El Partido Popular ha elevado este viernes la presión sobre el Gobierno ante la ronda de comparecencias que llevará a ocho ministros al Congreso para explicar la gestión de la crisis migratoria de Ceuta. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, ha avisado de que su formación rechazará cualquier intento de ofrecer "medias verdades", presentar "excusas" o trasladar responsabilidades a otras administraciones. "La próxima semana empieza la hora de la verdad", ha advertido.
Fúnez ha reclamado explicaciones "con rotundidad y con claridad" sobre lo ocurrido durante la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio y sobre las decisiones adoptadas posteriormente por el Ejecutivo. El PP quiere conocer si el Centro Nacional de Inteligencia había avisado del riesgo de una llegada de estas dimensiones y, en ese caso, qué información recibió Moncloa y qué medidas puso en marcha para tratar de impedirla.
La dirigente popular ha vuelto a utilizar el término "invasión" y ha situado en más de 80.000 el número de personas que cruzaron la frontera. Esa palabra forma parte del marco político empleado por el PP y carece de una consideración jurídica equivalente. Tampoco existe un balance definitivo compartido sobre el volumen de entradas. Las cifras difundidas por las autoridades españolas y marroquíes han oscilado entre unas 72.000 y 40.000 personas, respectivamente.
No puede ser que Pedro Sánchez visite Ceuta durante hora y media, diga que la integridad territorial de España ha sido atacada y acto seguido se marche de vacaciones. pic.twitter.com/4gs4pDQgJG
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Ocho ministros ante el Congreso
La ronda parlamentaria comenzará el martes 25 de agosto con la ministra de Defensa, Margarita Robles. El jueves 27 comparecerán el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la ministra de Sanidad, Mónica García. Un día después será el turno de José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska y Elma Saiz. Sira Rego y Ana Redondo cerrarán las comparecencias el lunes 31.
El PP también llevará a la Diputación Permanente del miércoles su petición para que Pedro Sánchez comparezca ante el Pleno. Fúnez ha reprochado al presidente que permaneciera "una hora y media" en Ceuta, describiera lo ocurrido como un ataque contra la integridad territorial y retomara después sus vacaciones. "Tiene la obligación de dar la cara ante una de las situaciones más graves y uno de los problemas más críticos que ha vivido nuestro país en los últimos años", ha afirmado.
La vicesecretaria popular ha contrapuesto la actuación de Sánchez con el esfuerzo de policías, guardias civiles, militares, funcionarios judiciales y profesionales sanitarios. También ha acusado al Gobierno de haber dejado parte de la respuesta sobre los hombros de la Ciudad Autónoma, presidida por Juan Jesús Vivas, y de actuar mediante un "patrón" basado en llegar tarde y derivar las consecuencias hacia otras administraciones.
La crítica del PP coincide con varias medidas desplegadas durante los últimos días. Sánchez ha presidido dos reuniones telemáticas de coordinación, siete ministros se han desplazado a Ceuta y Elma Saiz permanece en la ciudad desde el lunes. El Gobierno ha habilitado cuatro emplazamientos temporales con 1.500 plazas iniciales, ha movilizado 6,5 millones de euros para la respuesta humanitaria y ha encargado a Ángel Víctor Torres coordinar el trabajo de cinco ministerios.
Bravo reclama acelerar los retornos
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha situado otro foco sobre las devoluciones a Marruecos. En una entrevista en 'Herrera en COPE', ha recordado que la Comisión Europea considera prioritario el retorno de quienes permanezcan irregularmente en Ceuta y que Rabat se ha mostrado dispuesto a colaborar en la identificación y repatriación de menores marroquíes.
Bravo ha reprochado al Gobierno que esas devoluciones todavía avancen lentamente. "Si la Unión Europea lo ha dicho, si Marruecos lo ha dicho y si Albares y Marlaska dijeron que se devolverían todos los que habían entrado, lo que sorprende es que no se esté produciendo", ha señalado. También ha cuestionado el traslado previsto de 500 niñas a la Península al considerar que "el interés superior del menor es estar con su familia".
La UE ha dado el visto bueno a deportar a los ilegales que entraron en Ceuta.
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Marruecos ha pedido que se repatríe a los menores marroquíes.
Albares y Marlaska dijeron que se devolvería a todos los que habían entrado.
¿Por qué no se está haciendo?
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El respaldo europeo a los retornos requiere una precisión jurídica. La Directiva europea de retorno permite devolver a personas en situación irregular, pero obliga a estudiar individualmente cada caso y a respetar las solicitudes de protección internacional. En los menores no acompañados exige comprobar previamente que serán entregados a su familia, a un tutor o a un sistema de acogida adecuado. El artículo 35 de la Ley de Extranjería incorpora garantías similares. El pronunciamiento de Bruselas ampara el procedimiento legal de retorno, pero no una expulsión colectiva o inmediata de todos los menores.
El PP también denuncia la falta de un recuento actualizado de las personas que siguen en la ciudad. Bravo calcula que quedan entre 10.000 y 12.000, aunque ha mencionado estimaciones de hasta 20.000. El Gobierno situó días atrás esa cantidad alrededor de 5.000 mientras continuaban las tareas de identificación. La distancia entre las cifras refuerza la exigencia de un balance oficial único, una de las cuestiones que los populares llevarán a las comparecencias.
Junto a las críticas, Bravo ha reivindicado el Plan de Reactivación para Ceuta y Melilla presentado por Alberto Núñez Feijóo y dotado con 650 millones de euros para seis años. La propuesta incluye mejoras en la frontera, la renovación de la Comisaría de Policía y la Comandancia de la Guardia Civil, medidas de vivienda y bonificaciones de hasta el 75% en las cotizaciones de determinados sectores. El PP sostiene que el Gobierno todavía no se ha puesto en contacto con Génova para estudiar ese paquete económico.
Margarita Robles será la primera integrante del Ejecutivo que tendrá que responder el martes. Después llegarán las preguntas sobre los avisos del CNI, los datos de personas identificadas, el calendario de retornos, la protección de los menores y las medidas adoptadas por cada ministerio. El PP ha anunciado que volverá a exigir en todas esas sesiones que Pedro Sánchez comparezca personalmente ante el Congreso.
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