definitiva al Parlamento Europeo, prevista para diciembre.
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