Extremadura, Aragón, Castilla y León y, ahora, Andalucía. La ultraderecha Vox ha alcanzado este semana sus mayores cuotas de poder político, tras sus pactos autonómicos con el PP, y podrá poner en marcha su agenda revisionista con su polémica 'prioridad nacional', su apuesta por derogar leyes de memoria histórica, de recortar subvenciones a los sindicatos y ONGs, de tumbar las partidas contra el cambio climático y derogar ayudas a colectivos LGTBI.
Sin embargo, más allá de su hoja política, el partido que lidera Santiago Abascal va a disponer además de la mayor cantidad de dinero público en su historia. Con su entrada en el gobierno de la Junta de Andalucía, con su macroconsejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Pública, el ultra Manuel Gavira va a gestionar una partida presupuestaria de 1.200 millones de euros.
6.500 millones públicos
Sumados a las partidas que Vox ya maneja en Extremadura (1.400 millones), Aragón (1.500) y Castilla y León -a través de sus tres vicepresidencias y sus varias consejerías, los de Abascal van a disponer para su hoja de ruta de más de 6.500 millones de fondos públicos.
Cabe recordar que cuando comenzaron las negociaciones entre Vox y el PP, durante el bloqueo de la investidura de la extremeña María Guardiola, el portavoz nacional de la formación ultra, José Antonio Fúster, enfatizó cuales eran las exigencias de su partido; consejería con competencias importantes y "presupuesto suficiente para ejercerlas".
Otro dato de como Vox ha ganado "potencia de fuego inversora": cuando en 2024 Abascal ordenó a los suyos abandonar los gobiernos autonómicos, a los ultras esa decisión les costó 4.500 millones, 2.000 menos de los que disponen ahora. Dejaron de gestionar 1.600 millones en la Comunidad Valenciana, 1.273 en Castilla y León, 884 en Aragón, 321 en Extremadura y 305 en la Región de Murcia.
Experiencia y cualificación
Fuentes del PP consultadas por 'ElConstitucional.es' no ocultan su "'preocupación" por la gestión de las consejerías de Vox, y apelan a la experiencia anterior. Los ultras demostraron "improvisación, falta de rigor, inexperiencia y designación de altos cargos sin la cualificación necesaria", explican estas fuentes.
No fueron pocas las ocasiones, detallan, en que normas y sus memorias económicas correspondientes tuvieron que ser corregidas -en algunas ocasiones incluso tumbadas- por los servicios jurídicos y la Intervención de los respectivos gobiernos autonómicos.
El gran "agujero negro" que la 'prioridad nacional' provoca en términos jurídicos y constitucionales va a obligar de nuevo a esos mismos interventores a seguir el rastro de cada euro que la ultraderecha Vox vaya a invertir y gestionar. Y más aún con las recurrentes sospechas de la propia financiación del partido de Santiago Abascal y su polémica Fundación Disenso.
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